Escribe: Yulissa Casana Muñoz, coordinadora del área de Comunicación, Incidencia y Género de Derechos Humanos Sin Fronteras.
Para no creer. A 30 años del autogolpe, Alberto Fujimori Fujimori muestra, una vez más, el poder corrupto que aún mantiene el fujimorismo dentro de algunos organismos del Estado. El Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de su liberación gracias al voto dirimente del juez Augusto Ferrero Costa y controvertidas posiciones de parte de otros dos tribunos.
Esta polémica decisión es inaceptable. Viola el derecho internacional para crímenes de lesa humanidad, expresado en convenios que el Perú suscribe, y sobre todo vulnera los derechos humanos de las víctimas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuales fue condenado el exdictador.
También existen otras víctimas de la dictadura. Tal es el caso de las esterilizaciones forzadas. Desde hace más de 25 años, miles de mujeres siguen en la búsqueda de verdad, justicia y reparaciones integrales, mientras que él, desde el 2009, permanece en una cárcel donde goza de privilegios.
Esterilizaciones forzadas
Durante la década del 90’, que coincide con el período del Conflicto Armado Interno 1980- 2000, época más violenta del Perú, el gobierno de Fujimori Fujimori captó a mujeres de zonas rurales y urbano populares a quienes con engaños, hostigamientos y coacciones se las esterilizó forzosamente. No se les brindó acceso a la más amplia gama de métodos anticonceptivos ni tampoco se les habló en su idioma materno.
El objetivo era reducir el ritmo de la tasa de crecimiento poblacional por medio de procedimientos quirúrgicos irreversibles a mujeres (314,605, según la comisión del Congreso que investigó en el 2000) y también a varones (22,004 aproximadamente) para reducir la pobreza. A los médicos se les impuso cuotas mensuales de personas a operar a cambio de incentivos y reconocimientos.
El Ministerio de Salud lideró el “Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (1996 – 2000), a través de los entonces ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último es actual congresista de la bancada Fuerza Popular y médico de cabecera de Alberto Fujimori.
Actualmente los tres son procesados por ser presuntos autores del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en el contexto de grave violación de derechos humanos en agravio de Mamérita Mestanza, Alejandra Aguirre y otras. En el caso del padre de Keiko Fujimori, el proceso penal en su contra se encuentra suspendido hasta que el Gobierno de Chile se pronuncie sobre la ampliación de su extradición por las esterilizaciones forzadas.
Esta política de esterilizaciones forzadas revela no solo un modo de dominación representado simbólicamente por el poder masculino y haciéndose extensivo al Estado, también una ideología y práctica discriminatoria y racista que se enfocaba en exterminar por medio del cuerpo de las mujeres a comunidades y pueblos indígenas excluidos históricamente. Existen informes de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Salud, así como cientos de testimonios que aportan a la construcción de la memoria histórica de lo ocurrido a partir del 5 de abril de 1992.
No a la impunidad
En la senda entre la memoria y el olvido colectivo, la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas se resiste a dejarse vencer por la impunidad. Su presidenta Inés Condori Anaya recibe con indignación la noticia del excarcelamiento a Alberto Fujimori. “Como están los fujimoristas (en el TC), por eso lo han favorecido. Tendremos que hacer algo. No lo vamos a permitir”, declaró con sorpresa por la noticia de la restitución del indulto otorgado a Fujimori en el 2017.
Al día siguiente la asociación emitió un pronunciamiento que en resumen califica el fallo como insulto: “No vamos a permitir que este fallo pisotee nuestra memoria y dignidad […] también somos víctimas de la política fujimorista”. Además, anunciaron movilizaciones e hicieron un llamado a las sobrevivientes y sus familiares a no callar.
Se desconoce el número exacto de mujeres fallecidas a causa de las esterilizaciones. Celia Ramos y Mamérita Mestanza son emblemas del régimen que las esterilizó sin su consentimiento, violando sus libertades y derechos reproductivos, y causándoles la muerte. La última información que se tiene es que en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 2016, hay más de 8,000 denuncias, entre hombres y mujeres.
A Inés Condori, por ejemplo, la intervinieron en el Hospital Regional de Cusco, en mayo de 1995, después de 7 meses de haber dado a luz en su casa en el distrito de Santo Tomás (Chumbivilcas). No recuerda cómo le pusieron la anestesia, al despertar se percató que tenía una incisión en el vientre. “Tenía 30 años cuando me ligaron. Yo nunca hablé con el doctor, no lo conozco, ni a las enfermeras”.
Indulto es insulto
El coordinador del Área Legal de Derechos Humanos Sin Fronteras, Helio Cruz, analiza lo sucedido dentro del TC. “Alberto Fujimori fue encontrado culpable como autor mediato por el delito de homicidio calificado – asesinato (25 victimas), lesiones graves (4 victimas), secuestro agravado (2 victimas), citando la sentencia del 7 de abril de 2009. Hay más sentencias y otros como el que se encuentran en juicio como el caso de esterilizaciones forzadas y Pativilca. Los crímenes sistemáticos organizados desde el aparato del Estado liderado por Fujimori constituyen una grave vulneración de derechos humanos y a nuestra débil democracia. Entonces, el mensaje del TC está centrado en emitir sentencias desde la dictadura de los 4 votos”, precisó.
El indulto del año 2017 por “razones humanitarias” dividió al país. Por eso ahora la coyuntura política y social también se complica por esta restitución. “A la fecha sabemos que las razones sobre el estado de salud no eran ciertas porque Fujimori debe ser uno de los presos más caros del Perú y quien recibe atención médica especializada y con posibilidad de atenderlo en una clínica. La salud no está en cuestión”, explica Cruz.
La CIDH preocupada
La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre la decisión del TC. Le ha dado un plazo de 1 semana al Estado peruano para que informe sobre las medidas provisionales en los casos de Barrios Altos y la Cantuta, que constituyó una sistemática violación de derechos humanos. Al respecto, Helio Cruz señaló que este organismo puede dejar sin efecto el indulto. El TC también deberá informar al respecto.
No cabe duda -continúa el abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras- que nuestro rol como parte de la sociedad es hacer control social a este tipo de decisiones tan degradantes para la democracia y la vigencia de los derechos humanos, la protesta, la libertad de opinión, la libertad de expresión, que deben ser los hilos conductores para cuestionar la sentencia del TC. “No se trata de la persona sino de la institucionalidad del Estado. Debemos hacer frente al autoritarismo que surge de los votos”.
El Tribunal Constitucional ha reabierto las puertas a la impunidad, por memoria y dignidad debemos cerrarla. No hacerlo es un retroceso para el Perú.
LEYENDAS
- El exdictador Alberto Fujimori Fujimori será liberado, pese a que no cumplió su condena ni pagó la reparación civil.
- La población en Cusco salió a protestar en rechazo al indulto de Fujimori.
- Las mujeres víctimas de las esterilizaciones forzadas cuestionan el fallo del TC.
