Por: Blga. Karem Luque –
Área de Derechos Colectivos, Medio Ambiente y Salud
A escasas semanas de llegar al bicentenario, nuestro país se encuentra definiendo su voto por 2 agrupaciones políticas que están en segunda vuelta. El día lunes, a partir de los debates técnicos desarrollados, se esperaban propuestas sustanciales para afrontar los principales problemas que en décadas no hemos logrado resolver ni disipar. Entre estas grandes problemáticas no sólo de país sino mundiales estaba el eje ambiental y desarrollo sostenible; muchos espectadores pudimos escuchar el mismo mensaje monocorde que se plasma en ideas gaseosas con poco debate para su realización.
Según el Sistema Nacional de Información Ambiental – SINIA, entre el 2000 y el 2014, se incrementó de 62 millones 422 mil a 167 millones 630 mil[1] las emisiones de CO2 equivalente. En casi 15 años se han triplicado las cifras con respecto a estos gases, los cuales son la principal causa del calentamiento global; al 2018 la superficie de ecosistemas degradados fue de 17 millones 577 mil hectáreas. Asimismo, para la Defensoría del Pueblo a abril del 2021 se reportaron 191 conflictos sociales, de los cuales 141 se encuentran activos y 50 son latentes, de los que, además, el 66.7 % son conflictos activos de tipo socioambiental. Bajo esa premisa lanzamos la interrogante: ¿La problemática medio ambiental no merece atención urgente?
El Perú, mediante el D.S. 012-2009-MINAM, cuenta con una Política Nacional del Ambiente estructurada en 4 ejes temáticos: a) Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica; b) Gestión integral de la calidad ambiental; c) Gobernanza ambiental; y d) Compromisos y oportunidades ambientales internacionales. Esta política nacional además tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables.
Sin embargo, la aplicación de los principios, ejes temáticos y estándares para su cumplimiento parecieran haberse quedado impregnados solo en papel. En ese escenario, urge fomentar políticas, técnicas, instrumentos que refuercen una real implementación de la Política Nacional del Ambiente, y que debiera promover una real participación ciudadana para su elaboración e implementación, con ello ir reduciendo los principales problemas en materia ambiental de nuestro país.
Tres desafíos para un adecuado manejo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA
- El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA a pesar de tener funciones como la identificación, evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos ambientales, carece de mecanismos para una real evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental. Es más, nuestro país debiera contar con una instancia pública de carácter especializado que refuerce al SENACE[2] y así tener mayor capacidad de análisis técnico que permita a los profesionales y ciudadanía en general observar dichos instrumentos ambientales, para proponer medidas preventivas que no atenten contra el medio ambiente.
- El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental – SINEFA debiera cumplir el rol de supervisar y/o garantizar que las funciones de fiscalización ambiental sean oportunas y eficientes. Es necesario desarrollar políticas que sean más estrictas con la preservación del medio ambiente, nuestros Estándares de Calidad Ambiental – ECA’s y Límites Máximos Permisibles – LMP’s son demasiado permisibles a la contaminación, ser más estrictos con estas normativas, no implica riesgo, por el contrario refuerza el cuidado y la protección de nuestros ecosistemas. Recordemos, además, que gran porcentaje de los conflictos socioambientales podrían resolverse garantizando una verdadera fiscalización ambiental a las empresas mineras. Asimismo, seguir propiciando la “compensación del daño” para atender el impacto ambiental, no termina siendo una acción responsable, ya que todo se reduce a dar licencia para contaminar.
- Un tercer elemento tiene que ver con el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos – SINGRH el cual sigue teniendo serios cuestionamientos – en zonas de conflicto socioambiental – a las entidades competentes como la Autoridad Nacional del Agua – ANA, por la débil participación ciudadana que promueve hacia una adecuada gestión integrada para la conservación de los recursos hídricos. Durante el año apenas se realizan 2 a 3 monitoreos del agua superficial, sin considerar, que un monitoreo es una “fotografía” tomada en cierto espacio y tiempo, pero no permite implementar medidas que resuelvan la escasez, el deterioro de la calidad del agua, la participación activa de la ciudadanía. Por ello, consideramos que se debe motivar a la ciudadanía en procesos de vigilancia ambiental permanentes, así se genera una real gestión integrada de los recursos hídricos.
La próxima semana ejercemos nuestro deber ciudadano, el 05 de junio recordamos el Día Mundial del Medio Ambiente, por ello, no debemos ser indiferentes ante la problemática ambiental del país. El Perú es megadiverso, no depredemos cual gusano de papa nuestra naturaleza. Por ello, el principal desafío en esta segunda vuelta no sólo debe ser el de reactivar la economía con la extracción de minerales sino mínimamente plantear y reforzar políticas de protección ambiental, ratificar el acuerdo de Escazú, redoblar acciones de fiscalización, entre otros.
[1] La unidad de medida es de gigagramos de dióxido de carbono equivalente.
[2] Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles
