Se volvió a suspender por séptima vez la sesión del juicio oral que se sigue contra los 19 defensores criminalizados de Cotabambas hoy viernes 25 de octubre. Esta última audiencia era la reprogramación de la sesión fijada el pasado martes 15 de octubre. Cabe recordar que los defensores fueron denunciados por los sucesos ocurridos en setiembre de 2015, en el marco de un estallido social en la zona de influencia del proyecto Las Bambas.
La falta de un intérprete quechua, por segunda vez, es uno de los motivos para la suspensión. Las autoridades judiciales indicaron que no lograron conseguir un intérprete, pese a que en la última audiencia defensores y abogados exhortaron que se les estaba vulnerando su derecho al ser poblaciones quechua hablantes. Asimismo, en esta oportunidad, no asistieron 4 defensores procesados y los abogados de la defensa de los 19 comuneros, David Velazco y Mirtha Vásquez.
La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho indico que se había dispuesto el cambio de juez por lo que cree conveniente quebrar el proceso actual e invocar a audiencia el próximo 20 de enero del 2020. El juez explicó que será una semana entera de sesiones continúas y adelantó que se tendrán declaraciones de testigos, revisiones de peritos y más.
Asimismo, el juez advirtió que si los abogados de la defensa no asisten a las audiencias del 20, serán retirados del caso y se pondrá abogados de defensa pública. Es la primera vez que los abogados de la defensa no asisten a una sesión, sin embargo esta es la séptima audiencia que viene siendo suspendida dentro del proceso por ineficiencias propias de las autoridades judiciales.
Los 19 defensores de Cotabambas llevan cuatro años esperando se defina su situación. La Fiscalía Provincial Mixta de Chalhuahuacho está solicitando entre 11 y 17 años de pena privativa de la libertad contra este grupo de dirigentes por los presuntos delitos de disturbios, daño agravado y tenencia ilegal de armas y explosivos. También se está pidiendo como concepto de reparación civil la suma de 20 mil soles a favor del Estado peruano y 88 mil 600 dólares por daños a la propiedad privada a favor de la empresa minera MMG, dueña del proyecto minero Las Bambas.
Fuente: OCM
