Por Wilson Chilo L.
«Por dar una opinión y denuncias sobre la actividad minera sufro hostigamiento, campañas de desprestigio y también denuncias penales. Son mecanismos para intimidarnos, empapelarnos con notificaciones para que dejemos de hablar o cuestionar a la empresa minera Antapaccay.» — Sergio Huamaní
Los jueces supremos de la Sala Penal Permanente, el 22 de abril de 2026, ratificaron la inocencia a Sergio Huamaní de los delitos de difamación agravada que la empresa minera Antapaccay había interpuesto en su contra en el año 2022, cerrando definitivamente el proceso de querella en su contra y exaltando el derecho a la libertad de expresión de una población que convive con la minería.
Tras años de afectaciones personales y familiares para Sergio y apelaciones de Antapaccay, fracasaron los intentos de silenciar las voces que exigen responsabilidad a la empresa minera en la provincia de Espinar.
En 2022, el defensor y exdirigente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), Sergio Huamaní, cuestionó públicamente —en un medio de comunicación y en un evento público— el actuar de la empresa minera Antapaccay en la provincia k’ana: los impactos ambientales y a la salud que genera la actividad minera en el territorio, los ríos y las personas, y la persecución hacia los dirigentes sociales.
El 2022, las dos caras de Antapaccay
Ese mismo año, en su Reporte de Sostenibilidad 2022, la compañía declaró ingresos por ventas de aproximadamente cinco mil millones de soles. No solo cumplió sus metas, las superó: para alcanzar ese ingreso produjo 151 mil toneladas de cobre fino, lo que requirió movilizar 5,6 millones de toneladas adicionales de roca en el territorio de Espinar.
Por otra parte, según los Informes de Evaluación Ambiental de Causalidad (EAC) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de 2022 y 2023, se ha confirmado oficialmente la relación entre las operaciones de la Compañía Minera Antapaccay S.A. y la contaminación ambiental en diferentes sectores de las comunidades de la provincia de Espinar.
Los estudios evaluaron la calidad del aire, agua, flora y fauna en 38 localidades, este informe de OEFA fue analizado por instituciones de la sociedad civil y se concluyó que las emisiones provenientes de la actividad minera superaron los estándares ambientales permitidos.
Lo que se venia denunciado por años, se materializó en informes y documentos oficiales del Estado, ¿Qué esperaba la empresa minera, silencio de la población?
Una estrategia de criminalización
En ese contexto, la empresa decidió mandar un mensaje a quienes se atrevan a cuestionar a la «todopoderosa» minera Antapaccay. Como parte de una estrategia y práctica corporativa de silenciamiento y criminalización, denunciaron a Sergio Huamaní por difamación agravada, bajo el argumento de que «realizó atribuciones ilegales y falsas con el propósito de dañar el honor, buen nombre y reputación de la compañía».
La empresa exigía condena de tres años de pena efectiva y una reparación civil de 230 mil soles —un monto exorbitante para un defensor ambiental que trabaja en actividades agropecuarias en su comunidad campesina—.
No buscaban justicia: querían arruinarle la vida y enviar un mensaje a la población.
El corazón de la sentencia: Los fundamentos de libertad de expresión y derechos de la población espinarense
Los jueces supremos ratificaron la Sentencia de Segunda Instancia de la Sala Penal de Canchis del 6 de mayo de 2024 la cual indicó en sus argumentos: el juicio resolvió a favor de la libertad de expresión, determinando que las declaraciones de Sergio Huamaní no superaron los límites permitidos para afectar la reputación de la empresa Antapaccay. Los jueces confirmaron la absolución porque el dirigente se basó en hechos concretos respaldados por documentos presentados y actuados durante el juicio de primera instancia.
Además, la sentencia de segunda instancia, establece un principio fundamental: una empresa minera de reconocida trayectoria debe estar dispuesta a recibir juicios de valor por parte de la población, y con mayor razón cuando provienen de organizaciones sociales que defienden los intereses de su pueblo. El único límite, precisa la Corte, es que las afirmaciones no sean falsas ni carezcan de sustento alguno —condición que, en este caso, quedó descartada.
Sergio Huamaní ha señalado que estas denuncias lo afectan a nivel personal y familiar. Actualmente enfrenta alrededor de 12 carpetas fiscales interpuestas tanto por el Ministerio Público y una querella pendiente ante la Corte Suprema que tiene con la empresa minera Antapaccay que también lo está denunciando por difamación, todo por ejercer su labor como defensor de derechos humanos en la provincia de Espinar.
Las denuncias sobre contaminación ambiental y afectación a la población por metales tóxicos cuentan hoy con el respaldo de informes oficiales del Estado: las comunidades y sus dirigentes tienen el derecho de denunciar esta realidad, buscar soluciones y no pueden ser limitados en su derecho a la libertad de expresión.
