El caso de criminalización “Ccapacmarca 2020” se originó el 24 de enero de 2020, a raíz de la denuncia en vía de prevención realizada por la minera “Las Bambas” ante la Fiscalía Provincial Penal de Chumbivilcas por los delitos de disturbios, daño agravado, atentado contra los medios de transporte público y coacción. Dicha investigación recayó en la carpeta fiscal 48-2020.
Los denunciados fueron nueve defensores; exdirigentes y expresidentes comunales del distrito de Ccapacmarca. Entre ellos estaban Luis Huamani Fuentes, Juan Carlos Monge García, Santiago Huamani Salva, Jose Ángel Esquivel Domínguez, Renato Charcahuana Peña, Jesús Peñafiel González, Pedro Pepe Gamarra Peñafiel, Silvio Choqueccata Flores y Mario Vallejo Yupanqui.
Lo que resulta sorprendente es que el motivo de la denuncia fue el hecho de convocar a una “huelga indefinida por contaminación ambiental y defensa de su territorio”, además de la respuesta inmediata que tuvo la empresa minera, con la criminalización a los dirigentes, antes de iniciar la protesta.
Al respecto, es importante mencionar que la protesta social es un derecho humano y que los dirigentes ejecutan las decisiones tomadas por sus pueblos. Con acciones como estas lo único que hacen es continuar con la instrumentalización el derecho penal atentando contra el derecho a la protesta social.
Derechos Humanos Sin Fronteras, luego de conocer este caso de criminalización a la protesta social, asumió la defensa legal de los defensores criminalizados, hizo el seguimiento respectivo y logró el archivamiento definitivo de la investigación.
De esta manera, una vez más, se intenta contribuir con la disminución de los casos de criminalización en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. La criminalización es una práctica conocida que suelen emplear las empresas y el mismo Estado, a través de sus instituciones, en el denominado “Corredor Minero del Sur Andino”.