Tía María: estrategias estatales y empresariales para imponer la inversión minera

Foto: Alberto Ñiquén

Por Soc. José Antonio Lapa Romero – Área de Incidencia DHSF

El Gobierno acaba de ampliar la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía en el puerto de Matarani, dado su carácter de Activo Críticos Nacional, por lo que ya están más de 7 meses; se mantiene la presencia de 150 policías en “apoyo a las comisarias del Valle” luego de haber permanecido 950 hasta enero; y se criminaliza a decenas de dirigentes/as y ciudadanos/as del Valle de Tambo. Southern anunció que el 2020 iniciaría la construcción de la carretera y el ferrocarril para el ingreso de ácido sulfúrico para el proyecto Tía María no obstante su compromiso de no iniciar la construcción hasta que tuviera licencia social; viene extendiéndose la fragmentación social y clientelismo minero en la búsqueda permanente de tener aliados y legitimidad hasta ahora inventada por la empresa.

  1. Represión, coerción e inversión estatal a favor de Southern

Más allá que en enero Vizcarra anunciara que no hay condiciones para que en su Gobierno vaya el proyecto Tía María que generó reacciones cuasi “naturales” en el empresariado peruano de rabieta y ataque al gobierno por su no apuesta por la “inversión privada” que trae “desarrollo”; después de la licencia de construcción por parte del MINEM, institucionalidad históricamente promotora de la inversión y los intereses mineros, el Estado ha desplegado tres estrategias para darle una ayudadita a Southern y mostrarnos una vez más su constitución como Estado capitalista.

La primera estrategia es la represión y coerción relacionada a la acción del aparato coercitivo del Estado para garantizar los intereses del capital minero. En efecto, luego del reinicio de las movilizaciones por parte de la población del Valle de Tambo en julio del 2019 el Estado desplazó a aproximadamente 950[1] efectivos policiales hacía en Valle de Tambo que mantuvieron permanentes enfrentamiento con la población, y que envolvió en situaciones de violencia, agresiones, heridos, detenciones y denuncias a ciudadanos y ciudadanas. No obstante que con el paso de las semanas fue desescalando el conflicto por la misma situación de violencia, desgaste en el movimiento social, tensiones internas y la presión que generaba la campaña agrícola dentro del sector agrario;  la IX Macro Región Policial mantuvo hasta enero del 2020, “950 policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima y de la Unidad se Servicios Especiales (USE) de Arequipa, en el Valle de Tambo sólo permanece un grupo de 150 policías, los mismos que están apoyando en las comisarías distritales en grupos de 10”[2].

Dado que en el desarrollo del conflicto, la movilización y los enfrentamientos se trasladaron a Mollendo y Matarani, los puertos de dichas ciudades fueron (y continúan estando) militarizados, dado su condición de “Activos Críticos Nacionales” –mecanismo peligroso para cualquier país que quiere llamarse democrático dado su expresión autoritaria- por más de 7 meses (desde Agosto del 2019 hasta febrero de 2020), en “apoyo” a la Policía en el puerto de Matarani, dado que según los informes de la Policía los “opositores al proyecto minero Tía María continúan las coordinaciones y acciones de convocatoria, agitación popular a nivel local, regional y nacional, a través de redes sociales y medios de comunicación, acciones de protesta y de inminente violencia que cuentan con una proyección de mantenerse por más tiempo, estando latentes los bloqueos de vías, paralización del tránsito de vehículos de transporte de carga y pasajeros, así como el bloqueo y afectación de las instalaciones del Terminal Portuario Matarani, Activo Crítico Nacional que constituye un eje importante de desarrollo económico de la región sur”[3]. Si bien el informe, más de su capacidad de imaginación, menciona lo estratégico del puerto, muestra a un Estado que ha constituido (y viene constituyendo) estructuras coercitivas que garantizar los intereses empresariales privados en un escenario de permanentes conflictos.

La segunda estrategia es la de inversión estatal para garantizar la inversión minera. Esta estrategia dentro de la institucionalidad proempresarial del Minen ya estaba instalado a través del Fondo de Adelanto Social y otros mecanismos, sin embargo con las declaraciones del exministro Juan Carlos Liu se muestra el claro objetivo político del Estado de garantizar la inversión minera dado que se pone a disposición de los intereses empresariales recursos estatales para disque “cerrar brechas” y darle una ayudadita al capital minero para generar mejores condiciones para la inversión: “el Ministerio se va a hacer presente en el Valle de Tambo para ‘cerrar brechas’. Eso nos da 5 años para fomentar el diálogo y alejar preocupaciones”[4]. Es decir, si bien el gobierno ha dicho que no hay condiciones para el proyecto porque en pura lógica de cálculo político asumirlo implicaría asumir altos costos políticos y sociales, lo cierto es que el Estado sigue apostando por la inversión minera dado que va a ayudar a Southern a crear las condiciones para el proyecto con lo de cierre de brechas, entrando a una lógica de negacionismo estatal de la violencia, afectaciones a derechos y fallecidos que ha dejado y viene dejando diez años de violencia de una empresa (y el Estado) sobre los ciudadanos y ciudadanas del Valle de Tambo.

Mientras que la tercera estrategia es la criminalización de líderes/as, dirigentes/as y ciudadanos/as del Valle de Tambo. Esta estrategia ha sido empleada por parte de los aparatos legales del Estado en los momentos de conflictos en estos diez años de violencia estatal envolviendo en procesos legales a cientos de líderes, dirigentes y ciudadanos. Así, por ejemplo, se acaba de reiniciar el juicio a “16 dirigentes por el conflicto del 2015 acusándolos de asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios en agravio del Estado y extorción agravada en grado de tentativa en perjuicio de la empresa Southern”[5]. La eficacia de esta estrategia se puede observar en sus efectos dado que su principal objetivo es la desestructuración del movimiento social, generar miedo y disciplinar la actuación de los líderes/as, dirigentes/as y ciudadanos/as.

  1. Presión política, fragmentación social y clientelismo minero empresarial 

Southen ha desplegado tres estrategias para avanzar en el desarrollo de su proyecto minero pos licencia de construcción. La primera estrategia está relacionado a la permanente presión política empresarial y gremial sobre el gobierno y cuasi chantaje económico al hacer propaganda y lobby sobre que el proyecto Tía María viabilizaría U$ 8,000 mil millones de inversión[6]. Aunque se le ratificó su licencia Southern no se salvó del efecto económico de la caída de sus acciones en 18 %[7], siendo claro que su insistencia en el proyecto Tía María tiene millones de verdes razones ya invertidos.

La segunda estrategia es extender y profundizar la fragmentación social. Así, Southern ha iniciado inversiones en pequeña infraestructura (Paraderos, defensas ribereñas, etc.) donde tiene pequeños aliados que tiene el objetivo político de construir legitimidad y el efecto político de fragmentar entre quienes se sienten “beneficiados” por los empleos que genera y los que quieren vivir de la agricultura.

Mientras que la tercera estrategia está relacionada al clientelismo y paternalismo minero a través de su brazo de relaciones comunitarias Valle Unido. Esta estrategia tiene como objetivo nconstruir legitimidad. Así, la empresa continúa buscando clientes a quienes brindar asistencia social, capacitación sobre fierrería, soldadura y otros con el claro objetivo político construir una legitimidad hasta ahora negada y permanentemente inventada por parte de Southern.


[1] Que han ocasiona un gasto del Estado de un aproximado de 200,000 mil soles diarios, unos 210 soles por policía por día, y unos más de 36 millones de soles durante su permanencia de 7 meses en el Valle de Tambo. En: La Republica. Arequipa: Redistribuyeron a 950 policías destacados a valle de Tambo. 14 de enero de 2010 <https://larepublica.pe/sociedad/2020/01/14/arequipa-redistribuyeron-a-950-policias-destacados-a-valle-de-tambo-lrsd/>

[2] CORREO. Amplían presencia de fuerzas armadas en puerto de Matarani. 28 de febrero de 2020. Consulta: 2 de marzo de 2020 <https://diariocorreo.pe/edicion/arequipa/amplian-presencia-de-fuerzas-armadas-en-puerto-de-matarani-933528/>

[3] Resolución Suprema N° N° 019-2020-IN. Prorrogan intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en el Terminal Portuario Matarani, ubicado en el departamento de Arequipa. 28 de febrero de 2010. Consulta: 2 de marzo de 2020 <https://busquedas.elperuano.pe/download/url/ prorrogan-intervencion-de-las-fuerzas-armadas-en-apoyo-a-la-resolucion-suprema-n-019-2020-in-1860058-5>

[4] Rumbo Minero. Proyecto minero Tía María iniciaría operaciones en el 2024. 17 de enero de 2010. Consulta: 2 de marzo de 2020 <https://www.rumbominero.com/noticias/mineria/proyecto-minero-tia-maria-iniciaria-operaciones-en-el-2024/>

[5] LA REPÚBLICA. Tía María: Inició juicio oral contra 16 dirigentes de valle de Tambo por disturbios. 3 de marzo de 2020 <https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/03/tia-maria-inicio-juicio-oral-contra-16-dirigentes-de-valle-de-tambo-por-disturbios-southern-lrsd/>

[6] PERÚ 21. Southern: Tía María viabilizará proyectos de inversión por US$8,000 millones. 6 de junio de 2019. Consulta: 2 de marzo de 2020 <https://peru21.pe/economia/southern-tia-maria-viabilizara-proyectos-inversion-us-8-000-millones-nndc-482908-noticia/?ref=p2 1r>

[7] GESTIÓN. Acción de Southern cae 18% desde que obtuvo licencia para Tía María. 13 de agosto de 2019. Consulta: 2 de marzo de 2020 <https://gestion.pe/economia/empresas/accion-de-southern-cae-18-desde-que-obtuvo-licencia-para-tia-maria-noticia/>

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