Brandon Quispe, Javier Mamani y otros 17 campesinos de Apurímac, en la sierra sur de Perú, participan este martes en la primera sesión de un juicio en su contra. Desde 2018, la audiencia se ha suspendido ocho veces antes de iniciar. El caso de Quispe y Mamani, que fueron llevados ante la justicia después de protestar contra las operaciones de la mina Las Bambas hace cinco años, es uno de varios que preocupan al relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, en Perú. «Es un patrón recurrente de uso indebido del derecho penal por parte de instituciones estatales o a solicitud de terceros, y la criminalización de la protesta social», afirma Forst.
Cientos de campesinos protestaron en septiembre de 2015 contra la minera china MMG porque modificó el estudio de impacto ambiental sin informar ni consultar a los afectados por el proyecto. La Policía respondió con violencia y el saldo fue de cuatro ciudadanos muertos. El cambio consistía en la eliminación de la construcción de un ducto de traslado de mineral, que sería reemplazado por el transporte en camiones. Los reclamos se centraban en que la instalación dañaría tierras de cultivo y animales y en que la empresa estaba incumpliendo compromisos con las comunidades cercanas a la operación minera.
Quispe y Mamani sostienen que cuando ayudaban a trasladar a los heridos, la Policía les pidió documentos, los golpeó y los trasladó hacia el campamento minero. En un encuentro la semana pasada con Michel Forst, relator de Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, ambos denunciaron que agentes de seguridad de la empresa les sembraron armas. El juicio contra los defensores debió haber empezado a mediados de 2018, pero no fue posible por cambios o ausencias de fiscal y la falta de intérpretes de lengua quechua.
«Las comunidades indígenas, los campesinos, las personas defensoras del derecho a la tierra y del ambiente son los grupos de defensores y defensoras que corren mayor riesgo en Perú», ha concluido Forst, al terminar este lunes una visita de 13 días en el país sudamericano. El proyecto minero Las Bambas fue incluido en un reporte elaborado en 2018 por 21 organizaciones latinoamericanas sobre empresas chinas que violan derechos, en este caso, por afectar tierras campesinas y tierras comunales.
El experto francés describe que en Perú confluyen un uso indebido del sistema de justicia contra las personas que promueven o protegen los derechos de manera pacífica, y «una deficiencia sistémica en la reacción de las autoridades contra los grandes intereses económicos, a nivel regional y local». También le preocupa que en el Estado, en los medios de comunicación y en el sector privado califiquen a los defensores como «enemigos del Estado», «terroristas», o «antidesarrollo».
En una conferencia de prensa en Lima, Forst comentó que el gremio de los grandes empresarios peruanos, Confiep, le presentó un par de vídeos que se referían a los defensores medioambientales «como personas manipuladas por sus abogados y asesores, mostrados como delincuentes y terroristas». Para el especialista, en Perú no hay un entorno seguro ni propicio para los protectores de derechos, sean defensores del medio ambiente, activistas LGTB, promotores de la igualdad de género o periodistas.
Sistema de protección
Desde mayo, Perú es uno de nueve países en el mundo con un protocolo sobre protección de defensores de derechos humanos. Sin embargo, el Ministerio de Justicia aún está en la fase de diseño del registro de denuncias de riesgos y ataques previsto por ese mecanismo. La entidad espera tenerlo listo en un par de semanas.
En una entrevista con EL PAÍS, el relator especial de la ONU destacó que «ese registro será importante porque hay una grave falta de información en Perú, y el mero hecho de que no haya datos impide medir la situación de los defensores de derechos, por ejemplo: si el número de ataques se incrementa o no. ¿Cómo podemos analizar el impacto de las medidas tomadas por el Gobierno para disminuir o aumentar el número de ataques?», comenta.
«También hace falta información apropiada sobre impunidad o éxito en las investigaciones. Por ejemplo, ¿cuántos perpetradores de ataques a defensores han sido llevados a los tribunales? Hace falta saber cuántas compañías tienen un mecanismo para que los defensores en riesgo presenten sus quejas, si las empresas se investigarán a sí mismas o si la denuncia debe ser enviada a a la justicia», añadió.
La Defensoría del Pueblo del país sudamericano registra mensualmente unos 180 conflictos sociales. En diciembre, el 69% fueron socioambientales. De los 475 defensores que se reunieron con Forst en Lima, Piura (costa norte), Cusco (sierra sur), Madre de Dios y Ucayali (Amazonía) la mayoría lucha por la protección de recursos naturales.
«Me reuní con una gran cantidad de comunidades: desde pequeños agricultores, campesinos hasta pueblos indígenas. Surgieron muchos nombres de compañías, muchos incidentes con madereros ilegales y mineros ilegales que los amenazaron e hirieron. En un debate con Confiep y con empresas por separado, me explicaron que no todas las empresas están en el mismo nivel», agregó. Todas mencionaron que el manejo de bosques, la tala de madera, los agronegocios y megaproyectos son las áreas principales en las que las empresas están haciendo daño a los defensores».
¿Son comunes en otros países los convenios de servicios entre la Policía y las empresas privadas? Forst responde que sí, pero que está regulado. «En países donde la Policía —de turno, o no—, está empleada por compañías, me dijeron que no usan armas, solo varas. Pero hay un conflicto de interés porque no puede haber del lado del uso de la fuerza, a la vez, la defensa de un interés privado», responde.
«Cuando los defensores denuncian, tienen que hacerlo a las mismas personas empleadas por las compañías para proteger las instalaciones. Entonces, los defensores no se atreven a denunciar a alguien que protege un interés privado y los golpea o amenaza cuando se acercan a las instalaciones», remarca Forst.
Redacción: El País
