Mientras el país acata las medidas de Aislamiento Social Obligatorio y saliendo limitadamente a abastecerse de alimentos, el alcalde de la Municipalidad de Canchis, provincia de Cusco, Jorge Quispe Ccallo es acusado de violencia sexual durante una presunta entrevista laboral.
Acusación
De acuerdo al pronunciamiento de la Corte Superior de Justicia de Cusco, K. P. F, de veinte años de edad, expuso que el último viernes 3 de abril de 2020, en pleno estado de emergencia sanitaria nacional, fue citada a una entrevista laboral con el alcalde municipal de la provincia de Canchis, Jorge Quispe Ccallo (38), y funcionarios de la municipalidad. Durante la presunta entrevista, K.P.F fue obligada a tomar bebidas alcohólicas, y sujeta a tocamientos indebidos, perdiendo el conocimiento y encontrándose horas después en un cuarto oscuro, sin saber lo ocurrido para luego ser trasladada a su domicilio en una movilidad municipal. Los padres de K.P.F, al ver a su hija en estado de ebriedad y con prendas de vestir que no le correspondían, realizaron la denuncia ante la policía. Esa misma noche, Jorge Quispe Ccallo fue detenido en su domicilio en estado de ebriedad.
El Ministerio Publico solicito 9 meses de prisión preventiva para Jorge Quispe Ccallo, por la presunta comisión de delito “contra la libertad sexual en su modalidad de tocamiento indebidos”, entre otros. El martes 7 de abril, en la Segunda Sala de Audiencias del Juzgado de Investigación Preparatoria de Emergencias de Canchis, Sicuani, a las 13 horas se realizó la audiencia, donde el magistrado, Julio Cesar Céspedes Murillo, declaro infundado el requerimiento de prisión preventiva por “no contar con suficientes elementos de convicción que vinculen el hecho delictivo al imputado” y dictando comparecencia simple resultando en la liberación del alcalde. Esta decisión fue apelada por la fiscal, quien presentó el recurso de apelación y será remitida a la instancia superior.
Denuncia de contradicción e Indignación Social
Saliendo de la audiencia, el abogado de K.P.F, Dr. Rómulo Salas, indico a medios locales contradicciones en la justificación del magistrado que desestimo el peritaje de la cámara Gesell requiriendo otros modos probatorios, bajo el sustento que la denuncia inicial de la agraviada no menciona tocamiento indebido. El abogado aserto que el testimonio de la presunta agraviada bajo cámara Gesell, donde ella pudo declarar los hechos en confianza, debería tener mayor peso que la denuncia realizada ante la policía horas después de lo incurrido, ya que su estado emocional estuvo afectado. Igualmente cuestiona que otros modos probatorios espera el magistrado para corroborar los hechos si los tres otros testigos están vinculados al alcalde y por ende su testimonio no es valorado. Finalmente, el abogado resalto sus preocupaciones sobre los motivos detrás de la decisión del magistrado en favor del alcalde, quien actualmente lleva una investigación sobre presuntos actos de corrupción.
A través de la redes sociales y medios de comunicación de a nivel nacional, organizaciones sociales como el Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis (Fudic) y Ni una Menos Cusco, instituciones nacionales, Flora Tristán, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a traves de su cuenta oficial @MimpPeru en Twitter, se han pronunciado sobre la acusación, mostrando gran indignación social y exhortando al Poder Judicial que realice con celeridad el debido proceso y que esta acusación no quede en la impunidad.
Derechos de la mujer en Riesgo durante cuarentena
Desde Derechos Humanos Sin Fronteras resaltamos que esta acusación se da dentro de un contexto donde las medidas adoptadas por el estado bajo el estado de Estado de Emergencia Sanitaria para contener la propagación del Covid 19, pone en mayor riesgo a las niñas, adolescentes y mujeres quienes se encuentran:
- En confinamiento obligatorio con sus agresores
- Con poca, demorada o nula asistencia por parte de las municipalidades que están operando con personal reducido y necesario solo ejecutar las medidas y apoyos sociales bajo el estado de emergencia
- Sin modalidades de denuncia o atención insuficiente de la policía nacional ante casos de violencia y violación sexual dado a que las comisarias están asumiendo la labor de asegurar el cumplimiento del aislamiento obligatorio y toque de queda
- Sin o con asistencia reducida de los Centros de Emergencia de la Mujer, que se encuentran cerrados, inactivos, y algunos operando limitadamente de manera remota
Contando con nula o asistencia limitada, se ha evidenciado que continua las agresiones y violaciones de derechos humanos de las mujeres durante el periodo de Estado de Emergencia Sanitaria. Cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) indican que durante los primeros 17 días de las medidas, recibieron más de 5 mil llamadas por violencia contra la mujer, 538 mujeres victimas de agresión, 43 denuncias de violación sexual de las cuales 27 son por violación sexual contra niñas.
Justicia y Seguimiento del debido proceso
Expresamos nuestra preocupación ante las acusaciones alarmantes realizadas por K.P.F, dado a que representaría una serie de delitos graves cometido por el alcalde, no solo por el incumplimiento de las medidas impuestas por la Emergencia Sanitaria por una autoridad, pero por las acciones indebidas contra la integridad física y psicológica de una mujer, las cuales bajo ninguna circunstancia pueden ser justificadas.
Por esto exhortamos a las entidades pertinentes que asuman sus deberes correspondientes, continúen con el debido proceso de esta denuncia y la atencion necesaria que require K.P.F, reiterando que las medidas impuestas por el estado de Emergencia Sanitaria no nulan, posponen o disctan el contrario y que como órganos del estado esta en su jurisdicción, velar por los derechos de la población.
Especificamente:
Exhortamos a la Policía Nacional que asegure el cumplimiento efectivo de las medidas de protección para K.P.F y sus familiares ahora y durante todo el proceso penal, ya que corren riesgo de ser sujeto a retribuciones por realizar una denuncia contra un funcionario y figura pública.
Exigimos al Ministerio Publico que realice la investigación del delito con objetividad, transparencia y legalidad, asegurando la efectiva representación legal de K.P.F. y vigile la continuidad del proceso judicial, siempre aplicando la sensibilidad y las medidas especiales que requieren denuncias de violación sexual, evitando la revictimizacion de K. P.F.
Exigimos al Poder Judicial que evalué en plena objetividad y acorde a la ley el recurso de apelación sobre la solicitud de prisión preventiva para asegurar el desarrollo de la investigación penal sin amenaza y hostigamiento en contra K.P.F y su familia, considerando que el denunciado ejerce un cargo de autoridad como alcalde. Ademas, pedimos que se desarrolle el juicio penal con urgencia, riguridad y siguiendo el debido proceso que implica casos de violación sexual contra mujeres, incluyendo la valorización objetiva y con enfoque de género testimonios bajo cámara gesell y evitando la revictimización de K. P.F.
Exigimos al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que continúe brindando atención y acompañamiento psicológico efectivo a K.P.F y, junto con la Defensoria del Pueblo, vigile el proceso penal para asegurar que se desarrolle acorde a la ley y las medidas necesarias que requieren denuncias de violación sexual.
Sumándonos a las preocupaciones de la sociedad civil, estaremos atentos al desarrollo de este caso.
