Fotos: Miguel Gutierrez / La República
Redacción DHSF
Sin el compromiso y el tesón de Melchora Surco Rimachi y otros defensores y defensoras, lo más probable es que ninguna entidad del Estado habría escuchado el reclamo de atención en salud a los comuneros contaminados con metales tóxicos en la provincia de Espinar.
Un día de enero del 2015, Doña Melchora Surco Rimachi observaba con una mezcla de tristeza e impotencia cómo el suelo del sector Paccpacco, en la comunidad campesina de Alto Huancané, había mutado. Por encima, había pastos enormes y verdes, lo que contrastaba con una maloliente y cenagosa composición del subsuelo.
Dos años antes, un estudio había determinado que el suelo de por lo menos dos comunidades de Espinar, Alto Huancané y Huisa, estaban contaminadas con metales tóxicos. Lo que no fue determinado fue si la mina Tintaya (ahora Antapaccay de Glencore) era la fuente de la contaminación.
Desde entonces, doña Melchora Surco, una destacada lideresa quechuahablante, emprendió una cruzada para que las autoridades asuman acciones para ayudar a las familias afectadas por la contaminación.
Comenzó la pelea movido por la preocupación mostrada por la mayoría de miembros de la comunidad Alto Huancané. Y, sobre todo, porque su nieto estaba contaminado. En la orina de Yedamel, nieto de doña Melchora, hallaron metales pesados durante el despistaje hecho en enero del 2013 por el Laboratorio Ambiental de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, por encargo del Instituto Nacional de Salud (INS) y el Centro de Salud Ocupacional y de Protección del Ambiente para la Salud del Ministerio de Salud (Censopas).
En el organismo de los habitantes de Alto Huancané y Huisa había cantidades dispares de cadmio, arsénico, plomo, talio, manganeso y mercurio. Asimismo, encontraron antimonio, bario, berilio, cobalto, cesio, estaño, estroncio, molibdeno, platino, uranio y tungsteno. Eran aquel año 37 menores de 18 años, 74 adultos y 68 ancianos de las comunidades de Alto Huancané y Huisa.
Doña Melchora fue la fundadora y presidenta de la Asociación para la Defensa de Paccpacco Afectada por la Minería (ADEPAMI) que -junto a otras organizaciones- llevó el pedido de atención en salud al Poder Judicial. Durante más de cinco años, doña Melchora se concentró en conseguir atención médica para los comuneros de las dos comunidades.
La lucha de Melchora y otros líderes y lideresas dio sus frutos. El 30 diciembre de 2020, la Sala Mixta de Canchis confirmó la sentencia del Juzgado Mixto Penal Liquidador de Espinar, del 5 de diciembre, que dispuso que “el Ministerio de Salud (Minsa), en el plazo de 90 días, tiene que cumplir con diseñar e implementar una estrategia de salud pública de emergencia sanitaria» a favor de los comuneros.
Para cumplirlo se debe elaborar un plan de acción que contenga lugar, objetivo, plazo, financiamiento, actividades, indicadores de cumplimiento, responsables, plazo, monitoreo y evaluación con la finalidad de establecer un programa de atención médica, así como vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, incluyendo el monitoreo constante de los estándares de salubridad del agua”.
Muchos años después, en enero pasado, doña Melchora ya no observa las tierras cenagosas y malolientes del sector Paccpacco, sino que está en un auditorio reclamando que la sentencia lograda sea cumplida. “Mis parientes y mis animales están muriendo… Nosotros también tenemos derecho a comer sano”, dijo en una conferencia de prensa.
Los últimos años de doña Melchora Surco Rimachi, de 65 años, constituyen un ejemplo de templanza y compromiso social de una defensora quechuahablante. Un ejemplo a seguir y una voz que merece ser escuchada.
