Jorge Bracamonte, o ‘Tito’ como se hace llamar, viene cumpliendo sus últimos meses como Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), una red que articula a 82 organizaciones de todo el país. Conversamos con él para conocer su balance respecto a los avances y desafíos de la agenda de derechos humanos.
Tito, ¿Cuál es tu balance del año respecto a los derechos humanos en nuestro país?
Nos ha tocado vivir un período que viene de un proceso en que las democracias en América Latina y en el Perú, vienen siendo capturados por fuerzas empresariales, y al mismo tiempo por fuerzas poderosas que se desenvuelven en el mundo de lo ilegal o de lo informal, y esto hace que el régimen no pueda responder a las necesidades de las y los ciudadanos. En este contexto la situación de las y los defensores de derechos humanos se ha ido haciendo cada vez más complicada, esto es algo que hemos podido alertar, pero también entendemos que esto, todavía es algo que debe trabajarse, para exigir que el Estado cumpla plenamente con el deber de garantizar el derecho a defender derechos.
De lo que mencionas, ¿Qué situaciones han evidenciado la captura del Estado en nuestro país?
En diferentes partes del país, las y los defensores se ven más expuestos a ser criminalizados por protestar, son procesados por el propio Estado o por empresas, lo hemos visto en el Valle de Tambo, en el corredor minero, en diferentes cuencas de nuestra Amazonia, en resumen esta situación se presenta en todo el país. Sin embargo, creo que hay un hecho particularmente crítico, pues el aparato punitivo del Estado empieza a verse cuestionado cuando hay fuerzas punitivas extra estatales de carácter ilegal, y están atentando contra la vida de las y los defensores, esta situación nos parece muy grave porque está evidenciando la debilidad del Estado, y por otro lado, deja notar que en el país hay otras fuerzas que se desenvuelven y que están atentando contra la vida de las personas.
La violencia en los conflictos es recurrente ¿Qué se está haciendo desde la sociedad civil?
Es recurrente porque responde a elementos estructurales, al epicentro del Estado, el propio modelo de desarrollo que se basa en las industrias extractivas que afectan a los pobladores del campo. Creo que, en este contexto de crisis, nos corresponde plantear reformas y cambios institucionales, en pensar en la posibilidad de cambiar algunas reglas de juego, de lo contrario, la democracia en el país y el Estado de derecho no son viables, por ejemplo iniciativas que han sido anunciadas por el propio Presidente Vizcarra respecto a la Ley General de Minería, se tiene que precisar cuáles son las condiciones del país, cuales son las regiones que pueden orientarse hacia este tipo de actividades, pero respetando el medio ambiente, y sobre todo respetando los derechos de los pueblos indígenas.
Y ¿Qué exigencias tiene la CNDDHH ante los nuevos legisladores?
Estamos viviendo una crisis profunda, que no solo responde a la obstaculización del Congreso al Ejecutivo, sino más bien, es una crisis del propio sistema democrático que tiene sus propias aristas en América Latina, en donde se ha atentado contra la vida de los manifestantes, como en Ecuador, Bolivia o Chile. Mirando nuestro país que no está acostumbrado a movilizaciones multitudinarias, es necesario cambios urgentes y profundos, de lo contrario las instituciones van a perder la poca legitimidad que tienen, así como pasó con el Congreso, así que creo que todo el país coincide en que se debe priorizar la lucha contra la corrupción.
Pero también hay reformas pendientes…
Exacto, pero son reformas institucionales que iniciaron en contextos de crisis y polarización, que han venido siendo boicoteadas, así que el Gobierno Central y el nuevo Congreso debe continuar con las reformas del sistema político y de justicia, de lo contrario, tengo la certeza que los grupos criminales terminaran apropiándose de estas instituciones.
¿Y sobre la agenda de los derechos?
En las últimas dos décadas se ha producido un diseño institucional que ha afectado los derechos de los pueblos indígenas; no se ha podido garantizar la igualdad de género; no hemos avanzado nada en favor de la población TLGB; hemos postergado a la población afroperuana; el Estado promueve leyes para precarizar el trabajo, la situación de la migración, principalmente la venezolana, que termina siendo una población estigmatizada.
Hablas del modelo económico, ¿Por qué crees que es necesario replantearlo?
El modelo de desarrollo en Perú y en toda la región, ya ha encontrado límites, este modelo ha producido muchas situaciones de desigualdad, no podemos seguir promoviendo un modelo que afecta nuestros territorios, que promueve actividades como el narcotráfico, la tala ilegal o la minería informal, por eso creo que un tema que nos debe convocar es debatir que tipo de desarrollo queremos para nosotros y para las futuras generaciones, pensando en un contexto más justo y saludable.
¿Podemos hablar de una transición democrática? ¿Qué rol está cumpliendo Vizcarra?
Es un gobierno que no tiene partido, que no tiene operadores políticos y que ha estado al borde de la vacancia, es un gobierno que tiene debilidades bastante claras, tengo la impresión que este gobierno estaría limitando su responsabilidad de conducirnos a las reformas para llegar sano y salvo hasta el 2021, eso podría ser un problema para lograr que en el Perú llegue a una transición democrática que conlleve cambios sustantivos, donde los diferentes actores, nos pongamos de acuerdo, de lo contrario, nos vamos a extraviar en luchas específicas que no articulan en la necesidad de cambios reales, por eso la sociedad civil debe plantear los asuntos que no se están debatiendo
Finalmente Tito ¿Cuál es nuestro rol a largo plazo?
La gravedad de la crisis política, social y ética, debería conducirnos a consensos, sin embargo lo que hemos visto en la última década, es polarización, es muy difícil en nuestro país construir puentes. Debemos apostar por conquistar nuestro derecho a hacer política, pero una política que tiene que ver con intereses comunes, con el cuidado de los bienes públicos, con el acceso a las condiciones para una vida digna, debemos devolver la política a la sociedad. Tenemos una gran tarea, porque los partidos políticos están bastantes afectados, o simplemente no creen en la necesidad de garantizar el bien común•
