Conforme pasan los años, las dinámicas de la actividad minera, desarrollan e implementan estrategias que facilitan el modelo económico capitalista basado en procesos de acumulación, generando todas las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante la modificación y aprobación de normas a la medida de sus intereses, podemos mencionar la ley de activos críticos, el Plan Nacional de competitividad y productividad, junto a normativas ambientales débiles que no regulan ni dan seguimiento a los planes de manejo ambiental, estas normas generan oportunidades de explotación para el capital extranjero y asimetrías de poder gigantesca en territorios de las comunidades campesinas, sacrificándolas a ser contaminadas, y afectadas con metales tóxicos, sino miremos las experiencias de Espinar, La Oroya, Cerro de Pasco, entre otros.
Al parecer, el Estado no tiene ningún interés en promover leyes a favor de la protección del medio ambiente, porque las leyes no están hechas pensando las poblaciones indígenas, más por el contrario, el Estado, capturado por las empresas, promueve un modelo que es adverso para las vidas de las comunidades.
El 2019 ha sido de mucha preocupación y zozobra, debido a la mayor concentración de la actividad minera en el Sur del Perú; el corredor minero y las provincias altas de Cusco no fueron la excepción; pues muchas de las empresas mineras están en etapa de ampliación e inicio de sus operaciones (Hudbay con Pampacancha y Antapaccay con Coroccohuayco); además, estos territorios son escenario de permanentes conflictos por incumplimientos de compromisos de las empresas, problemáticas ambientales por el paso de camiones con concentrados de minerales y vulneración de derechos fundamentales. En todo este ámbito territorial se viene generando diversas prácticas y fenómenos, como: estados de emergencia vial recurrentes, privatización de las fuerzas policiales, represión social y falta de diálogo, consulta previa no aplicada, transformación territorial y del ecosistema hídrico, acumulación de tierra, agua, recursos naturales y control territorial por despojo, y privatización de bienes comunes.
Frente a este contexto, en Chumbivilcas, a pedido de la población y los gobiernos locales en la Mesa Técnica, el OEFA, en el marco de sus funciones desarrolló un estudio denominado “Fiscalización Ambiental Corredor Vial ámbito de la provincia de Chumbivilcas”, dicho estudio contempla los componentes agua y sedimento, aire, ruido, suelo, polvo sedimentable, vibraciones, flora y fauna, geomorfología y hábitat, y comunidades hidrobiológicas. El OEFA presentó públicamente los resultados el 27 de setiembre, donde informa que, 22 de las 26 estaciones para ruido exceden los estándares de calidad ambiental para ruido y 02 de las 10 estaciones de aire exceden los estándares de calidad ambiental para aire. Ambos excedentes son atribuidos al exceso de paso de transporte de concentrados de mineral, emitiendo así el OEFA medidas preventivas y correctivas de: i) restricción entre las 18 horas y las 05 horas, ii) Implementar mecanismos para mitigar el material particulado, iii) Otorgar al OEFA, el acceso en tiempo real a su sistema de geoposicionamiento satelital (GPS), y iv) Ordena a la empresa minera MMG Las Bambas la modificación y/o actualización del estudio de impacto ambiental vigente. En los resultados de agua y sedimentos, también muestran excedente, pero no las atribuyen al transporte de concentrado de mineral, lo cual no quita la posibilidad que en el futuro existan accidentes de estos vehículos en zonas ecológicamente diversas y ricas en recursos naturales.
La difusión de los resultados del monitoreo del OEFA en Chumbivilcas, ha generado malestar y movilización en la población, debido a que el informe sustentaba sus percepciones de contaminación por los vehículos de transporte de concentrados.
Por otro lado, en la provincia de Paruro, el OEFA también realizó el estudio denominado “Fiscalización ambiental en la vía departamental Yaurisque – Paccarectambo – Ccapi, provincia de Paruro”, a diferencia de Chumbivilcas, solo se evaluó los componentes de agua, sedimentos, polvo sedimentable, ruido y vibraciones, comunidades hidrobiológicas y aire. En cuanto a agua, de los 26 puntos evaluados, 18 exceden los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua (en pH, Oxígeno Disuelto, Manganeso, Aluminio), los cuales son atribuidos a la toma de agua para riego de carretera, pues fueron otorgados 13 autorizaciones de uso de agua a la minera MMG Las Bambas, de un volumen anual total de 452 431.79 m3. En cuanto a sedimento, de los 21 puntos evaluados exceden en 5 puntos (en cobre y Zinc) y estos no se atribuyen a la toma de agua para riego de carretera. A diferencia de Chumbivilcas, en Paruro identificaron un total de 42, 28 y 28 especies de macroinvertebrados bentónicos en Ccapi, Paccarectambo y Yaurisque respectivamente. En cuanto a ruido, exceden el ECA para ruido, en el día, 14 de los 15 puntos; y en la noche 3 de los 3 puntos de monitoreo, y estas son atribuidas al tránsito vehicular.
En el caso de Espinar, en la primera semana de setiembre, el OEFA realizó una acción de supervisión y evaluación de la calidad de las aguas superficiales, sedimentos y tejido de truchas, a raíz del incidente del posible vertimiento de aguas industriales al río Tintaya. Evaluándose en 04 estaciones de agua superficiales y 02 estaciones de sedimentos. Los resultados superaron los ECA’s para agua (riego de vegetales), en 02 de las 04 estaciones evaluadas presentan excedente en Cloruros, Arsénico y Manganeso y Molibdeno. Mientras que en sedimentos, muestra excedente en ambas estaciones de monitoreo para Arsénico y Cobre, mientras que los resultados de las muestras de pescado, no exceden los estándares de calidad de la norma europea y canadiense. Asimismo, el OEFA ha anunciado hace poco, la instalación de estaciones de monitoreo automáticas de análisis de agua y aire, los cuales ayudarían a generar data en tiempo real y permanente. Sin embargo, es importante incorporar diferentes estrategias que garanticen la fiabilidad y transparencia de los resultados obtenidos y por ende recuperar la confianza pérdida con las comunidades a raíz de la demora en la entrega de resultados de la segunda etapa del estudio de causalidad –mediante isotopos radiactivos- realizados desde setiembre del 2015 al 2016.
Por otro lado, es importante reconocer la labor fiscalizadora del OEFA en el caso de Apurímac, donde ordena la paralización de la empresa minera Anabi S.A.C. por los impactos ambientales generados por el desplazamiento de mineral; asimismo, reconocer la predisposición de realizar las evaluaciones ambientales anteriormente mencionadas, pero queda como reto seguir mejorando y promoviendo una participación real de la población en estos procesos de monitoreos ambientales, además de impulsar desde los gobierno locales y la población, estrategias de vigilancia mediante contramuestras, monitoreos inopinados u otras formas organizativas que garanticen la fiabilidad, transparencia y accesos a los resultados por parte de la población.
Finalmente, en este año un tema que paso por desapercibido, son las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas, tanto ANA y OEFA no están dando seguimiento al vertimiento de efluente minero en Espinar y Chumbivilcas, ¿entonces de quién es la responsabilidad de evaluar, supervisar y fiscalizar estas aguas que se han estado vertiendo a los ríos Cañipia y Macaray respectivamente? Para el 2020, aún nos quedan muchos retos•
