Por Soc. José A. Lapa – Área de Comunicación e Incidencia – DHSF
En la historia reciente el corredor minero ha estado (y continua) atravesado por permanentes estados de emergencia, también por conflictos y procesos de diálogo que han constituido un campo de tensiones, disputas y lucha política:
1) La huelga de mayo del 2012 en Espinar contra Xstrata Tintaya por la contaminación ambiental y la reformulación del convenio marco, expresado en la pérdida de 3 vidas y criminalización de dirigentes; y que llegó a acuerdos después de 18 meses, comprometiendo una inversión estatal de S/. 1,600,000,000 millones, no obstante dejando pendiente de resolver la reformulación del convenio con la empresa exigida por la población; constituyendo una realidad luego de más de 6 años de pocos avances en la implementación de los acuerdos y en el último año de desactivación de los comités de seguimiento; 2) Paro de 72 horas en noviembre del 2016 de la provincia de Chumbivilcas por la contaminación ambiental generada por el transporte minero, modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, la formulación de un convenio marco para establecer compromisos económicos, sociales y ambientales por parte de las empresas mineras MMG-Las Bambas, Hudbay y Anabi, exigencia que se canalizaron en una mesa técnica y que luego de 6 meses llegó al acuerdo de invertir S/. 2,712´656,313.80 millones para 145 proyectos, ubicando al Ministerio de Energía y Minas como facilitador en la negociación de los convenios; constituyendo una realidad luego de casi 2 años de aún lentos y pocos avances en la implementación de acuerdos con el Estado y frustrados avances en los convenios con las empresas mineras; 3) Paro en setiembre del 2015 (y que continuó en noviembre del 2016) en la provincia de Cotabambas, que se transformó en un conflicto que generó la pérdida de 4 vidas, criminalización, debilitamiento del movimiento social, y reafirmación del poder minero.
Estos procesos de diálogo presentan algunos patrones que es importante resaltar: el diálogo se ha abierto fundamentalmente luego de movilizaciones, diálogos frustrados, predominio de la violencia y estados de emergencia, siendo el diálogo hijo del conflicto; la estrategia estatal de resolución de conflictos, siempre tardía, ha estado centrada en contener y desmovilizar girando en torno a los compromisos de inversión estatal, “shock de inversiones”, y el uso de la fuerza, y postergando lo relacionado a facilitar la re-formulación de convenios con las empresas mineras; las causas de los conflictos relacionados a contaminación ambiental (y personas), re-formulación de convenio marco casi (o no) se han resuelto; el rol del Estado en los espacios de diálogo ha sido de legitimación, parcialización e inclinación bastante evidente a los intereses empresariales; los actores de organizaciones de base han terminado concentrando el diálogo en aspectos económicos.
Causas irresueltas y nuevos temas en disputa
El mayor efecto político del conflicto de Yavi Yavi ha sido la constitución y reactivación de diferentes mesas de diálogo a lo largo del corredor minero. Dichas mesas se mueven en dos dimensiones, por un lado, retoman causas irresueltas de conflictos anteriores (Espinar, Chumbivilcas y Cotabambas) y, por otro lado, plantean temas antes indiscutidos con el Poder Ejecutivo y representantes en el Congreso, que se han vuelto populares entre los pobladores del corredor minero, aunque es poco probable de ser resueltos por el Estado y el gobierno actual dado su estructuración y orientación proempresarial: amnistía y convenio PNP-Empresa.
Así, en el caso de Espinar, se ha constituido por parte del Estado la Mesa de diálogo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Espinar que ha abierto un campo político de disputa de inversión estatal, reformulación del convenio marco al 8% de utilidades, salud centrado casi en la construcción del hospital y el laboratorio de metales pesados, y consulta previa ante el avance del proyecto Coroccohuayco de Glencore. Las reuniones han iniciado con la submesa de trabajo de inversión y desarrollo de la Provincia, que indudablemente abre un espacio mayor de negociación y maniobra al Estado, sin embargo, los otros campos de disputa muestran y mostrarán mayores resistencias dado que están relacionados a temas con poco interés por la empresa minera Glencore: reformulación del convenio marco que implica el incremento de aporte de sus utilidades y consulta previa ante su casi ya eminente inicio de operaciones de su nuevo proyecto Coroccohuayco. Entonces, lo que irá predominando en el espacio de diálogo es la estrategia estatal de shock de inversiones pendientes y futuras en la provincia que los envolverá en una dinámica de expectativas de inversión pública y desde el lado empresarial la estrategia de dilatación, dado que son temas en los que están dispuestos a sentarse por la coyuntura de presión social, pero poco dispuestos hasta ahora en darle alguna salida concreta.
En el caso de Chumbivilcas, se ha instalado la mesa de diálogo con MMG Las Bambas, el gobierno central y el gobierno regional han configurado un espacio con una propuesta de creación de un Fondo Social para el Desarrollo de Chumbivilcas donde se ha planteado un aporte de S/ 3 millones anuales por 6 años que ha generado el rechazo desde la población. Indudablemente este espacio se ha abierto por la necesidad de la empresa de tener una respuesta inmediata sobre la carretera por donde traslada su producción. No obstante la disputa por los montos de aporte económico, es más probable que se arribe a algún acuerdo, dado que al Estado y en especial a MMG Las Bambas les interesa mantener un escenario de estabilidad sociopolítica en el corredor minero. Siendo esta propuesta del fondo social una figura “nueva”, podría abrir puertas a otros espacios de diálogo para otros distritos y provincias, porque hasta ahora la actuación estatal y empresarial ha sido en relación a la presión social y movilización.
Mientras en Cotabambas se ha constituido el Espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos para el desarrollo en la zona de influencia del proyecto minero ‘Las Bambas’, que ha configurado un espacio complejo pero más interesante de diálogo y negociación: archivamiento de denuncias, convenio marco de la provincia y la empresa, implementación del canon minero, cumplimiento del plan de desarrollo de Challhuahuacho y de la provincia de Cotabambas, renegociación de las 17 condiciones y ‘Anexo K’ (suscritas en el 2004 por Xstrata Cooper), creación del seguro ambiental, compromiso del gobierno de no decretar más estados de emergencia y la nulidad del convenio entre PNP-empresa. Es poco probable que se logren avances en los espacios de diálogo constituidos, dada la correlación política y alineamiento del Gobierno (y el Estado) a los intereses empresariales, aunque en los acuerdos económicos y convenios es más probable que se concreten por lo estratégico que es la carretera para el desarrollo minero.
Entonces, lo que queda claro es que el campo de diálogo y negociación en el corredor minero sur andino desde el Estado estará concentrada en la estrategia de inversiones, y serias resistencias a lo relacionado a Amnistía y los convenios PNP – empresa; y un campo de disputa más duro y de fuerte resistencia del lado empresarial minero por parte de Glencore y Hudbay y en menor medida por parte de MMG Las Bambas por la necesidad de uso de vías para transportar metales. Siendo importante relevar que la movilización de las comunidades ha puesto en agenda pública el debate de la consulta previa, convenios PNP – Empresa, amnistía y reformulación de convenios marco; y con ello la política pública privilegiada del sector minero y el rol que ha jugado hasta ahora el Estado en la legitimación de los intereses empresariales y no en la garantía de derechos de las poblaciones y las comunidades campesinas del sur.
