Como es de conocimiento, la lectura de la sentencia del caso ‘Los Cabitos’ se postergó para ayer , 17 de agosto, a las 6:00 p.m. La Fiscalía, Abogados de ambas partes, familiares de las víctimas y periodistas esperaron con ansias la lectura de sentencia, que inició una hora y media después y culminó cerca de las 3:00 a.m. Los familiares, tuvieron que soportar casi 7 horas de lectura de la sentencia. Los ausentes fueron los tres procesados que acudieron sin falta a las audiencias anteriores.
La Sala Penal Nacional, presidida por Ricardo Brousset, decidió condenar a dos altos oficiales del Ejército por los asesinatos ocurridos en el cuartel ‘Los Cabitos’ en los años del conflicto armado interno. El primero, coronel EP (r) Édgar Paz Avendaño (79), jefe de inteligencia en el destacamento de la llamada Casa Rosada de Ayacucho, fue sentenciado a 23 años de prisión; y el segundo, coronel EP (r) Humberto Orbegozo Talavera (75), jefe del cuartel Los Cabitos, a 30 años de cárcel. Ninguno fue sentenciado por el delito de desaparición forzada.
Un fragmento de la sentencia señala que “Está probado que en la zona denominada La Hoyada se acreditó la existencia de fosas conteniendo restos humanos, en un mínimo de 109 personas, entre las cuales estaban los restos de Luis Alberto Barrientos Taco, conteniendo dos proyectiles de arma de fuego compatibles con el calibre 9 milímetros, utilizado por las fuerzas militares”.
Gloria Cano, abogad de APRODEH, se pronunció en su cuenta de Facebook cuestionando que no exista tal delito como parte de la condena, porque la parte acusada argumentó que, en el momento que se realizaron los hechos, la justicia no reconocía una desaparición como delito: ‘(La) Sentencia que tiene varios aspectos muy cuestionables, como es de declarar fundada la excepción de naturaleza de acción en cuanto al delito de desaparición forzada, según los jueces a algunos de los acusados no se les puede reprochar penalmente el delito de desaparición forzada por que a la fecha que esta figura ingreso a la norma penal, algunos de los acusados ya no eran funcionarios del estado por ello ya no tenían el deber de informar (…)Vamos a impugnar algunos aspectos de la sentencia’
Por otro lado, a dos mandos se les reservó la sentencia por salud mental: el general EP (r) Carlos Briceño Zevallos (90), excomandante general del Ejército; y el coronel EP (r) Carlos Millones D’estefano (86), jefe del Estado Mayor Operativo. También del oficial Arturo Moreno Alcantara, quien se encuentra prófugo. Finalmente, los jueces decidieron absolver al coronel EP (r) Roberto Saldaña Vásquez, jefe del Estado Mayor Administrativo, por falta de pruebas.
Además, se ordenó que el Estado y los acusados paguen una reparación civil de entre S/150 mil y S/250 mil, de forma solidaria, en favor de los agraviados. Al culminar la audiencia, la sala dispuso la inmediata detención de los sentenciados
Caso emblemático
Angélica Mendoza, o Mamá Angélica, como cariñosamente la conocen, es una de las mujeres que no ha sabido rendirse en la búsqueda permanente de su mejor hijo Arquímedes, quien fue secuestrado por los militares el 2 de julio de 1983. Ella, junto a su esposo Estanislao Ascarza, nunca pararon de buscar a su hijo. 34 años después, no conocen del paradero de su hijo. El mayor temor de Mamá Angélica, es que se muera sin antes saber del paradero de su hijo y saber que se hizo justicia con los responsables de su desaparición. Su esposo falleció hace más dos años.
Angélica, ha sabido mantener su esperanza, y fue la responsable de articular y organizar a las y los familiares de los desaparecidos en Ayacucho. Ella, desde su lucha, se ha encargado de que como país aún mantengamos memoria y exijamos verdad y justicia frente a tantos casos de desapariciones forzadas durante la época del terrorismo.
Con esta sentencia, el Estado reconoce que, junto a la brutalidad de Sendero Luminoso, también fue perpetrador de derechos humanos, principalmente de aquellos campesinos y campesinas que eran acusados de ser terroristas sin ninguna prueba. El caso ‘Los Cabitos’ resulta siendo un caso emblemático que revela como el Estado también viola derechos.