El último 19 de febrero, se ha publicado el ‘Informe: Convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas en el Perú. Análisis de las relaciones que permiten la violación de los derechos humanos y quiebran los principios del Estado democrático de Derecho’. Un documento que cuestiona los convenios entre la PNP y las empresas privadas y extractivas en nuestro pais. Su principal conclusión es que este tipo de prestación de servicios policiales extraordinarios son inconstitucionales e inconvencionales, y además deslegitiman la función policial ante la sociedad.
El estudio fue elaborado y sistematizado por el Instituto de Defensa Leg.al (IDL), Earthrights international y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y apoyado por diferentes organizaciones de base e instituciones del interior del país. El documento cuestiona la Sexta Disposición Complementaria de la Ley de la Policía Nacional del Perú y las demás normas que consienten la suscripción de los convenios.
«Los convenios se han convertido en una herramienta ilegítima contra la movilización social y en particular contra la protesta.(…) Los convenios deslegitiman la función policial porque representan la «privatización de la función policial, que se ve desnaturalizada y orientada a la protección de intereses corporativos en vez de los de la colectividad», se cita textualmente en las conclusiones.
