Terminamos el 2019 con la sensación de que fueron varios años a la vez, digo esto porque si revisamos todos los hechos políticos que hemos tenido en el país difícilmente lo olvidaremos, quizá el hito que marcó un antes y un después en este año, fue la disolución del Congreso de la República el pasado 30 de setiembre, lo que consecuentemente trajo la convocatoria a las elecciones complementarias al Congreso para el próximo 26 de enero del 2020. Si bien se ha avanzado en algunos aspectos de la lucha contra la corrupción, en lo que se refiere a la reforma política y judicial, las cosas todavía están estancadas, y ni que decir de los temas centrales más estructurales como la desigualdad, la pobreza, acceso a educación, a la salud, seguridad, entre otros. Estas agendas últimas han desencadenado una serie de movilizaciones en América Latina, donde se reclama cambios constitucionales y estructurales que rompan con las desigualdades económicas y sociales que hoy viven millones de personas, sin embargo, esta ola de protestas todavía no ha llegado al Perú.
Bajo esta premisa es que hacemos un rápido repaso a los principales hechos y afectaciones de derechos que hemos tenido durante el 2019 y las agendas pendientes en relación a estos temas en el surandino peruano, pero particularmente en provincias altas del Cusco.
La criminalización de la protesta social y la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos
Durante el presente año los conflictos sociales se han mantenido en el corredor minero del sur, principalmente en Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas, denominado como el corredor minero, en el último semestre Paruro ha tenido su propio conflicto vinculado al uso de la carretera por parte de la empresa minera Las Bambas, la intervención policial violenta en este caso dejo como saldo varias personas heridas y una señora que perdió la vista por el impacto de perdigones. Al mantenerse los conflictos, las medidas que se han tomado desde el Gobierno Central ha sido declarar en estado de mergencia el corredor minero, además los procesos judiciales que criminalizan la protesta social se han mantenido, es así que, los casos de Espinar del 2012 en Ica han reiniciado, el caso de Anabi del 2011 en Chumbivilcas se encuentra en pleno juicio oral, los casos de Cotabambas por el conflicto de Las Bambas 2015-2016, también se mantienen los casos en Arequipa por ‘Tía María’ y el de Walter Aduviri en Puno se han reactivado este año y se mantienen con procesos abiertos.
Esto quiere decir que los hechos de criminalización, utilizando el tipo penal para denunciar a líderes y dirigentes sociales se han mantenido, inclusive a partir del conflicto de Fuerabamba en Cotabambas (agosto del 2018) la figura legal que están ensayando desde las fiscalías para este tipo de contextos, son el delito de extorsión, esto quiere decir que cualquier organización, inclusive una comunidad campesina puede ser acusada como organización criminal, si es que realiza una protesta social. De otro lado las estigmatizaciones a los defensores y defensoras de derechos humanos se mantienen, ya sea por participar, denunciar o por pronunciarse en los casos de conflictividad social donde se evidencia la vulneración de un derecho individual o colectivo.
El necesario debate de un nuevo marco legal y social para la minería
Todo lo mencionado anteriormente sobre el tema de la conflictividad social, la criminalización de la protesta y la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país y particularmente en el surandino peruano tiene que ver con esta discusión, urge y es necesario abrir este debate, el presidente Vizcarra anunció el 28 de julio, en su mensaje a la Nación, la revisión de la Ley General de Minería, que tiene casi 30 años de vigencia y más de 29 modificaciones, en todo este tiempo la expansión minera ha provocado impactos acumulativos; estrés social y ambiental en los territorios y una agenda de derechos sociales, económicos, culturales y ambientales que requieren una atención integral e inmediata. Luego del anuncio del presidente Vizcarra, en su momento el Premier Salvador del Solar creó la “Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible”. Mediante Resolución Suprema N° 145-2019-PCM, cuyo mandato es proponer medidas normativas, de gestión, de política pública, para el desarrollo de actividades mineras sostenibles. Nos parece que no basta con la creación de una comisión, creemos que se debe abrir el debate de manera más amplia, con participación de las comunidades afectadas y las autoridades locales y regionales.
Si no logramos en el corto plazo discutir el rol de la minería y la forma como se relaciona con las poblaciones afectadas los conflictos se van a mantener, y probablemente se agudicen con el tiempo.
La reforma política pendiente y la elección de nuevos congresistas
Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenemos 24 organizaciones políticas inscritas a nivel nacional, y son las que presentan candidatos para las elecciones de enero del 2020. Pero como ya sabemos la mayoría siguen siendo “vientres de alquiler” que se ofrecen al mejor postor, por ello es importante que el próximo Congreso retome las propuestas de reforma política que presentó el Ejecutivo en su momento: combatir la corrupción y fomentar la rendición de cuentas, tener partidos políticos y organizaciones políticas regionales más fuertes y representativas, sin embargo para este proceso electoral iremos con la antigua norma, y es probable que entre los que se elijan hayan algunos impresentables que salgan elegidos.
¿Y en relación a las agendas y temas vinculados a la conflictividad social, el medio ambiente, la minería y los derechos humanos que dicen o cómo se están pronunciando los candidatos al congreso? En el caso particular de Cusco el Jurado Electoral Especial (JEE) validó la inscripción de 20 listas, de los cuales se dio luz verde a 97 candidatos al Congreso. Esto quiere decir que un promedio de 20 candidatos va a disputar 01 escaño, de los 5 que tiene Cusco, un dato aparte es que varios de los candidatos fueros observados por tener procesos legales abiertos por violencia familiar, alimentos o denuncias de corrupción. Otro tema relevante en esta coyuntura electoral es que el candidato al congreso no puede prometer obras ni gestiones de presupuestos, ya que ese no es su rol, ellos lo que hacen es representar, fiscalizar y presentar iniciativas legislativas, por ello es importante primero conocer al candidato, sus antecedentes y lo que está diciendo en su campaña.
Sobre las agendas que hemos señalado de las listas que hemos revisado por lo menos tres partidos tienen una agenda o una opinión sobre la conflictividad social, el medio ambiente, los derechos humanos, la actividad minera, entre otros, en Cusco estos partidos son Democracia Directa, Frente Amplio y Juntos por el Perú. Probablemente en 17 meses es muy poco lo que se pueda hacer desde un Congreso complementario, sin embargo, los temas señalados requieren de una atención legislativa, política y social, seguir postergando esta discusión es no querer atender los justos reclamos de las poblaciones y comunidades afectadas por la actividad minera en el país•
