En el Perú, desde el año 2004 la Defensoría del Pueblo produce un Reporte Mensual de Conflictos Sociales, en cuyo contenido distingue las diversas formas de conflictividad que se identifican como: conflicto socioambiental, conflicto comunal, conflicto en asuntos de gobierno nacional – regional – local, conflicto por demarcación territorial, conflictos de índole laboral, conflictos producidos por el cultivo ilegal de coca, conflictos por efectos del resultado electoral, entre otros.
Hace unos días, la Defensoría del Pueblo publicó su reciente Reporte (1), en la cual Cusco se mantiene en el segundo lugar con mayor número de conflictos sociales. Hasta el año 2023 llegamos a dieciocho conflictos, sin embargo, ahora sumamos veinte conflictos.
Los primeros conflictos registrado por la Defensoría
El primer Reporte de la Defensoría que se emitió en abril de 2004, estuvo centrado principalmente en los conflictos sociales con las municipalidades. En el departamento de Cusco, los primeros reportes dan cuentan el cuestionamiento a las autoridades municipales de los distritos de Accha y Omacha de la provincia de Paruro, también de la provincia de la Convención.
En enero de 2007, en la práctica de reportes de la Defensoría, se destaca el conflicto en la provincia de Espinar. En este conflicto, la Federación Unificada de Campesinos de Espinar (FUCAE) y el Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE) son los principales actores. Desde mediados de mayo de 2005, estas organizaciones, a través de sus líderes comunitarios, se han movilizado en contra de la mina. Su demanda principal fue el cierre o la reubicación de la presa de relaves de Huanipampa, así como la revisión del «Convenio Marco», el cual tenía una vigencia de solo dos años, entre otros puntos en su agenda. Este convenio marco fue suscrito entre la Empresa Minera BHP Billington (Ahora Compañía Minera Antapaccay) y la provincia de Espinar. En ese entonces, desde el Ejecutivo, para abordar la problemática social y ambiental opta por instalar una mesa de dialogo.
Último reporte de la Defensoría
El Reporte de la Defensoría, que cuenta con diecinueve años de registro, señala una secuencia continua de Conflictos Sociales. Estos conflictos se intensificaron a medida que la actividad extractiva se expandía. Muchos de estos enfrentamientos se fueron volviendo comunes en lo que ahora se conoce como el Corredor Vial Apurímac – Cusco (2), un área o carretera principalmente utilizada para actividades mineras. Esta normalización implica una serie de impactos en los derechos de los pueblos indígenas que residen en las zonas de extracción.
El Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 241, de marzo de 2024, nos sitúa nuevamente como la segunda región con más conflictos sociales en el país, con un total de veinte puntos de conflictos. De estos, diecisiete están activos y tres latentes. Estamos por detrás de Loreto, que registra veintisiete conflictos. Es importante mencionar que trece de estos conflictos activos en Cusco son de naturaleza socioambiental.
Ahora, es necesario agregar que el Ejecutivo, representado por Dina Boluarte, su premier, equipos técnicos y antecesores, son responsables del fracaso de intervención social y de las mesas de diálogo. Prefirieron atender las demandas sociales con otros actos que no funcionaron, como es la permanente declaratoria de Estado de Emergencia iniciada el 2017 hasta el día de hoy, así como haber criminalizado a dirigentes sociales durante largos procesos de investigación y juicio. Si sumamos entre las provincias de Espinar y Chumbivilcas superan las doscientas personas, entre casos penales vigentes y archivados, así mismo, no funcionó la campaña agresiva contra dirigentes sociales quienes permanentemente son difamados por funcionarios públicos quienes suelen etiquetar, o a través de informes de inteligencia señalando que los dirigentes sociales constituyen una amenaza, no funcionó los constantes recortes presupuestales a las municipalidades cuya Autoridad decide acompañar las agendas ciudadanas.
No podemos dejar de citar a un número enorme de personas heridas de bala, perdigonadas y golpeadas, así como fallecidos durante las protestas sociales, así como, detenciones arbitrarias mientras el Estado interviene.
El Reporte de la Defensoría muestra un nivel mayor de Conflictividad Socioambiental centrado básicamente en el denominado Corredor Vial “Minero” Apurímac – Cusco, extractivismo, a fin de cuentas, corredor que comprende las provincias de Chumbivilcas y Espinar como paso del transporte de minerales y por el lado de Paruro por su uso como transporte logístico para las actividades extractivas. Ver gráfico:
En el grafico podemos ver como se ha distribuido el conflicto en los últimos años.
A modo de cierre
Dado que las Autoridades del Estado no han tenido éxito, no podemos simplemente quedarnos sin hacer nada. Necesitamos que los Consejeros Regionales, Regidores, Congresistas de la República y las organizaciones sociales regionales presten atención y tomen medidas. Deben considerar el Reporte de Conflictos como punto de partida para asegurar que las mesas de diálogo sean efectivas y no continúen siendo mecedoras.
No es difícil imaginar el resultado de la conflictividad si la receta Estatal es mesas de dialogo que no funcionan o que sirven para ganar el mayor tiempo posible, como es el caso de Espinar que supera los diecinueve años, o el caso de Chumbivilcas que ya van por nueve años.
No podemos continuar utilizando el mismo enfoque social que ha adoptado el Estado hasta ahora, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios, los Gobiernos Regionales y Locales. Estas entidades solo prolongan las mesas de diálogo en el tiempo y, a menudo, criminalizan a líderes sociales, como sucedió en Espinar durante las protestas del 2012, donde los líderes fueron absueltos poco después de ser acusados.
En el caso de Chumbivilcas, por las protestas del año 2011-2012 en la que se criminalizó a diez dirigentes. Trece años después, en el mes de abril del presente, la Corte Suprema se pronunció mediante sentencia de Casación donde anuló el juicio que declaró inocentes a los dirigentes. Ahora ordenó el inicio de un nuevo juicio, extendiendo así más años de criminalización ante una Fiscalía que ha desarrollado una investigación deficiente, como señala una sentencia colegiada.
El Reporte de la Defensoría del Pueblo nos debería hacernos reflexionar respecto del rol que todas y todos debemos cumplir como ciudadanos para abordar y tratar de solucionar problemas históricos como: la afectación a la salud por metales pesados, la contaminación ambiental que afecta nuestros recursos naturales. Además, es crucial que el Estado asegure que se respeten los derechos y libertades de aquellos que defienden estos derechos, sin perseguirlos ni estigmatizarlos.
Por Helio Cruz. Coordinador del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras
[1] Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 241 – marzo 2024. Disponible en el siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2024/04/ReporteConflictos_marzo2024.pdf
[2] El 05 de enero de 2017, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional de Apurímac y de Cusco, la Municipalidad Provincial de Cotabambas y la Empresa Minera Las Bambas S.A., suscribieron el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con la finalidad de desarrollar el proyecto denominado “Proyecto Corredor Vial Apurímac – Cusco desvío Pamputa – Tramo Emp. PE-3SF – Quehuira – Pte. Ichuray – Pte. Sayhua – Ccapacmarca – Desvío Huincho – Velille – Emp. PE-3SG (Espinar)”. Tomado de la R.M. Nº 372-2018-MTC/01.02, Reclasificación de manera definitiva como Ruta Nacional, diversas Rutas Departamentales o Regionales de la Red Vial de los departamentos de Apurímac y Cusco. Ver Considerando 8.
