Las barreras en la lucha contra la violencia de género en comunidades campesinas durante cuarentena.

Foto: Miguel Gutierrez

Yulissa Casana – Comunicaciones DHSF

A medida que las cifras de contagio de COVID-19 aumentan en el mundo, cada vez son más los casos de violencia de género como resultado del confinamiento. Esta realidad también es visible en nuestra región. Durante la emergencia sanitaria, la Corte Superior de Justicia de Cusco emitió 54 resoluciones de medidas de protección para las víctimas de violencia. La mayoría de las denuncias fueron reportadas en las provincias de Chumbivilcas y Espinar; 37 de las agraviadas se encontraban en riesgo severo y 17 agresores fueron detenidos en flagrancia.

Deficiencia y discriminación en el acceso de servicios, al igual que la normalización de la violencia, hace difícil obtener datos estadísticos de violencia de género de la región, especialmente de zonas rurales. En Cusco, según el Ministerio de Cultura, actualmente hay 755 comunidades campesinas, muchas de ellas afectadas por proyectos y actividades extractivas mineras que -de acuerdo a estudios- pone a la mujer en situación de mayor desventaja al agravar desigualdades existentes.

La pandemia de coronavirus ha acentuado las condiciones de vulnerabilidad de niñas, adolescentes y mujeres adultas, quienes en la mayoría de los casos tienen que convivir en cuarentena con el agresor. Esto tiene un impacto alarmante en las comunidades rurales, dado que las mujeres tienen que vencer adicionalmente barreras lingüísticas, culturales y geográficas para denunciar la violencia de género de la que son víctimas. Además, la restricción total de transporte público hace casi imposible la posibilidad que mujeres que viven en el campo, puedan buscar algún tipo de ayuda o escapar de la situación de violencia.

A nivel nacional hasta la fecha se han registrado en total 8 feminicidios, según las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, a Canal N. A parte de los feminicidios, hay 162 denuncias de violación sexual, de las cuales el número de víctimas menores de edad (niños, niñas y adolescentes) es 102. La línea 100, el numero habilitado para brindar orientación a mujeres en peligro, recibió 8 mil llamadas en los primeros 40 días de la cuarentena, representando 360 llamadas por día.

DECRETO LEGISLATIVO SIMPLIFICA PROTECCIÓN A VÍCTIMAS

En respuesta a este problema social que ataca los derechos fundamentales de las mujeres, el lunes 27 del corriente, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1470, el cual simplifica el procedimiento de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria para que cuenten con medidas de protección oportuna.

La medida ordena al Poder Judicial, a través de sus Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional, habilitar los recursos tecnológicos necesarios para la comunicación directa entre la víctima y el juez/jueza, por ende, se prescinde de la realización de audiencias para el otorgamiento de medidas de protección y/o cautelares. Además, establece coordinaciones entre entidades del Estado se realicen por el medio que tengan a su alcance y que la Policía Nacional del Perú georreferencia la dirección de la víctima, para agilizar el cumplimiento de las medidas de protección.

Entre las disposiciones, también figura que independientemente del nivel de riesgo en que se encuentre la víctima, toda denuncia se comunica inmediatamente al juzgado competente; la atención de casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, desde que se produce la denuncia hasta que se dicta las medidas de protección, no puede exceder el plazo de 24 horas; de igual modo, se prioriza el retiro del agresor del hogar, entre otras disposiciones complementarias.

LEYES SIN UN ADECUADO CONTEXTO CULTURAL

No obstante, existe un problema al momento de abordar la violencia de género desde la mirada de las comunidades andinas, pues consideran que las leyes responden a una lógica e institucionalidad urbana. Es decir, las víctimas deben superar una serie de obstáculos para asentar la denuncia como barreras geográficas y tecnológicas, racismo y dificultad para comunicarse en su lengua materna. Esto a pesar que el Estado debe garantizar el acceso a los servicios de atención y de justicia en términos tanto geográficos como culturales y sociales.  A ello se suma la falta de hogares temporales para las víctimas de violencia de género, como es el caso de las provincias de Espinar y Chumbivilcas.

Si bien el Decreto Legislativo N° 1470 es un avance en la adecuada atención de la violencia de género, el camino todavía es sinuoso, precisamente, porque la discriminación de género atraviesa tanto el sistema estatal como el comunitario.

Muchas veces la violencia de género es abordada como violencia familiar o doméstica. Al definirla y tratarla bajo términos distintos, no hay un verdadero análisis a nivel sociocultural sobre los derechos humanos de la mujer y las causas de la violencia. No se profundiza en el modelo patriarcal, que fomenta el control sobre la víctima por el hecho de ser mujer y que sostiene relaciones desiguales de poder entre varones y mujeres en nuestra sociedad.

IMPACTO EN MILLONES DE MUJERES

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) advierte el impacto de la pandemia en la vida de las mujeres en los resultados de un estudio realizado por Fondo Población de la ONU, junto a Avenir Health, la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos y la Universidad Victoria, de Australia. Entre las conclusiones de la investigación figura que la incapacidad de conseguir anticonceptivos puede llevar a siete millones de embarazos no deseados en los próximos meses; asimismo, el aumento de la violencia de género en un 20 % durante los períodos de encierro, por lo que habría 31 millones de casos de abusos adicionales para un confinamiento de seis meses.

En ese sentido, los planes de respuesta y las medidas económicas y sociales para enfrentar el coronavirus deben incluir a las mujeres como eje central y no solo como víctimas de un sistema patriarcal, que históricamente nos ha colocado en un lugar inferior sin distinción de la mujer urbana y rural. Las acciones de los diferentes niveles de órganos de gobierno, así como la participación ciudadana en las instancias comunales son importantes en la lucha por lograr la igualdad de género que exigimos las mujeres y que hoy es responsabilidad de todos y todas, ya que estar en cuarentena no significa estar en silencio.

Fuentes:

https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-legislativo-que-establece-medidas-para-garantizar-la-decreto-legislativo-n-1470-1865791-1/

https://canaln.pe/actualidad/coronavirus-siete-feminicidios-se-registraron-peru-durante-estado-emergencia-n412206

https://larepublica.pe/sociedad/2020/04/10/violencia-familiar-en-cuarentena-pj-emitio-54-medidas-de-proteccion-en-cusco-lrsd/

https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/Round2-FollowUp-ShadowReport-Peru.pdf

http://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/Cartilla%20Cusco%202020.pdf

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_inicio/as_enlaces_destacados/as_imagen_prensa/as_notas_noticias/2020/cs_n-medidas-de-proteccion-durante-cuarentena-01052020

Mujeres, Minería y Salud Mental en Espinar

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