Redacción DHSF
Efectivos de la Policía Nacional del Perú intervinieron a un grupo de dirigentes de la provincia de Espinar que estaba reunido para tratar, una vez más, la entrega del bono solidario de S/ 1000 a favor de la población que atraviesa una aguda crisis económica por efecto de la cuarentena nacional por el COVID-19.
El hecho ocurrió ayer a las 11:00 de la mañana cuando los representantes del Frente Único de Defensa de los Intereses de las bases distritales de Pallpata, Coporaque y Espinar, Comité de Lucha Provincial, Rondas Campesinas, Sindicato de Construcción Civil, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación de Espinar, Sindicato de Comerciantes, Asociación de Restaurantes y otras organizaciones esperaban al equipo técnico de la Municipalidad Provincial de Espinar en el local de la Federación Unificada de Campesinos de la Provincia de Espinar (FUCAE). Aproximadamente había 15 personas.
La asamblea multiorganizacional tenía por agenda una exposición del equipo técnico de la municipalidad en relación al proyecto “Mejoramiento del servicio de capacidades socioeconómicas para la reactivación económica familiar”, el cual sustenta técnicamente el subsidio económico con un presupuesto total de 50 millones de soles proveniente de los aportes del Convenio Marco Espinar del Convenio Marco de Espinar.
Los dirigentes estaban cumpliendo con los protocolos de seguridad para evitar posibles contagios de COVID-19 como el uso de las mascarillas y la distancia social de más de un metro entre personas.
Apenas llegaron los funcionarios de la municipalidad, aparecieron 3 agentes policiales a la reunión. Ellos manifestaron que están prohibidas las reuniones durante el Estado de Emergencia, luego cerraron la puerta del local y amedrentaron a los dirigentes indicándoles de no grabar la intervención, de lo contrario serían conducidos a la dependencia policial para ser procesados y multados por infracción.
Minutos después, los efectivos llamaron a la comisaría para pedir un contingente policial de refuerzo, el cual se hizo presente con un aproximado de 30 policías que rodearon las calles adyacentes por más de 30 minutos. También llegó el jefe militar de la zona y el comisario de Espinar. Este último ratificó que no se pueden realizar reuniones por el Estado de Emergencia y exhortó a los dirigentes a utilizar herramientas tecnológicas para reunirse de forma virtual. Después, el grupo de dirigentes fue dejado en libertad.
El presidente del Comité de Lucha Provincial de Espinar, Rolando Condori, consideró la intervención como una intimidación y a la vez advirtió de un posible seguimiento a los dirigentes que están a favor del bono solidario y critican la posición de la empresa minera Antapaccay. “La empresa minera creo que ya activó el protocolo para que el pueblo no se organice, pero yo estoy viendo que la población ya está por rebalsar (su indignación) y (eso) es algo que no se puede controlar”, declaró.
Rolando Condori enfatizó que continuarán realizando acciones sociales en protesta contra la minera, la cual todavía no desembolsa los S/ 50 millones de soles que se necesitan para entregar el bono económico en la provincia de Espinar.
Finalmente, expresó su indignación por el desinterés de las autoridades competentes frente a las protestas y cacerolazos en la provincia debido a la postura en contra del bono por parte de la empresa Antapaccay. Esta situación podría convertirse en un conflicto social si no se soluciona cuanto antes, mencionó. “El pueblo lo que está haciendo solamente es tratar de reunirse y coordinar unas acciones, pero la Defensoría del Pueblo, la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) no están haciendo nada para que no rebase el pueblo en una acción social. La población se siente sin autoridades… el Gobierno Regional (de Cusco) y la Policía Nacional (del Perú) no intercede para que esto pueda llegar a un buen puerto y por eso nosotros estamos cansados”, concluyó el dirigente.
Vale precisar que, en el local de la FUCAE, los dirigentes retenidos por la PNP intentaron comunicarse con la Defensoría del Pueblo de la sede Cusco, pero no logrando obtener respuesta en ninguno de los teléfonos y celulares de los funcionarios.
