Después de 34 años, hoy, 16 de agosto, se habría dictado sentencia en contra de los militares que formaban parte del cuartel ‘Los Cabitos’ ubicado en #Ayacucho. El proceso judicial ha durado 14 años, y el juicio oral más de 6, y algunos de los familiares de las víctimas asesinadas y desaparecidas, han fallecido o están enfermos. Tras tantos años de espera, hoy por fin se leería la sentencia, sin embargo ninguno de los procesados se presentó a las instalaciones de la Sala Penal Nacional. Esta situación, llevó a que los jueces decidan suspender la audiencia para mañana a las 6:00 p.m.
¿Por qué la suspensión?
La representante del Ministerio público, Luz del Carmen Ibáñez, exhortó a los miembros de la Sala Penal, presidida por Ricardo Brousset, a continuar con la audiencia: ‘Quiero solicitar que no se tomé en cuenta esta actitud desafiante de los procesados, que debiendo estar aquí no han venido precisamente para intentar frustrar la lectura de esta sentencia’ sentenció Ibáñez.
Además apeló a la situación de vulnerabilidad de las y los familiares de las víctimas, que tuvieron que viajar desde Ayacucho: ‘Necesitamos respetar que estas personas son ancianas, están enfermas, son pobres, vienen desde Ayacucho, no tienen dinero para volver otro día, no tiene dinero para quedarse en Lima un día más, nadie les paga el pasaje, nadie les paga la comida (…) La audiencia debe continuar teniendo en cuenta que todos los abogados están aquí presentes’. A pesar de estos argumentos, los jueces aceptaron suspender la audiencia.
La situación más indignante fue escuchar a los abogados de los procesados, al argumentar que no sabían del paradero de sus patrocinados.
Los Cabitos: Lugar de tortura
El cuartel ‘Los Cabitos’ se convirtió en un lugar permanente de violaciones a los derechos humanos durante el tiempo de terrorismo que vivió nuestro país. Muchos de los sobrevivientes han manifestado que sufrieron diferentes tipos de tortura durante los interrogatorios para obligarlos a que se autodeclaren como miembros del grupo terrorista ‘Sendero Luminoso’. Por otro lado las violaciones sexuales a mujeres se habían vuelto una constante.
Altos oficiales que estuvieron destacados en el cuartel militar de Huamanga en 1983 están siendo juzgados por un total de 53 detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía solicita 33 años de cárcel para los altos mandos de dicha instalación militar: el Comandante General de las Fuerzas Armadas, Carlos Briceño Zevallos; al Jefe de Estado Mayor Operativo, Carlos Millones D’Estefano; al Jefe de Estado Mayor Administrativo, Roberto Saldaña Vásquez; al Jefe del Destacamento de Inteligencia, Pedro Paz Avendaño; y al Jefe del Cuartel Los Cabitos, Humberto Orbegozo Talavera. Además, la fiscalía pidió 30 años para Arturo Moreno Alcántara, quien tuvo a su cargo el equipo de Inteligencia y que participó en los interrogatorios.
Caso emblemático
Angélica Mendoza, o Mamá Angélica, como cariñosamente la conocen, es una de las mujeres que no ha sabido rendirse en la búsqueda permanente de su mejor hijo Arquímedes, quien fue secuestrado por los militares el 2 de julio de 1983. Ella, junto a su esposo Estanislao Ascarza, nunca pararon de buscar a su hijo. 34 años después, no conocen del paradero de su hijo. El mayor temor de Mamá Angélica, es que se muera sin antes saber del paradero de su hijo y saber que se hizo justicia con los responsables de su desaparición. Su esposo falleció hace más dos años.
Angélica, ha sabido mantener su esperanza, y fue la responsable de articular y organizar a las y los familiares de los desaparecidos en Ayacucho. Ella, desde su lucha, se ha encargado de que como país aún mantengamos memoria y exijamos verdad y justicia frente a tantos casos de desapariciones forzadas durante la época del terrorismo.
Con esta postergación, se sigue vulnerando los derechos de las víctimas y sus familiares. Sigamos vigilantes frente a este tipo de situaciones para denunciarlas y visibilizarlas. Desde DHSF, esperamos que tanto tiempo de espera, sepa ser recompensado con una sentencia que nos devuelva la esperanza en las instituciones y la ilusión en que nuestro país aún se puede confiar en la JUSTICIA.
