Redacción DHSF
Un grupo de comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas, asesoradas por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), interpuso una demanda de amparo en contra de la “sistemática suspensión de la libertad de reunión” y el derecho a la protesta en las zonas por donde pasa el Corredor Minero del Sur.
Abogados y dirigentes informaron en conferencia de prensa virtual que la demanda planteada es en contra la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio del Interior, y busca que se suspenda el estado de emergencia en este tramo vial, porque atenta contra el derecho a la reunión y a la protesta, reconocidos en la Constitución Política del Perú.
Sucede que el Ejecutivo nacional emitió más de 20 decretos declarando en estado de emergencia el corredor vial. Según el abogado del IDL, Juan Carlos Ruiz, lo hizo bajo el argumento de que hay numerosas protestas que generan un clima de “grave afectación al orden interno e impiden el funcionamiento del corredor minero”.
El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Chumbivilcas, Carlos Quispe, sostuvo que sienten que sus derechos han sido recortados permanentemente con las declaratorias de emergencia.
Mientras que el abogado de la organización DHSF, Helio Cruz, dijo que el gobierno recurre a esa medida sin respetar derechos y sin considerar que las protestas sociales ocurrieron en territorio de propiedad de los comuneros. “El Poder Judicial debe establecer criterios para que los estados de emergencia no afecten los derechos de las comunidades. En muchos casos el único camino que tienen las comunidades para ser escuchadas es la protesta social, que es un derecho”, anotó.
Hay que precisar que actualmente hay una veintena de conflictos sociales en todo el corredor vial, entre Apurímac, Cusco y Arequipa, que el gobierno empezó a atender en mesas de diálogo. No obstante, estas mesas han quedado suspendidas como consecuencia de la emergencia nacional por el coronavirus.
Las comunidades rechazan el paso de camiones mineros y exigen la anulación de la resolución ministerial 372 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que clasificó vías locales y departamentales a la categoría de nacional, para facilitar el uso de varios tramos por las empresas mineras para el transporte de minerales.
