La Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ElTI, por sus siglas en inglés) es una alianza estratégica internacional conformada por gobiernos, empresas extractivas y sociedad civil de 49 países para hacer transparentes las industrias que se sustentan en la extracción de nuestros recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.
Perú lleva 10 años dentro de esta iniciativa y en febrero del presente año será sede de la VII Conferencia Anual del EITI. Esta conferencia espera reunir a representantes de los gobiernos, las empresas y las redes de sociedad civil de todo el mundo involucrados en el EITI. El objetivo del evento es reafirmar el estándar EITI que exige que los países transparenten de manera desagregada todos los pagos de las empresas a los gobiernos y el uso que los gobiernos hacen de estos ingresos, debatir sobre las nuevas perspectivas del EITI y elegir a los nuevos representantes de los tres sectores al Consejo Global del EITI.
Hoy existe un nuevo contexto político y económico, de caída de la demanda de los precios y las inversiones, agudización de la falta de transparencia, efectos negativos producto de industrias extractivas sin adecuadas salvaguardas, vulneración de derechos y riesgos de mayor flexibilización socio-ambiental.
Ante ello, las organizaciones de la sociedad civil que han desarrollado puntos comunes, suscribimos el presente pronunciamiento manifestando que:
Las actividades extractivas se desarrollan sobre la base de la explotación de recursos naturales que son propiedad de la nación. Los gobernantes de turno tendrían que impedir la desaparición de tales recursos naturales y preservar su productividad, a fin de que puedan beneficiar no solo a las actuales generaciones de ciudadanos, sino también a las venideras.
Las actividades extractivas producen importantes ingresos para los Estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socio-ambientales. Sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos, y que tememos se pueden agudizar.
Estos impactos negativos pueden ser mucho peores ahora que se ha terminado el ciclo de alta demanda y precios por nuestros recursos naturales, pues nuestros gobiernos –en su afán por seguir atrayendo inversiones extractivas- están rebajando impuestos, debilitando los estándares, las normas y las instituciones ambientales, y recortando los derechos territoriales y de consulta previa de las poblaciones indígenas.
Los ciudadanos y las ciudadanas del Perú tenemos derecho a exigir la máxima transparencia y acceso a la información posibles en las industrias extractivas. Además, que estas se desarrollen en las zonas donde corresponda realizarlas según un previo ordenamiento territorial, respetando el medio ambiente, los derechos de las y los trabajadores, los derechos de los pueblos indígenas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales.
La iniciativa EITI es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza, hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social.
El EITI solo puede existir sobre la base de una participación autónoma y representativa de la sociedad civil, sin limitación de ningún tipo a su independencia y su capacidad de proponer nuevas iniciativas para enriquecer el proceso internacional y nacional.
Desde esta perspectiva, reconocemos el rol histórico que ha jugado la coalición Publiquen Lo Que Pagan (Publish What You Pay, PWYP) en fomentar a nivel internacional la movilización y la organización de la sociedad civil para reclamar la máxima transparencia en el sector extractivo. Reconocemos también el rol que ha jugado y está jugando en la actualidad la coalición PWYP en la selección imparcial de representantes de la sociedad civil al nuevo Consejo Directivo internacional del EITI.
Resaltamos también y manifestamos nuestro acuerdo con el impulso que PWYP y sus redes regionales –como la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas, RLIE– vienen dando a la ampliación de la agenda del EITI para incluir nuevos temas fiscales (como los precios de transferencia, la propiedad de las empresas intermediarias y los costos de producción), tanto como la información relativa a las dimensiones ambientales, laborales y sociales de las actividades extractivas.
La transparencia, el acceso a la información, una adecuada gestión ambiental, la participación ciudadana, el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la rendición de cuentas y los compromisos internacionales en materia de las industrias extractivas son fundamentales para que el desarrollo de actividades extractivas se haga sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo digno, la sostenibilidad ambiental y la vigencia del derecho de consulta y consentimiento de las poblaciones indígenas y locales en general.
Firmantes:
Alternativa – Centro de Investigación Social y Educación Popular
Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
Asociación Arariwa
Asociación Civil Centro de Cultura Popular Labor
Asociación Civil Universidad Coherente
Asociación Derechos Humanos Sin Fronteras
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Cáritas del Perú
Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
Centro Bartolomé de Las Casas (CBC)
Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales (CIMA)
Centro de Culturas Indígenas del Perú (CHIRAPAQ)
Centro de Educación, Organización y Promoción del Desarrollo (CEOP) Ilo
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)
Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)
Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO)
Centro de investigación y promoción del campesinado (CIPCA) Piura
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Cajamarca
Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS) Norte
Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)
Colegio Economistas Loreto
Comisión de Justicia Social de la Diócesis de Chimbote
Confederación Campesina del Perú (CCP)
Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
Confederación Nacional Agraria (CNA)
Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)
Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)
Consejo de la Prensa Peruana (CPP)
Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
CONVEAGRO – Convención Nacional del Agro Peruano
CooperAcción – Acción Solidaria para el Desarrollo
Cooperativa Norandino
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
DESCOSUR
Environmental Investigation Agency (EIA)
EarthRights International (ERI)
Federación Enfermedades Peruanas (FEPER)
Foro Ecológico del Perú
FOROSALUD – Foro de la Sociedad Civil en Salud
Fundación Ecuménica para el Desarrollo y La Paz (FEDEPAZ)
Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
Instituto del Bien Común (IBC)
IPSA – Instituto de Promoción Social Amazónica (La Voz de la Selva)
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP)
Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU)
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO-Loreto
OXFAM en Perú
Paz y Esperanza
Programa Laboral de Desarrollo (PLADES)
Red de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Cajamarca
RED MUQUI PERÚ
Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE)
Salud Preventiva Andina
Servicios en Comunicación Intercultural (Servindi)
Suma Ciudadana.
