Redacción DHSF
La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, mediante una carta abierta dirigida a las autoridades nacionales, exige la reanudación de la audiencia de sustentación de cargos, la cual fue suspendida por razones que aún se desconocen.
El juez Rafael Martínez debe fijar la fecha y hora de la diligencia judicial contra Alberto Fujimori y exministros Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta, Alejandro Aguinaga, entre otros. Además, el Estado tiene que garantizar el debido proceso y asegurar la presencia de traductores, a través del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Cultura.
En la carta también se asegura que no se ha confirmado la presencia de intérpretes a pesar de que al inicio del proceso se realizaron múltiples gestiones ante el Ministerio de Justicia para que se garanticen las traducciones.
Cabe recalcar que, luego de 16 años de investigaciones en la Fiscalía de la Nación, en 2018, se realizó la denuncia del caso de las esterilizaciones forzadas ante el Poder Judicial y se convocó a la primera audiencia de control de cargos para el 11 de enero de 2021, esta fue suspendida por no contar con traductores del idioma quechua. Dicha audiencia se reanudó dos meses después, el 1, 2 y 3 de marzo, cuya fecha de continuidad estaba prevista para el 15 de marzo. Sin embargo, fue suspendida sin fecha de reprogramación.
“Estamos comunicando esta situación a los organismos internacionales de la Organización de Naciones Unidas como la CEDAW, el Comité contra la Discriminación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH”, se lee en el documento.
Sobre acceso a las reparaciones por violencia sexual, Ley N° 31119 (ampliación de la Ley PIR 28592), el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos indicó que las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas no tienen derecho a las indemnizaciones, motivo por el cual la asociación está evaluando la posibilidad de seguir llevando su denuncia y casos a fueros internacionales, debido a la lentitud de la justicia peruana y la poca preocupación de las instancias estatales. Asimismo, solicitan que la Defensoría del Pueblo intervenga en el monitoreo de las audiencias y atención de salud física y mental.
Finalmente, la asociación hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos para monitorear las audiencias y el debido proceso.
Por su parte, a través de su fanpage, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la nueva suspensión de la audiencia judicial y exigió la reanudación del proceso lo más pronto.
