Por Martín López
Comunicación e Incidencia – DHSF
Jorge Bracamonte, o ‘Tito’ como también es conocido, es el actual Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), un espacio que articula a 82 organizaciones de todo el Perú. Conversamos con él para conocer su perspectiva sobre la agenda de derechos humanos durante el 2018.
Tito, ¿Cuál sería tu balance sobre lo que hemos vivido como país durante el 2018?
Tengo la impresión que ha sido un año bastante crítico sobre la situación de derechos humanos en el Perú y América Latina. Un elemento que marca este contexto de dificultades, tiene que ver con la situación de la democracia en el Perú, que se ha manifestado con sus contradicciones para garantizar plenamente la gobernabilidad. Estamos frente a una democracia acechada por grupos de poder ecó- nomo y político, e incluso por fuerzas criminales.
Y eso ¿La convierte en una ‘democracia’ que ter- mina favoreciendo a las grandes empresas?
Se mantiene la lógica de pensar el desarrollo a partir de grandes inversiones, esto termina por debilitar más al Estado, sobre todo en acciones de fiscalización, porque hemos continuado con los paquetazos ambientales u otras medidas que han implementado otros gobiernos, pero se ha evidenciado la práctica en que el Estado Peruano es garante de la inversión de grandes corporaciones, y no lo vemos con la misma pro actividad en la defensa de
los derechos de los pueblos indígenas, esto conlleva a la precarización de los derechos humanos.
Y frente a esta crisis muy evidente ¿Qué se está priorizando desde la CNDDHH?
La Coordinadora tiene ejes temáticos que consideramos indispensables, el primer eje que me parece fundamental, es el de institucionalidad democrática, pues la corrupción se ha tornado un tema sensible, aquí quiero señalar que desde el país ha habido una suerte de despertar ciudadano que nos ha permitido canalizar nuestra indignación, porque es inevitable que la corrupción nos afecta a todas y to- dos. Otros ejes, igual de importantes, es pensar la
situación de los pueblos indígenas y la vulneración de sus derechos, la situación post conflicto armado interno y cómo desde el Estado se están priorizando las reparaciones para las víctimas y finalmente la apuesta por la no violencia hacia las mujeres, niñas, niños, adolescentes y población LGTB.
Si hablamos de corrupción, los audios de Cesar Hinostroza han marcado la agenda política durante este año
Con el escándalo de los CNM audios hemos visto como redes corruptas y criminales han penetrado el sistema de justicia, generando muchas movilizaciones en todo el Perú, la ciudadanía tuvo un cambio de actitud frente a la corrupción, despercudiéndose de la normalización de actos corruptos, desde ahí se ha producido un cambio sustantivo porque emerge una voluntad de tolerancia cero frente a la corrupción, y hay un respaldo amplio a jueces y fiscales que están sentando en el banquillo de los acusados a quienes han delinquido abusando del mandato ciudadano que les dio poder. El caso ‘LavaJato’ es el más conocido, hasta la fecha muchos presidentes y ex-presidentes regionales vienen siendo investigados.
Aunque a veces la percepción es que la coyuntura nacional posterga otras agendas, por ejemplo la de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas vienen siendo violentados, generando desprendimientos de sus territorios, sufren de afectación por metales pesados, afectando su derecho fundamental a la vida. Esto es un tema que lamentablemente se ha multiplicado en el país. Afortunadamente existen muchas organizaciones articuladas a la CNDDHH que están acompañando a estas poblaciones, pero es necesario que el Estado actúe. En estos contextos surgen las y los defensores de derechos humanos, que son hostigados o amenazados por grupos económicos, que a veces termina en su muerte, como ha sucedido en Lambayeque, en la Reserva de Chaparrí. Aquí hay una realidad que tenemos que tener en cuenta, porque desde el gobierno no se ha formulado mecanismos que garanticen el derecho a defender derechos.
Otro tema importante es la situación de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas
Hay un conjunto de agendas sectoriales y específicas, una de ellas es la de las mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad durante la dictadura del fujimorismo. Después de muchos años de lucha y procesos judiciales, por fin se ha oficializado una denuncia fiscal contra Alberto Fujimori, en el que incluyen a varios de sus funcionarios, responsabilizándolos de ejecutar una política de salud que vulnera los derechos de las mujeres rurales e indígenas. A pesar de ser un logro, sigue siendo una agenda dura, y lo difícil que es mantener el tema de derechos humanos en el Perú, no puede ser que las víctimas tengan que esperar casi veinte años para empezar a ver alguna luz de justicia.
Ya que mencionas a Fujimori, un hecho que no podemos dejar de mencionar es su indulto
A pesar que PPK asumió compromisos públicos con la sociedad civil para no indultar a Fujimori, pero como ya sabemos el 24 de diciembre del 2017 terminó haciéndolo. A partir de esa fecha, todo el Perú se movilizó, incluso en el extranjero. En este tema hay que señalar a los familiares de las víctimas del fujimorismo, quienes nunca se han cansado por luchar para que el indulto se revierta, llegando incluso a instancias internacionales. Ya sabemos que ahora por mandato judicial Fujimori tendrá que regresar a prisión, ahora lo que nos preocupa es la efectivización de este mandato, a la fecha el permanece en una clínica privada, incluso desde el Congreso se han presentado proyectos para conseguir su libertad o prisión domiciliaria. Necesitamos mayores garantías del Estado en cumplir sus funciones, porque queda abierta la ventana de la impunidad, ahí el movimiento de derechos humanos tiene una gran responsabilidad de luchar en contra de esta situación.
Tito, aunque ya has adelantado algunas cosas, ¿Qué te parece la gestión de Vizcarra?
Un presidente se debe a la ciudadanía, y no a los grupos de poder, en ese sentido, tenemos la impresión que Martín Vizcarra ha decidido no tener un ‘acuerdo de gobernabilidad’ con estos sectores que desde el Congreso de la República insisten en debilitar nuestra democracia. Vizcarra los ha sabido enfrentar, pero también la movilización ciudadana le ha dado elementos para hacerlo. El referéndum es consecuencia de esta confrontación contra los poderes, sin embargo creemos que estas preguntas o proyectos de ley en consulta ciudadana no van a solucionar de raíz los problemas que tenemos como país. Con esto, lo que quiero señalar, la garantía de los derechos humanos y procesos de cambios profundos, van más allá de un referéndum.
Es cierto lo que señalas, Vizcarra mantiene una aprobación ciudadana, sin embargo ha decidido mantener políticas económicas por encima de los derechos humanos
Este es un problema del conjunto de la región de América Latina, y que obviamente también tiene el gobierno de Vizcarra, que no se imagina otra forma que garantice el desarrollo económico del país, sino mediante la inversión de transnacionales que se sostienen sobre la explotación de recursos primarios. Como en todo gobierno hay algunos aspectos que podemos valorar, como es la lucha contra la corrupción, pero sobre el modelo económico, lo que hemos tenido es un evidente debilitamiento del marco de ejercicios de derechos que no debemos permitir y estar muy atentos para no terminar por atentar más con nuestra democracia•
