Las instituciones que conforman el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) y asociaciones de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para exigir una respuesta a la demanda de amparo contra el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), por omitir el reconocimiento y garantía del derecho a la reparación de las víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas en el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
“Han pasado más de 20 años y las víctimas de esterilizaciones forzadas en el gobierno de Fujimori seguimos sin ser escuchadas. Por eso, el 14 de abril del presente año pusimos una demanda contra el MINJUSDH para que reconozca y garantice nuestro derecho a las reparaciones. Sin embargo, hasta el día de hoy no tenemos una respuesta”, señaló Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas- AMAEFCH.
La demanda fue presentada ante el Quinto Juzgado Constitucional por la AMAEFCH, MAM Línea Fundacional, Asociación Centro de Derecho Andino SISAY, Derechos Humanos Sin Fronteras, Asociación de Servicios Educaciones Rurales (SER) y Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS).
Condori de AMAEF Chumbivilcas señaló que las mujeres esterilizadas piden principalmente salud, “queremos atención especializada con urgencia, varias han fallecido, otras sufren por infecciones y hasta cáncer. Pedimos que el Juez nos dé una respuesta y nos garantice las reparaciones integrales, ya que es nuestro derecho”.
A su turno, Rute Zuniga, presidenta de Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, AMPAEF, resaltó la indignación de las mujeres campesinas indígenas y quechuahablantes por los comentarios de políticos que niegan estos hechos claramente documentados. “La hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, candidata a la presidencia del Perú, afirmó que las esterilizaciones no fueron la fuerza, sino voluntarias. Esto es mentira. Desde cada distrito nos han llevado para operarnos, nos hostigaron y amedrentaron, sin que nosotras sepamos en qué consistía y todo ello consta en informes”, señaló Zuniga.
Asimismo, indicó que los casos más emblemáticos de Cusco denunciaron sin miedo en Lima las esterilizaciones forzadas y el incumplimiento de las reparaciones. “Nos han puesto tachas, nos han hecho seguimiento, nos han asustado con todo, pero no tenemos miedo. Queremos que respeten nuestros derechos, pero nos siguen atropellando. Nos dijeron que nos iban a poner médicos, especialistas en cada distrito, pero eso no se ha realizado. Lamentablemente nuestras autoridades no tienen esas capacidades para las mujeres campesinas. Pero nosotros seguimos luchando, no nos vamos a dejar”, manifestó Zuniga.
La abogada de Demus, Ana María Vidal, integrante del equipo de litigio de GREF, ratificó que las esterilizaciones forzadas son delitos de lesa humanidad y que no prescriben. Las víctimas y familiares tienen derecho a verdad, justicia y reparación. “La Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció un Programa Integral de Reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno y no se encontraban las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Luego de 20 años, el Estado reconoció que estas mujeres sí tienen derechos a las reparaciones, especialmente a la salud, pero hasta el momento no se implementa el programa”, sostuvo Vidal.
A la vez, pidió que se apruebe e implemente la política de reparación integral para las víctimas. “Tal como se viene realizando para sancionar a los responsables de las esterilizaciones en Lima y defender así el derecho a la justicia, también se debe reconocer el derecho que tienen los miles de mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad. Es un deber del Estado brindarles verdad, justicia y reparación y las víctimas seguirán luchando por alcanzarlo”, concluyó.
María Esther Mogollón, coordinadora del GREF, recordó que esta conferencia en Cusco tiene un significado simbólico para las víctimas de las estilizaciones forzadas, puesto que son de Anta las primeras mujeres que dieron una voz de alerta con lo que estaba sucediendo con sus cuerpos, con la violación de derechos humanos causada por las políticas que implantaba Alberto Fujimori. “Luego de 25 años podemos decir que ha habido muchos silencios, muchas cobardías y reticencia a ofrecer las reparaciones integrales a las víctimas, pero no nos vamos a rendir hasta que obtengan justicia y reparación”, recalcó.
Finalmente, la congresista Rocío Silva Santisteban, autora de la Ley N° 31119 -que modifica los artículos 3 y 6 de la Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones (PIR)- pidió a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas mantenerse unidas en esta lucha por justicia, verdad y reparación. Dio su reconocimiento a todas las mujeres y exigió el cumplimiento de la ley de reparaciones integrales.
