El día de ayer, 18 de marzo de 2019, en la mesa de partes del Poder Judicial – Sede Espinar las comunidades originarias Huini Coroccohuaycco y Pacopata, afectadas por la Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental denominado “Glencore Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco” de la Minera Glencore Antapaccay, han presentado una demanda constitucional de amparo exigiendo al Estado Peruano a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles – SENACE inicie el proceso de consulta previa libre e informada conforme a los estándares internacionales. El caso está siendo patrocinado por el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos sin Fronteras y CooperAcción.
Cabe destacar que desde el año 2018 la empresa minera Glencore Antapaccay tramita ante SENACE la evaluación y aprobación de la MEIA denominado “Glencore Antapaccay Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco”. Este tiene como objetivo ampliar sus operaciones tanto en Tintaya y en Antapaccay, así como construir un nuevo tajo y operaciones de la zona Coroccohuayco. A pesar de sus dimensiones y altos impactos, dicho estudio no ha incluido la consulta previa a las comunidades que serán afectadas; además no se ha incluido a las comunidades que también podrán ser afectadas por los impactos acumulativos de las operaciones mineras en las fuentes de agua.
Así mismo, en los últimos días la empresa minera ha visitado las comunidades para entregar en manos de estas el levantamiento de observaciones al MEIA, sin embargo, este acto administrativo lo debe implementar el SENACE como órgano rector que aprueba los estudios de impacto ambiental y no la empresa minera. En ese sentido, las comunidades mencionadas exigen que se realice la consulta previa del MEIA previo a su aprobación, este en un procedimiento necesario que decidirá si la empresa minera interviene o no la zona afectada a partir de su expansión.
Las comunidades campesinas originarias de Espinar exigen que se respeten sus derechos fundamentales y se realice la consulta previa del MEIA, en el momento señalado de acuerdo a los estándares internacionales: antes de que este sea aprobado por el SENACE. Solo mediante la consulta previa de este instrumento, podrán dimensionarse de manera real sus impactos y medidas de mitigación; y así garantizar los derechos fundamentales de la población a decidir sobre sus vidas y territorios.
A pesar de más de 30 años de minería en Espinar, nunca se ha realizado en la zona un proceso de consulta. Las comunidades denuncian la falta de transparencia y de real participación, lo que genera conflictos y desconfianza en la población.
