Cerca de 40 años de convivencia de la actividad minera en Espinar, Cusco, vienen ocasionando un grave impacto en las poblaciones originarias (población K’ana) que viven cerca de la mina, como la pérdida de sus territorios y la pérdida de sus usos y costumbres. La ampliación y crecimiento de la actividad minera viene ocupando territorios comunales que se han ido fragmentando por la venta individual de las tierras, hecho que se agudiza debido a la ampliación del proyecto Coroccohuayco, que involucra directamente a 3 comunidades andinas quechua hablantes, sin que se hayan esclarecido las causas de la contaminación en la zona y sin que se haya dado un proceso de consulta previa libre e informada en las comunidades afectadas por este nuevo proyecto.
En Espinar son 13 las comunidades que viven alrededor de la zona minera y durante años han visto sus derechos vulnerados. ¿A qué derechos nos referimos? Al derecho a beber agua no contaminada, es decir su derecho a la salud: recordemos que dos estudios de CENSOPAS (MINSA) y un estudio de Amnistía Internacional recogen el mismo resultado: personas con metales pesados en la sangre, metales ingeridos a través del agua (cadmio, arsénico, manganeso, mercurio y plomo).
Pero también hablamos del derecho de las 13 comunidades espinarenses a conservar su cultura, en estos territorios también se vulnera este derecho cuando la empresa minera Glencore compra individualmente las hectáreas a los pobladores sin respetar el proceso establecido internamente por las propias comunidades. Recordemos que estas son comunidades ancestrales (reconocidas como tales por el Ministerio de Cultura) y su forma de vida se basa en su relación con la tierra. En Espinar ha habido demasiados Estados de Emergencia, y la población sigue sin poder vivir en un ambiente saludable, es la realidad.
Ceferino Kanna Achiri, es miembro de la Comunidad Huisa y su salud como la de su familia (esposa y dos hijos) se han visto afectadas por la presencia de metales pesados en sus cuerpos. “Mis hijos están contaminados, tienen cuatro veces más arsénico, plomo, cadmio y mercurio. A mi esposa y a mí nos ha afectado los riñones, siempre estamos sufriendo de dolor de cabeza, eso es nuestra preocupación”. Ceferino también lamenta que todos los caminos ancestrales que han tenido se hayan cerrado: “Antes las comunidades vivíamos en armonía, la empresa compró mitad de la comunidad y nos separó, nos aisló”. Lo que más lamenta es que las visitas que se hacían unas comunidades a otras, en la zona de influencia de la minera, se han roto. “Cuando vino la empresa minera, las personas han cambiado” dice, refiriéndose al poder del dinero, pues se ha logrado convencer a algunos pobladores a que vendan su propiedad. De pronto, en medio de la comunidad algunas hectáreas comienzan a pertenecer a Glencore que de inmediato toma posesión, y lógicamente cerró el paso y, según cuenta Ceferino, “mallaron” la zona y ni siquiera pueden llegar a su capilla o a su cementerio. “Todo la cuenca de Cañipía estamos contaminados con metales pesados”, finaliza.
Esmeralda Larota Umasi, pertenece a la Organización de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K’ana, tiene 36 años y sufre los efectos de la contaminación en su cuerpo, ella vive con sus padres en Huancané Bajo, ellos también tienen metales tóxicos en sus cuerpos. “Me duele ver a mi familia que también se queja del dolor y nadie los atiende, tengo a mi padre enfermo y también a mi madre”. Y es que en su comunidad, que es una de las zonas más golpeadas por la contaminación, no hay hasta la fecha un programa de salud integral que brinde a la población tratamiento médico, y así brindarles una mejor calidad de vida.
“Exijo que sean conscientes y que nos atiendan a todas las personas que tienen metales en el cuerpo, no contamos ni con agua limpia, tenemos que seguir tomando esa misma agua, aun sabiendo que está contaminada”, dice cansada, pero sin rendirse. Esmeralda viajó a la Unión Europea para contarle a los parlamentarios europeos cuál es la realidad de las personas que viven en torno a la actividad minera, que han visto vulnerado sus derechos humanos tan básicos como el derecho al agua, a la salud y a un ambiente sano; Esmeralda ha llevado las voces de los afectados por metales pesados de Espinar a fin de sensibilizar y concientizar a los parlamentarios europeos para que voten a favor de la Ley de Debida Diligencia en la Unión Europea, que podría cambiar la situación de impunidad en la que viven.
“Nosotros defendemos a la vida, a la salud, al derecho de las comunidades originarias, nosotros desde nuestros abuelos hemos vivido en esta comunidad, hemos vivido cultivando, sembrando, cosechando nuestras chacras, criando nuestros ganados. De nuestros ganados y chacras vivíamos, antes era sostenible, hoy en día estamos con metales pesados en nuestra sangre y eso está deteriorando día tras día nuestra salud. No nos hacen caso ni el Estado, ni la empresa, yo quisiera que sean responsables y que sean más humanos, nosotros también somos seres humanos, tenemos derecho de vivir sano”, se lamenta.
Agripina Magaño Cuti es una mujer indígena de 71 años, originaria de Ayllu Huisa, ella vive en el sector Ccatautaña y añora las épocas en que, como ella dice, “vivía tranquila”, “tenía 25 vacas, 25 llamas y 70 ovejas y con todo eso trabajaba”, nos cuenta que se compró su terreno y se construyó su casa, dice que el agua “era cristalina” y que desparasitaba a sus a animales sólo dos veces al año. “Criar animales nos daba prosperidad” añade, mientras relata que con estos mismos animales podía transitar entre comunidades para vender sus productos y a la vez comprar otros que necesitaba. Agripina recuerda emocionada que cultivaba quinua, papa, y cañihua. Hoy en cambio la humareda y el polvo de la mina que produce contaminación ambiental han terminado con su prosperidad, pues la faja transportadora de minerales de la empresa Glencore se encuentra a solo 400 metros de su casa, de su campo, donde cultiva hasta ahora para autoconsumo.
Ella es una mujer de la tercera edad que ama su tierra, “estoy trabajando de forma artesanal con la chaquitaclla, con pico y pala”, ya no hay Ayni, o reciprocidad, ya no hay nada. Para ella hay un responsable: “desde que llegó la mina y se realizó la construcción de Antapaccay en esta cima, toda la producción ha disminuido”. Agripina quiere dialogar con la empresa, asegura, pero no encuentra respuestas; sus cuatro hijos han nacido en Ccatautaña, y cuando se muera, dice, espera que la empresa responda ante ellos y sus nietos. Su carga, son además, los metales pesados en su cuerpo; en el 2013 le dieron sus resultados en un sobre sin que nadie le explicara que tenía arsénico, cadmio, plomo y mercurio, lamentablemente como los demás afectados no cuenta con atención médica.
Esta es la realidad de las comunidades originarias de Espinar, y ciertamente, no son anti mineras, pero si consideran que se ha cometido una gran injusticia con ellas, sobre todo por el abandono y la inconstancia de Estado Peruano, ante lo cual sólo les ha quedado enfrentarse a la empresa minera, en muchos casos.
Así, la campaña Espinar no puede esperar busca justicia para la población. En ese marco pretende incidir en que la propuesta de ley de debida diligencia de la Unión Europea incluya cláusulas de garantías para los derechos de la población en los entornos en donde se realiza la inversión europea. La campaña busca que se dé, con transparencia y rigor científico, con las causas de la contaminación y los daños a la salud humana, que se asegure acceso a agua limpia y a servicios especializados de salud con enfoque de género y pertenencia cultural para toda la población. Así mismo, busca que se definan mecanismos vinculantes para el cumplimiento del marco internacional de derechos humanos, como la realización de consultas previas, libres e informadas, con estándares internacionales, respetando el convenio 169 de la OIT y la declaración universal de Naciones Unidas sobre los derechos de la población indígena, en el marco de la responsabilidad extraterritorial de las empresas con capitales en la Unión Europea o que facturen en ella, como es el caso de la suiza Glencore, mina que opera en Espinar desde hace nueve años.
Cabe señalar, que la campaña Espinar no puede esperar está impulsada por tres redes europeas: Red UE-LAT, CIDSE y PEP, que agrupan a más de 60 organizaciones de solidaridad internacional de 15 países diferentes, además de 50 organizaciones peruanas pertenecientes a cuatro plataformas nacionales: Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos, Red Muqui, Campaña Nacional Permanente Defensores y Defensoras y la Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana; redes promovidas por organizaciones peruanas como: CooperAcción, Derechos Humanos sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal-IDL y Perú Equidad.
