Por: Rudy Roca Rozas – Antropólogo de DHSF
El corredor vial del sur andino, también conocido como corredor minero, es sinónimo de una constante conflictividad social. Este fenómeno tiene su origen en la consolidación del poder de las empresas mineras en los territorios donde operan. En este artículo, sustentado en investigaciones sociales, ofrecemos una mirada general a dicha consolidación del poder minero en las provincias cusqueñas de Espinar y Chumbivilcas:
Espinar: El impacto histórico de la explotación de cobre y la respuesta comunitaria
En 1982, con solo 21 años, un joven dirigente espinarense asumió como secretario de actas de su comunidad, Tintaya Marquiri, una responsabilidad que recayó en él por ser uno de los dos únicos comuneros con secundaria completa. Ese mismo año, la comunidad enfrentó un quiebre histórico: la expropiación estatal de 2368 hectáreas de tierras comunales a favor de la Empresa Minera Especial Tintaya S.A. para la explotación de cobre. Este despojo dejó a 86 familias desplazadas de su territorio original, desamparadas y sin planes de reasentamiento, remediación ni mitigación ambiental.
Ese fue el inicio de un despojo permanente; “nadie nos ha asesorado, esa es la desventaja que hemos llegado a tener”, recuerda el dirigente.
El 21 de mayo de 1990, el pueblo espinarense llevó a cabo una toma de la mina ante los primeros estragos de la actividad minera. Se exigían soluciones para los comuneros desplazados de sus territorios y una mayor vinculación de la empresa estatal con el desarrollo económico y social de Espinar. Así, en torno a estos reclamos y negociaciones, aquel 21 de mayo se fundó lo que hasta hoy denominan como el “Día de la Dignidad del Pueblo K’ana”.
En adelante, la empresa estatal sería privatizada por el régimen neoliberal de Fujimori. Magma Copper Company la adquirió en 1994, fue absorbida por Broken Hill Proprietary (BHP) hacia 1996, para luego fusionarse con Billiton hacia el 2001. En todo este tiempo, la presión de la empresa hacia las comunidades para adquirir sus tierras fue total y la afectación ambiental prosiguió; de este modo, la empresa fue imponiendo su visión de futuro.
La respuesta popular se iba forjando. Desde 1990, surgió una generación de liderazgos jóvenes, en algunos casos con educación superior y formación política, como Oscar Mollohuanca, Esteban Chacón, Fredy Arenas y Lorenzo Ccapa. Hacia 1999, Mollohuanca ganó la alcaldía de Espinar impulsado por las bases, generando una sinergia entre el gobierno local y las organizaciones sociales —como la FUCAE, el FUDIE y la AUPE—.
Esa acumulación permitió emprender luchas permanentes que desembocarían, en el año 2003, en la firma de un Convenio Marco entre el gobierno local, las organizaciones y la empresa minera. Se acordó que la empresa aportaría el 3% de sus utilidades para el desarrollo de Espinar, además de la implementación de comités de vigilancia ambiental comunal y el respeto a las mesas de diálogo.
No obstante, algunos acuerdos fueron naufragando, generando tensión permanente con estallidos sociales en 2005 y 2012. Esto se debió a la desidia de la empresa y a la creación de su brazo tecnocrático, la Fundación Tintaya, que decidía sobre los aportes corporativos. A ello se sumó la fragmentación de las organizaciones sociales y el ascenso de autoridades locales con pésimas gestiones que priorizaban la subordinación a la minera.
Los constantes cambios empresariales también generaron discontinuidad. En 2006 BHP Billiton se fusionó con Xstrata, adquirida por la anglo-suiza Glencore en 2013, pasando a operar la unidad Tintaya-Antapaccay. Su expansión significó la ampliación de tajos abiertos, relaveras, botaderos y la modificación de vías en Espinar. Junto a ello, en más de 40 años de explotación se siguen produciendo severas afectaciones al medio ambiente y a la salud, traduciéndose en contaminación del agua para consumo humano y presencia de metales pesados en el organismo de las personas.
Chumbivilcas: Nuevos proyectos extractivos, expectativas frustradas y tensiones internas
Otra provincia cusqueña del corredor vial del sur andino es Chumbivilcas. A diferencia de Espinar, la extracción de cobre es más reciente, lo que no significa que las afectaciones no se hayan estado produciendo; incluso, el Estado paralizó a empresas como Golden Ideal Gold Mining por violar compromisos ambientales. Otras, como Anabi, fueron multadas por la ANA (Autoridad Nacional del Agua) tras contaminar ríos. Además, Anabi recurrió a la criminalización de dirigentes sociales tras los estallidos del 2012 provocados por el incumplimiento de estándares ambientales.
Actualmente está por operar el proyecto Crespo, adquirido a la empresa Ares en 2024 por Kina Mining Perú, del grupo Apumayo. Este proyecto cuenta con una férrea oposición de las comunidades de Llusco, quienes denuncian falta de consulta previa y riesgos en la cabecera de cuenca del río Santo Tomás.
El escenario más significativo es la canadiense Hudbay, que adquirió el proyecto Constancia en 2011 y explota a tajo abierto desde 2014, abarcando 22 516 hectáreas entre Chamaca, Velille y Livitaca. En una investigación del 2019, el sociólogo José Antonio Lapa demuestra que Hudbay transformó la vida comunal en Uchuccarco (Chamaca) y Chilloroya (Livitaca). El dinamismo económico inicial fue efímero; desde 2014 los empleos se redujeron radicalmente, pasando de 600 comuneros de Uchuccarco en la construcción a solo 30 en la explotación. Los comercios quedaron vacíos, pero el costo de vida no bajó, generando una inflación que precarizó la vida comunal.
La empresa consolidó su poder en el territorio. En palabras de Lapa: “Hudbay se ha constituido en el poder hegemónico minero en la zona de influencia del proyecto. Así, ha configurado una estructura de poder sobre la base de relaciones de asistencialismo, clientelismo y cooptación”. Esta estrategia mantuvo convenios con la policía para brindarles seguridad, replicando lo sucedido en Espinar.
Las comunidades afectadas presionaron para promover convenios marco que les permitiesen negociar. Según los investigadores Esteban Escalante y Caroline Weill: “Hudbay firmó convenios marco con comunidades y municipios distritales en la zona. Empezó con (…) Uchuccarco (noviembre 2011) y Chilloroya (abril 2012); continuó con las comunidades de Ccollana Alta (set-octubre 2012) y Huaylla Huaylla (julio 2013), y los municipios de Chamaca (diciembre 2013), Velille y Livitaca (2016)”.
En paralelo, la afectación ambiental de Hudbay se hizo evidente, incluso con la autorización de la ANA para verter aguas residuales en el río Macaray. A esto se suma la polvareda de los camiones que transportan minerales y el polvo de las explosiones. Por estos incumplimientos, se presentaron conflictos en 2016 en Velille y Chamaca; este último se llegó a la toma del tajo de Constancia durante cuatro días. La hegemonía de Hudbay antes descrita también viene produciendo conflictos entre comunidades y a nivel intracomunal.
El testimonio de un dirigente chumbivilcano recogido por Lapa ilustra claramente esta situación:
“Hay fuerte conflicto en la comunidad, que ha perdido su razón de ser de una comunidad. (…) Hay una minoría que defiende a capa y espada a la mina y ese es el grupo dominante, (…) dependen algunos laboralmente, o si no están trabajando, pero por interno deben tener beneficios, y la gente que es excluida es gente más humilde, más callada, con poca formación. Entonces, hay un conflicto fuerte en la comunidad, un grupo que apoya la mina, un grupo que rechaza la mina y un grupo intermedio que fluctúa”.
Bibliografía
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