Redacción DHSF
Se dio el primer paso. El poder judicial admite la demanda de amparo presentada por los líderes de las comunidades campesinas de Ccapacmarca, en la provincia de Chumbivilcas, buscando dejar sin efecto el Decreto Supremo del MTC que reclasificó sus caminos comunales como vías nacionales sin consulta previa.
Luego de varias protestas exigiendo el derecho legítimo de decidir sobre sus territorios, las comunidades de Sayhua, Ccapacmarca, Cancahuani, Huininquiri, Idiopa Ñaupa Japo y Tincurca Lacaya consiguieron que se aceptara su demanda, presentada en el 2019, donde exponen que se violan los derechos a la consulta previa, la propiedad, los recursos naturales en sus territorios, a la autodeterminación y la autonomía, entre otros.
El problema de fondo es que la reclasificación de las rutas contenida en el DS no fue consultada con las comunidades, ya que el objetivo era destinar su uso a la empresa minera MMG Las Bambas para que transportara productos minerales de las zonas de extracción en las que trabaja.
Sin embargo, no se informó sobre los impactos que se producirían sobre sus territorios, como lo ha reconocido la OEFA en un reciente informe, donde expone que al día transitan aproximadamente 300 camiones que afectan a la salud y al medio ambiente.
Cronología
En el 2016, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones emitió el D.S. N°011-2016 MTC que aprobó la “actualización del clasificador de rutas del sistema nacional de carreteras – SINAC”. En el 2018, el mismo MTC emitió el Decreto Ministerial N°372-2018-MTC/01.02, que “Reclasifica de mantera definitiva como ruta nacional, diversas rutas departamentales o regionales de la red vial de los departamentos de Apurímac y Cusco. En este contexto se iniciaron los reclamos de las comunidades de Ccapacmarca exigiendo la reversión de ambos decretos. Es allí que las comunidades deciden presentar la acción de amparo con el apoyo de IDL y DHSF en noviembre del 2019.
Debido a retrasos por la pandemia, la respuesta ante dicha demanda recién se dio el 15 de diciembre del presente año, es decir más de un año después. A este ritmo se espera que el proceso legal demoré un año más.
