Corredor Minero del Sur: Gobierno declara un nuevo estado de emergencia

Con Decreto Supremo Nº 020-2020-PCM, y con fecha 08 de febrero, el Gobierno ha declarado en estado de emergencia una parte del Corredor Vial Minero Apurímac – Cusco – Arequipa. Según el DS la medida dudará 30 días calendarios, incluyendo los quinientos metros adyacentes a cada lado de la vía, en los tramos comprendidos por el distrito de Coporaque de la provincia de Espinar y por el distrito de Ccapacmarca de la provincia de Chumbivilcas, ambas provincias pertenecen a Cusco.

Cabe señalar que Urinsaya, que pertenece al distrito de Coporaque, y otras comunidades de Ccapacmarca, iniciaron medidas de lucha exigiendo la anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de los territorios del Corredor Minero Del Sur, sin informar y consultar previamente a las comunidades, que, en la actualidad, se ven afectadas por el transporte de más de 500 vehículos que trasladan concentrado de cobre y otros insumos.

Según detalla el documento, el Gobierno toma esta decisión, teniendo en cuenta el Informe N° 004-2020-VII
MACREPOL-SEC/OFIPLO, de la VII Macro Región Policial Cusco, en la que se informa supuestos delitos de los comuneros durante las protestas en contra de la actividad minera que afecta sus territorios.

El corredor vial minero tiene una extensión aproximada de 482.200 km., que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, Arequipa. El Estado de Emergencia incluye los quinientos metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención. Durante treinta días La Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas ‘mantendrán’ el control del orden interno.

Por esta vía son permanentes las manifestaciones de las poblaciones locales en contra de las empresas mineras como: ‘MMG Las Bambas’, HudBay, Glencore, Anabi, entre otras, exigiendo les otorgue un resarcimiento económico por el deterioro a sus viviendas, derrames, accidentes, enfermedades respiratorias y otras afectaciones causadas por el paso de camiones que transportan minerales o residuos tóxicos.

Esta nueva medida aplicada para Apurimac, Cusco y Arequipa de declarar estados de emergencia bajo la figura de “preventiva”, ya no es solo en territorios determinados, ahora se aplica a vías publicas interregionales, en la practica se militariza los espacios públicos de transito para garantizar la inversión minera, siendo contrario al respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia.

¿Qué implica un estado de emergencia?

Según lo que dicta nuestra Constitución, la declaratoria de un Estado de Emergencia deja abierta la posibilidad de suspender o restringir -todos o alguno- de los siguientes derechos:

*Libertad y seguridad personal: Las detenciones pueden ocurrir sin flagrancia o sin mandato judicial. Las acciones de habeas corpus en relación a personas detenidas serán declaradas improcedentes.

*Inviolabilidad de domicilio: Las PNP y/o Fuerzas Armadas pueden ingresar a cualquier domicilio sin mandato judicial o flagrancia.

*Libertad de Reunión: Se suspenden todo tipo de reuniones.

*Libertad de Tránsito: Se puede suspender la libertad de circular en ciertos lugares y/o en ciertos horarios (No es lo mismo que un ‘Toque de queda’)

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