Redacción DHSF
Pobladores de Espinar heridos de balas, perdigones y bombas lacrimógenas, presentaron su denuncia por lesiones ante la Fiscalia de la Nación los días 24, 25, 27 28 de julio. Dichas lesiones fueron producto de la violenta represión policial durante los 24 días de protesta que vivió la provincia, mientras exigían mejores mejores condiciones de negociación ante la empresa minera Antapaccay. Entre los denunciantes se encuentran 3 menores de edad.
El 20 de julio, Juana Apaza de 35 años fue afectada por una bomba lacrimógena que casi le destroza el tobillo del pie izquierdo, la consecuencia es que cuando camina mucho o hace frío, se le hincha el pie. Ella es el sustento de hogar, es madre soltera y comerciante: vende verduras y pese a su herida tiene que ir a trabajar para alimentar a sus hijos.
El 22 de julio, Wilmer Ilachoque Ccolqque de 27 años junto a otros jóvenes llegó a protestar a la zona de Tintaya-Marquiri donde se produjo un enfrentamiento. Él recibió un disparo de bala de la Policía que perforó su pierna derecha. Por suerte la bala entro y salió, afectando únicamente a su muslo sin comprometer al hueso. Sin embargo, ahora está herido, no puede trabajar y no genera ingresos para pagar la alimentación y educación de sus hermanos menores. La Policía intenta negar el uso de balas durante la represión, pero la médico cirujano del hospital de Espinar, Gloria Cárdenas, confirmó en un testimonio a un medio local, que los heridos del 22 de julio eran de bala: “Les están disparando, no perdigones, les están disparando balas. ¡Esto es indignante!”.
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado de IDL-Instituto de Defensa Legal, explica que en el contexto del conflicto de espinar hay un “Andamiaje institucional compuesto por tres componentes; convenios entre minera y policía, estados de emergencia preventivos sin acreditar que hay una grave afectación al orden interno, y la existencia de normas penales que criminalizan la protesta”
Los pliegos de reclamos por los cuáles se levantaron en protesta fueron: el beneficio del bono de S/ 1000, la reformulación del Convenio Marco, la anulación del proyecto Integración Ccoroccohuayco, atención a las personas afectadas con metales pesados, entre otras demandas ignoradas por el estado y la minera desde hace mucho.
