Ayer, martes 09, los pobladores del distrito de Cocachacra, en la provincia de Islay, realizaron una movilización y asamblea en la que se acordó la realización de un paro indefinido desde el 15 de julio, tras hacerse público el otorgamiento de la licencia a Southern Perú Copper Corporation para la construcción del proyecto minero Tía María.
Además, los alcaldes distritales de la provincia de Islay redactaron y firmaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestado su malestar por la entrega de la licencia de parte del Estado a la empresa minera, responsabilizando «a su gobierno y funcionarios del sector de los conflictos que puedan ocurrir».
El gobernador regional de Arequipa, Élmer Cáceres Llica, lamentó que el gobierno nacional haya incumplido su compromiso de enviar al Presidente del Consejo de Ministros y que haya entregado la licencia de construcción porque “no se ha establecido el mecanismo de diálogo necesario” con la población. Así mismo, emplazó al presidente Martín Vizcarra a viajar a la provincia de Islay en las próximas horas a fin de “conocer la postura de los pobladores”.
Por su parte, la empresa minera anunció, mediante sus redes sociales, haber recibido la autorización del Estado para la construcción del proyecto de cobre y manifestó su “compromiso de no iniciar la construcción del proyecto sin antes generar, en coordinación con el Ejecutivo, espacios de diálogo (…) para lograr un contexto social más favorable”.
Además, diversos medios de comunicación anunciaron que entre 200 y 400 policías han sido enviados al Valle del Tambo ante el inicio de las manifestaciones y el anuncio del paro indefinido. Estos efectivos se sumarían a los otros 174 policías de las 7 comisarías que existen en la provincia de Islay.
Cabe recordar que, en el 2015, la población del Valle del Tambo se manifestó contra este proyecto y, a causa del conflicto, fallecieron 3 civiles y 1 policía.
