Escribe: Soc. José Antonio Lapa Romero
Espinar, ubicado a una altitud de 3900 msnm, es una provincia alta de la región Cusco. Herederos de la cultura K’ana, la mayoría de sus pobladores se dedicaban (y aún se dedican) a la agricultura, ganadería, comercio y servicios. No obstante, esta realidad se ha visto transformada a partir del desarrollo de la gran minería que los últimos casi cuarenta años, no solo ha cambiado drásticamente el paisaje rural, sino la naturaleza, el medio ambiente, y la vida de las personas y las familias, en especial de las comunidades, precarizando sus economías basadas en la agricultura y la ganadería; dificultando sus ventas por estar en una “zona minera” contaminada, disminuyendo o contaminando sus fuentes de agua, reduciendo sus áreas de pastoreo por el despojo de sus tierras, incrementando las personas expuestas y con metales tóxicos en sus cuerpos, extendiendo la criminalización y la violencia sobre quienes ejercen sus derechos.
1. PROMESAS DE DESARROLLO, REALIDADES DE POBREZA
Cuando llegó la gran minería a Espinar prometió desarrollo, comprar la producción de las comunidades, empleo y acabar con la pobreza. La mayoría de las comunidades y de la población de Espinar crearon la expectativa y los relacionistas comunitarios reforzaron (indujeron) la expectativa que mejoraría sus condiciones de vida; sus hijos tendrían trabajo seguro y serían capacitados y habría desarrollo sostenible. Así, las familias que vivían y viven en una situación de exclusión dirigieron sus sueños, vidas y esperanzas de bienestar a la empresa minera.
“La mayoría han tenido esa esperanza, teniendo una minería de esa magnitud, su familia, sus hijos se beneficien o trabajen. Mi papá siempre me decía, mi sueño es verlos trabajar. Eso nunca se ha cumplido”[1]
Era el sacrificio de una generación para darles mejores oportunidades a las nuevas generaciones; sin embargo, las promesas no se concretaron y las ilusiones se fueron desvaneciendo: “Mi papá decía: ‘Tienen que estudiar para que trabajen en la mina, allí quiero verlos trabajar’. La mayoría han tenido esa esperanza, teniendo una minería de esa magnitud, su familia, sus hijos se beneficien o trabajen, verlos trabajar. Eso nunca se ha cumplido”[2].
La explotación del yacimiento de Tintaya inició, crecieron los tajos, las relaveras, la producción y luego de 30 años fue cerrando, dando inicio a la explotación del yacimiento de Antapaccay[3] por casi 15 años que incrementó la producción (y también los impactos). Así, durante el año 2015 al 2024 se produjeron 1 864 594 toneladas métricas de cobre, 31 522 738 gramos finos de oro fino y 11 791 944 de onzas finas plata; sin embargo, en gran medida la riqueza minera se ha concentrado en la empresa transnacional, dado que cuenta con contrato de inversión con ProInversión (de noviembre de 2010) por US$ 1 806 000.00 y la adenda de agosto de 2012 por una reducción de la inversión a US$ 983 164 000.00, que le permite acogerse al Decreto Legislativo N° 973 sobre Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, y convenio de estabilidad jurídica con ProInversión (de setiembre del 2004), ampliado a Antapaccay, referido a estabilidad en el impuesto a la renta, libre disponibilidad de divisas, libre remesa de utilidades y capitales así como el derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable. Es decir, la acumulación permanente está garantizado concentrado la riqueza en los dueños del capital y llevando a que, en gran medida, las comunidades y pueblo local solo vean transitar el mineral y dejando más bien impactos que permanecerán por cientos de años.
En efecto, esta realidad de privilegios tributarios y de riqueza contrasta con la realidad de pobreza en la que sigue envuelta el distrito de Espinar, donde 72 % de hogares se encuentran en situación de pobreza (37 % pobre y 35 % pobre extremo); el 28 % en situación de no pobreza[4] y el más de 50 % de niños y niñas menores de 5 años tiene anemia[5]. Las ilusiones de desarrollo para una mayoría se han desvanecido, pues muchos hogares se mantienen en una situación de pobreza, no obstante el desarrollo minero en Espinar.
2. EXPROPIACIÓN, DESPOJO DE TIERRAS Y REASENTAMIENTOS
Los territorios de las comunidades campesinas del distrito de Espinar han estado bajo permanente presión, expropiación y despojo. Así, desde los inicios de la explotación minera en 1983 se expropiaron por el Estado 2 367.97 hectáreas a las comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huancané y Bajo Huancané con la promesa de empleos y construir servicios básicos, por lo que se les pagó 10 soles por hectárea; mientras que en 1996 BHP Tintaya S.A. compró 1 263 hectáreas a la comunidad de Tintaya Marquiri y 246 de Alto Huancané.
“Pagaron a la comunidad $ 65 dólares la hectárea, nos dijeron que si no vendíamos voluntariamente íbamos a ser expropiados por la ley de servidumbre minera, luego comunicaron que el dinero estaba depositado en el banco, reasentaron a 30 familias al predio Huarahuara y Torca con la promesa que entregaría tierras con todos los servicios, saneamiento integral, luz, acceso de carretera, cultivo de pastos mejorados, trabajo estable para los comuneros y becas para sus hijos, lo que no ha sido cumplido por la empresa minera”[6]
Además, en 1998 BHP Billinton compró 400.85 hectáreas a la comunidad de Huano Huano a un precio de $ 65 dólares bajo presión y amenaza de que si no vendían voluntariamente iban a ser expropiados por la ley de servidumbre minera, comunicando a los comuneros que su dinero estaba depositado en el banco y que debía ser cobrado. Más de 30 familias fueron desplazadas de lo que ahora son las comunidades de Huini Coroccohuayco y Pacopata al predio Huarahuara y Torca, ubicado en la comunidad de Anccollahua, prometiendo una reubicación con desarrollo sostenible que implicaba que la empresa entregaría tierras con todos los servicios como saneamiento integral, luz, acceso de carretera, pararrayos, de riego tecnificado, cultivo de pastos mejorados, trabajo estable para los comuneros y becas para sus hijos, lo que no fue cumplido por la empresa minera.
Mientras la presión por tierras, a través de las concesiones mineras, ha sido y es permanente sobre las comunidades. Así, en el año 2026 a nivel distrital un 76.48 % se encuentra bajo concesión minera (238 948 ha) siendo el principal titular de las concesiones Antapaccay-Glencore y Barrick Perú. Además, a partir de la aprobación de la segunda MEIA el despojo y el sacrificio del territorio a nombre del capitalismo minero y el desarrollo continuará, dado que el 95 % del territorio de la comunidad de Huini Coroccohuayco y el 99 % de la comunidad de Pacopata, sin consentimiento, sin consulta previa y sin dimensionar e interesarles al Estado y a Glencore los derechos de los pueblos originarios.
3. IMPACTOS MINEROS CRECIENTES, INTENSOS Y EXTENDIDOS
3.1. Incremento de costos de vida y afectación de las economías campesinas que envuelven a las familias en círculos de pobreza
El desarrollo de la minería en Espinar en sus fases de construcción (Tintaya y Antapaccay) generó de manera temporal una mayor intensificación de los servicios de hospedajes y restaurantes que incrementaron la capacidad operativa y empleos de manera temporal. Sin embargo, el boom minero también ha incrementado los costos de vida y la canasta básica de las familias de Espinar que se vuelven costosas por ser una “zona minera”, y en especial el impacto ha sido severo en las familias rurales desde los 2000 cuando se ha intensificado la explotación minera: el menú ha crecido en un 200 % (5 a 10 soles), la carne de cordero 140 % más (5 a 12 soles), la carne de alpaca 80 % más (5 a 9 soles), jornal diario en área rural en 300 % más (20 a 60 soles), jornal diario en área urbana en 400 % más (20 a 80 soles), y hospedaje diario en 500 % más (10 a 50 soles), alquiler de cuarto en 375 % más (80 a 300 soles) y el metro cuadrado de lote de terreno en los barrios en 600 % más (25 a 150 soles). Esta realidad encarecida y monetizada, que articula a un pequeño sector de la población local (5 %) a la dinámica económica minera, envuelve a una mayoría excluida (95 %) de la dinámica económica minera en la precariedad y la pobreza.
“Hoy en día no se puede vender la carne, queso, leche de las comunidades del entorno de la empresa porque la gente misma dice que ya es contaminado, uno mismo tiene que consumir porque en el mercado ya no compran, y en el caso de otras personas, de repente vienen vendiendo engañando a la gente que es de otro lugar”[7]
Por otra parte, las comunidades de las áreas rurales, en especial las cercanas a la operación minera, precarizan sus economías (basadas en la agricultura y la ganadería), dado el incremento del jornal, la reducción o desaparición de prácticas de economía solidaria (ayni y minka[8]), la reducción y contaminación de sus áreas de pastoreo, la reducción del número de animales (vacunos, ovejas y alpacas) y la creciente mortandad de animales; además de tener limitaciones para vender su producción de leche o carne en las localidades porque son comunidades “contaminadas”.
3.2. Incremento de ríos, riachuelos y bofedales afectados o contaminados
La minería en Espinar ha extendido e intensificado los impactos sobre ríos y riachuelos de las comunidades campesinas. Así, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el 2017 autorizó a Antapaccay el vertimiento de 100 l/s de aguas subterráneas y aguas de contacto tratadas al río Cañipia. Dicha acción está intensificando la afectación a la biodiversidad y la calidad del agua abajo del punto de vertimiento. Así, el río Cañipia ha dejado de ser identificado como un río donde “había truchas inmensas” o donde se bañaban y hoy es identificado como un río ya contaminado o “río muerto”. Además, la cuenca del río salado y las microcuencas de los ríos Tintaya, Ccocareta y el Huinomayo, que atraviesan la operación minera, son consideradas ecosistemas muertos por la población local. Además, el polvo y las vibraciones de las explosiones y el transporte minero afectan a los pastos, los animales y las viviendas cercanas como las de la comunidad de Alto Huarca que se encuentra al lado del actual proyecto Antapaccay.
3.3. Mayor fragmentación y conflictividad social
En Espinar se ha extendido y profundizado la fragmentación y los conflictos entre los que trabajan y los que no trabajan para la empresa, entre las comunidades de influencia directa e indirecta, y las comunidades que tienen convenios y los que no, así por ejemplo: “La comunidad está dividida, hay un sector que defiende a la mina y otro que está en contra de la empresa minera, hay otro sector que sí quiere negociar con la minera porque tienen un terreno que se mantienen ahí a la margen. Hay una división enorme ahí y también hay duros cuestionamientos ahora les llaman los defensores de la mina o los allegados. A pesar de que ha habido casos de que algunos de esos comuneros sus propias madres han muerto con cáncer con metales pesados y todo eso, hay una división fuerte”[9].
En efecto, se han intensificado los conflictos entre los que están a favor y los que están en contra de la empresa minera, los conflictos limítrofes entre comunidades, los conflictos laborales y los conflictos socioeconómicos como los del 2005, 2012 y 2020.
3.4. Incremento del control social y político en comunidades y distritos
En Espinar el desarrollo del proyecto minero ha incrementado el control político y social: financiamiento de campañas electorales y a nivel de las elecciones comunales, puestos de trabajo a autoridades comunales o sus familiares, y a medios de comunicación a favor de los intereses empresariales. Estas relaciones de poder y control se muestran en lo que nos manifiesta un entrevistado: “La presencia de la empresa en los medios de comunicación, tiene dos emisoras: una en AM y otra en FM. También hacen uso de personas locales a través de la ocupación de espacios radiales, prácticamente casi en todas las emisoras de la provincia, ese copamiento de medios de comunicación genera una neutralización muy fuerte de la sociedad frente a estos grandes problemas existentes con la minería, como la contaminación, los conflictos sociales, en este tema por ejemplo del Convenio Marco, una especie de neutralización social. Control social de las organizaciones y su participación como un poder muy fuerte con financiamiento que hacen a las campañas de partidos que abiertamente o no abiertamente, sutilmente se ligan a la empresa minera”[10]. Es indudable que en el juego de poder local el control social es estratégico para los intereses empresariales mineros. Del mismo modo son parte del control social la denuncia y los procesos legales en los que terminan los dirigentes.
4. PERSONAS CON METALES TÓXICOS
La empresa minera cuenta con código de ética y políticas de derechos humanos, no obstante, en el 2010 se encontró que 506 personas (de 6 comunidades aledañas a la explotación minera) en un 100 % se encontraban con niveles biológicos detectables de arsénico, cadmio, mercurio y plomo en el cuerpo; mientras que el estudio en orina, realizado en el 2013 en 180 personas (en el marco de los acuerdos de la mesa de diálogo), evidenció la presencia de arsénico (100 %), cadmio (90 %), plomo (100 %), manganeso (70 %), mercurio (88 %) y talio (100 %)[12]. En el 2026 se tiene más de 2000 mil personas con metales tóxicos en sus cuerpos como el arsénico, cadmio y plomo. Así, por ejemplo, hasta el año 2025 había 846 personas afectadas por arsénico en Espinar que superaban el valor de referencia[13].
“Nuestra riqueza, nuestro oro, nuestra plata, nuestro cobre, se están llevando a otro país esta transnacional y a nosotros nos está dejando totalmente enfermos, nuestra agua, nuestra tierra, nuestros ganados, y a nosotros mismos, nos está dejando totalmente enfermo, somos ser humano, queremos vivir tranquilos, que nos haga curar”[11]
Las personas con metales tóxicos viven sus afectaciones a través de dolores de la cabeza, malestares renales, dolores de estómago, caída de cabello, sangrado por la nariz, tumores y otras dolencias.
No obstante la afectación al derecho a la salud, la respuesta del Estado es aún ausente y poco eficaz, y el discurso de Glencore sobre la responsabilidad social empresarial se vuelve vacio.
5. CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Y VIOLACIÓN DE DERECHOS
“Un grupo de policías, encañonándonos así con su arma nos detienen, nos sacan del carro a la fuerza con golpes, a mí me suben a la tolva varios policías, allí encima me llevan golpeando, decían que era terruco, que por mi culpa el país estaba así, sacándome la madre, uno de los policías sacó su cuchillo y me cortó el cabello, me arrancaron la barba, entonces, y así pues, me llevaron hasta adentro, nos hicieron bajar y nos hicieron parar de pie así levantando las manos que no deberíamos movernos sino nos iba comer y vomitar”[14]
En Espinar el desarrollo minero ha ido acompañado de conflictos permanentes y criminalización. Así, en el conflicto en el 2005 fueron procesados 70 dirigentes campesinos, acusados de delitos a la tranquilidad pública y fueron absueltos en el 2008; en el conflicto del 2012 unos 20 ciudadanos fueron detenidos en la comisaría, instalada dentro del campamento minero de Xstrata —en mayo del 2011 la empresa firmó un convenio con la X-DIRTEPOL Cusco (Policía Nacional) que implicó la asignación de 22 policías; 19 para prestar servicio de vigilancia y seguridad regular y 2 efectivos policiales de la oficina regional de Inteligencia para realizar labores de inteligencia—, decenas fueron reprimidos haciendo un uso desproporcionado de la fuerza, 3 fallecieron y 3 fueron procesados y luego de 8 años absueltos en diciembre del 2020; se les acusó de atentado contra la seguridad común, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos en su forma agravada y disturbios. El Ministerio Público solicitó 20 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 5 millones de soles.
Mientras que en el conflicto del 2020, originado por la exigencia de la población de un bono solidario de 1000 soles en el marco de la pandemia del COVID-19, se realizó un paro el 15 de julio, el cual fue enfrentado con el uso desproporcionado de la fuerza. El resultado: 3 heridos por bala, 6 heridos por perdigones y 28 agredidos y fuerzas del Estado peruano que tuvieron como centro de operaciones el campamento minero. Además, el Ministerio Público volvió a realizar notificaciones a los dirigentes en vía de prevención por delitos contra medios de transporte, resistencia o desobediencia a la autoridad. El objetivo era desmovilizar y atemorizar a los dirigentes.
“Un aproximado de 20 policías nos dijeron: ‘Bajen, perros de mierda’ y dispararon. Yo fui la primera en bajar del camión, y me eché boca abajo en el piso. Desde allí escucho que a aquellos a los que encontraban con huaracas los golpeaban repetidamente. Iban descendiendo y al observar que tenían huaracas les decían ‘Ah, con tu huaraquita, ¿no, mierda? Vas a morir, perro de mierda’, mientras otro decía: ‘Mételes plomo”[15]
En Espinar, las violaciones a los derechos humanos permanentes y la negada justicia para las víctimas por el uso de armas de fuego de las fuerzas del orden continúan estando en el olvido por parte del Estado, supuesto garante de derechos.
Espinar vive cuarenta años de explotación minera que ha generado impactos y ha envuelto en una permanente violación de derechos humanos a las comunidades y la población local.
[1] Ent. N° 1. Realizado en Espinar.
[2] Ent. N° 1. Realizado en Espinar.
[3] El proyecto minero Tintaya inició el año 1982 bajo propiedad del Estado peruano (Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A.) en 1994 fue privatizada siendo adquirida por Magma Cooper Company, luego paso a manos de BHP Billinton en 1996 y Xstrata Tintaya el 2006; luego ya en cierre del proyecto Tintaya y en desarrollo del proyecto Antapaccay fue adquirida por la suiza Glencore en el 2013.
[4] INFOMIDIS. Padrón general de hogares. Consulta: 23 de mayo del 2026 <https://app.midis.gob.pe/Infomidis/#/padronGralHog>
[5][5] INS. Indicadores Niños enero-diciembre 2025. Consulta: 23 de mayo del 2026 <https://web.ins.gob.pe/es/alimentacion-y-nutricion/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/vigilancia-del-sistema-de-informacion-del-estado-nutricional-en-%20EESS>
[6] Ent.N° 2: Realizado en Espinar.
[7] Ent. N° 3: Realizado en Espinar.
[8] El Ayni y Minka son tipos de trabajo comunitario de reciprocidad característicos de las comunidades campesinas.
[9] Ent. N° 1: Realizado en Espinar.
[10] Ent. N° 4: Realizado en Espinar.
[11] Material visual de Derechos Humanos Sin Fronteras.
[12] COOPERACCIÓN y otros. Metales Pesados Tóxicos y Salud Pública. El Caso de Espinar. Lima. 2016. Págs. 14-17.
[13] INS. Censopas. Monitoreo Nacional de Metales Pesados y Metaloides en Salud Humana en Perú. Análisis situacional Arsénico. 2026. Disponible en: <https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/8afb9e64-d638-4abd-89d6-bd009775ce4d/page/p_2cok4qrhvd>
[14] Ent. N° 5. Realizada en Espinar.
[15] Vidal Merma. Testimonios del 22 de julio. Disponible en: <https://www.facebook.com/vmerma1/ videos/102200 96347371497/>
