Redacción DHSF
Las víctimas de esterilizaciones forzadas rechazaron la estrategia de los abogados fujimoristas, quienes habrían aprovechado la falta de intérpretes de las diferentes variantes de quechua para suspender, una vez más, la audiencia virtual de sustentación de cargos.
A través de una nota de prensa, el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas (GREF) señaló que utilizaron el derecho de las víctimas a contar con intérpretes/traductores para continuar obstaculizando el caso judicial.
“Esta falta (de intérpretes/traductores) fue aprovechada por César Nakasaki, representante legal de Alberto Fujimori, quien en reiteradas oportunidades interrumpió al fiscal para solicitar la suspensión de la audiencia por esa causa. Lo que de inmediato fue apoyado por los abogados de los acusados Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta”, se lee en el comunicado.
Además, el GREF responsabilizó al Poder Judicial por no garantizar el derecho a contar con traductores/intérpretes de distintas variantes de quechua sobre todo cuando la audiencia judicial ha sido reprogramada en dos oportunidades durante más de 2 años.
“¡Basta de impunidad! Sabían que muchas éramos quechuahablantes, el juez y fiscal tenían que haber previsto traductoras oficiales, es nuestro derecho. Es una burla que los abogados fujimoristas defiendan nuestros derechos”, declaró Rute Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, tras suspenderse, el lunes último, la audiencia de sustentación de cargos.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Inés Condori, expresó con indignación que la táctica de los abogados fujimoristas también incluiría tratar de excluir al expresidente Alberto Fujimori Fujimori del proceso penal.
También María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao, se pronunció al respecto: “No es la primera vez que Fujimori alega problemas de salud para evadir la justicia y tratar de quedar impune como pasó con el indulto que la presión ciudadana logró revertir”.
Durante la audiencia virtual de sustentación de cargos, el abogado de Alberto Fujimori, César Nakasaki Fujimori, excusó la ausencia de su patrocinando recurriendo a las normas del Tratado de Extradición Perú – Chile y al nuevo Código Procesal Penal, las cuales ordenan que el acusado puede asistir o no a las audiencias, siempre y cuando se mantenga la presencia del representante legal.
“Fujimori no puede ser un denunciado ausente. Exigimos se agilice la solicitud de extradición por esta causa que afectó a miles de mujeres que llevan luchando más de 25 años por verdad, justicia y reparaciones integrales”, expresó María Esther Mogollón coordinadora del GREF.
En ese sentido, el GREF exigió al juez Rafael Martín Martínez que fije fecha y hora para proseguir con la audiencia de sustentación de cargos cuyos acusados son el expresidente Alberto Fujimori y los exministros Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros.
María Ysabel Cedano y Milton campos, abogados de DEMUS en los casos de Mamérita Mestanza y Celia Ramos, víctimas mortales de la política fujimorista, exigieron al Ministerio público y al Poder judicial cumplan con la debida diligencia reforzadas para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos. «Debe ser desarrollada de oficio, de forma inmediata, en plazo razonable y ser propositiva, realizada por profesionales competentes y empleando procedimientos apropiados, independiente e imparcial, exhaustiva y garantizando el respeto y participación de las víctimas y familiares. La negligencia de la justicia para garantizar los derechos de las víctimas vulnera el deber de imparcialidad ya que resulta un trato discriminatorio y revictimizante», dice la nota de prensa.
Vale precisar que la política fujimorista de esterilizaciones forzadas se aplicó en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000. Estas intervenciones quirúrgicas fueron aplicadas a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.
Finalmente, en la nota de prensa, las diversas organizaciones, integradas en el GREF, plantearon una serie de acciones como comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las integrantes de Somos 2074 y muchas más se movilizarán para exigir una investigación judicial rápida y bien hecha. Ellas protestan desde la voz ciudadana incansablemente desde el 2015.
