Los problemas ambientales, y en particular la posible afectación de las aguas de la cuenca del Cañipia en Espinar podría complicarse, pues la Autoridad Nacional del Agua (ANA) emitió una resolución que autoriza a la empresa minera Glencore Antapaccay el vertimiento de aguas residuales en el río Cañipia.
La empresa en mención, solicitó la autorización de vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, provenientes de los tajos Norte y Sur, conducidas a la Planta de Tratamiento de Aguas Excedente-PTAE del Proyecto Minero Antapaccay – Expansión Tintaya, el cuerpo receptor de esta actividad sería el río Cañipia, específicamente en 2 zonas: la primera abajo del vertimiento, bocatoma del canal San José, en la comunidad de Alto Huarca y la segunda en la parte baja de la confluencia con el río Choco y aguas arriba del vertimiento. De acuerdo a todos los procesos administrativos que implica el trámite finalmente la Autoridad Nacional del Agua emite la R.D. 131-2017-ANA-DGCRH, donde autoriza el vertimiento con una vigencia de 03 años, dicha fuente de agua está clasificado con la Categoría 3: «Riego de vegetales y bebida de animales». Esta disposición está sujeta a:
- La fiscalización de la ANA para monitorear de acuerdo a los parámetros establecidos en el D.S. Nº 010-2010-MINAM, donde los parámetros de control serán: pH, T°C, 0D, SST, algunos metales pesados como el arsénico, plomo, cadmio, mercurio, zinc y hierro así como también cianuro WAD, aceites y grasas. Además del caudal y volumen acumulado.
- Al pago de la retribución económica por el vertimiento de aguas residuales industriales tratadas de un volumen anual de 3 153 600 m³/año.
- A tomar las medidas necesarias para mejorar el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales y de esta manera minimizar la afectación al cuerpo receptor.
- A contar con un sistema de medición de caudal para el vertimiento autorizado, instalación que deberá ser reportada en el primer reporte de monitoreo trimestral.
- Brindar las facilidades del caso a los representantes de la Autoridad Nacional del Agua para realizar las labores de fiscalización.
El volumen del caudal autorizado es de 100 l/s (litros por segundo), alcanzando un volumen anual de 3 153 600 m³/año, y podría ampliarse en su máxima capacidad hasta 350 l/s de acuerdo a la actualización de su instrumento de Gestión Ambiental. Toda esta información está contenida en la resolución mencionada.
Sin embargo quedan varias dudas y preocupaciones. Primero, la ANA ya aprobó dicha petición de la empresa minera sin información previa, ni mucho menos fue consultada a los pobladores del entorno minero y de la cuenca del Cañipia, sabemos que ello no es parte del proceso, pero hubiese ayudado a transparentar dicha acción con la población que habita en la zona. De otro lado el inicio del vertimiento ya es visible en cuanto al caudal del río Cañipia, muchos de los comuneros que habitan en la zona quedaron sorprendidos al observar que la cantidad de agua aumento sustancialmente, no se sabe que impactos se va a generar en las poblaciones aledañas al rio Cañipia, si el agua es apta para consumo animal y para riego son algunas preguntas que se hacen.
Creemos que es necesario implementar monitoreos del agua permanentes y además participativos por parte de la empresa y de las instancias estatales (ANA, OEFA) en la cuenca del Cañipia, pero además pedir transparencia en el control que se harán a la calidad y cantidad del agua, para no afectar ningún tipo de vida que use o habite en la cuenca.
Así mismo las inspecciones también deben ser realizadas por la DIGESA para evitar posibles daños a la salud humana por contaminantes ambientales. Consideramos también que el trabajo que viene realizando Derechos Humanos Sin Fronteras a nivel de monitoreos comunitarios del agua en el Cañipia podrían servir para establecer una línea de base y hacer análisis comparativos con los resultados después del vertimiento de las aguas de la mina.
Mientras estos aspectos no estén claros la población va a desconfiar de la resolución que ha autorizado el ANA a la empresa minera, ya que los daños al medio ambiente y por ende a la salud de las personas en el entorno minero son cada vez más evidentes.
