Después de que el Presidente de la República otorgara, de manera irregular y sin sustento legal, el indulto y derecho de gracia a Alberto Fujimori, las víctimas de esterilizaciones forzadas y sus abogadas realizaron el 11 de enero, alrededor de las 10 de la mañana, una conferencia de prensa en las instalaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) para expresar su postura e informar sobre los pasos que han tomado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Las víctimas informaron sobre sus exigencias al Ministerio Público donde se encuentra pendiente la formalización de denuncia. Así mismo, desatenciones en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), donde hay inscritas más de 4500 víctimas.
En la conferencia se contó con la presencia del hijo de Mamérita Mestanza, fallecida a consecuencia de esterilización forzada, así como Victoria Vigo y los deudos de Celia Ramos, quienes expresaran su postura y su indignación por los sistemáticos incumplimientos del Estado frente a sus derechos.
También participaron los representantes de la Asociación de Víctimas de Esterilización Forzada de Lima, quienes informaron sobre las vulneraciones de este gobierno al acceso a salud, justicia y reparación de las mujeres inscritas en el Registro de Victimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO). Denunciaron la reciente decisión del Ministerio de la Mujer de cerrar el servicio de atención psicológica y social, dejándolas sin protección.
En el año 2003, el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional por la esterilización de la señora María Mamérita Mestanza Chávez y se comprometió a realizar una exhaustiva investigación administrativa y penal contra los responsables de las violaciones de derechos humanos bajo el Programa Nacional de Planificación Familiar, así como a individualizarlos y sancionarlos. Fujimori fue el máximo responsable de la supervisión y ejecución de una política pública que recurriendo a incentivos indebidos y amenazas – conllevó la esterilización forzada de las mujeres indígenas, campesinas y en situación de pobreza en el Perú. Ahora, mediante el otorgamiento del derecho de gracia se impide que continúe la investigación en curso y se condene al señor Fujimori por su dirección y significativa participación en estas esterilizaciones, violando los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de Solución Amistosa, que son de obligatorio cumplimiento para el Perú y todas sus autoridades.
Las instituciones aliadas y que acompañan a las victimas son Demus, Aprodeh, CDR, CLADEM, CEJIL, Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, MAM LF, Colectivo por la Igualdad de Género Piura, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y GREF.
