Por Ramiro Llatas – Pdte. DHSF
Desde el día de hoy acaba de entrar en vigencia, el Decreto Supremo N° 006-2018-PCM que declara el Estado de Emergencia, por el término de treinta (30) días calendario en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, con una longitud aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención. La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Es una medida desproporcionada, porque en primer lugar, no se justifica, no existe en ese amplio territorio un estado de convulsión social que ponga en riesgo el normal desarrollo de las actividades normales que existen, tanto por el funcionamiento de las instituciones del Estado, así como por la vida normal de sus pobladores, cuyos derechos fundamentales no vienen siendo afectados.
Segundo, preocupa que entren a controlar el orden interno las fuerzas armadas. Ellas están preparadas para la guerra externa, pero no para intervenir, en el orden interno.
Tercero, es tremendamente desproporcional, declarar el Estado de Emergencia en un territorio tan basto. Recordemos que esta medida es eminentemente excepcional, es decir, se da cuando está en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones del Estado o la tranquilidad de la población, que no es el caso.
Es deplorable, que la medida se de, para proteger los intereses económicos de la empresa MMG Las Bamabas que explota principalmente cobre en Cotabambas y usan el corredor vial para transportar sus minerales hacia la costa.
En lugar de declarar el Estado de Emergencia se deberá crear mesas de diálogo vinculantes para escuchar a toda esta población que reclama ser escuchada en sus demandas de no contaminación a causa de los camiones que pasan todos los días levantando una polvareda que malogrado sus terrenos, su agricultura y mata sus animales.
Se equivoca el Gobierno. Que puede uno esperar de un Presidente mentiroso, una primer ministro Mercedes Aráoz que en su gestión se produjo la mayor cantidad de muertes producto de un conflicto social y ni siquiera se conmovió con ello. Un ministro de Defensa condenado por malversación de fondos y un ministro del interior fujimontesinistas.
Que se vayan esos funcionarios que tratan como delincuentes a nuestros compatriotas y que se anule el Decreto Supremo que establece el Estado de Emergencia.
