Corredor minero del sur: Un nuevo caso de criminalización de la protesta

El último 14 de agosto del 2019 la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Paruro, Espinar y Grau (FIDTA-CCHEPG), la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC) y la Federación Departamental De Campesinos Cusco (FDDC) anunciaron un paro indefinido y escalonado en contra de todas las empresas mineras que hacen uso del corredor minero del sur que atraviesa los territorios de Cusco y Apurímac. Ante este hecho, la Procuraduría ha decidido iniciar una investigación en contra de Victor Maita Frisancho, Presidente de la FARTAC, por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

La investigación preliminar, promovida por Luis Alberto Casaverde Reyna, Procurador Público Adjunto Especializado en asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, tendrá un plazo de 60 días calendarios. Además, según la cédula de notificación, la investigación terminará por definir a ‘los que resulten responsables’ por el presunto delito contra la seguridad pública.

Cabe señalar que no es la primera vez que Frisancho es denunciado, pues el pasado 17 de octubre, la Fiscalía formalizó una denuncia en su contra, acusándolo de ser responsable de los heridos durante las protestas en la provincia cusqueña de Paruro en contra de la empresa minera MMG Las Bambas. Entre las personas heridas se encuentra  una comunera que perdió la vista a causa del impacto de un perdigón.

‘Hemos protestado en contra de las empresas por defender nuestros recursos, nuestra agua, es totalmente contradictorio que seamos nosotros los denunciados, se continúa con la criminalización de la protesta social, a pesar que Paola Bustamente, Alta Comisionada de la PCM, aseguró que ya no existirán denuncias penales contra los dirigentes’ señaló el presidente de la FARTAC para Derechos Humanos sin Fronteras.

¿Y las demandas de las comunidades?

La plataforma de lucha de las comunidades originarias que habitan en el corredor minero del Sur siguen siendo vigentes: Implementación de consulta previa y consentimiento, la nulidad de la aprobación de la Modificatoria del Estudio del Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto minero Coroccohuayco, que será ejecutado por la transnacional Glencore, anulación del DS. N°017-2017-MTC, que reclasifica como Vía Nacional parte de sus territorios sin haberles consultado previamente, nulidad del Decreto de Urgencia Nº 026-2019 que promueve la expropiación de propiedades en el corredor minero del sur,  entre otras demandas.

Ante estas demandas, han surgido una serie de protestas en distritos y comunidades de las provincias cusqueñas de Espinar y Chumbivilcas, sin embargo el Estado no ha priorizado sus demandas, y por el contrario decidió declarar en estado de emergencia parte del corredor minero.

‘Junto con el Gobernador Regional y la sociedad civil organizada hemos apostado por un diálogo, pero de la noche a la mañana aprueba un decreto de urgencia en el que se señala la expropiación de las propiedades de los comuneros, es penoso que el Estado siga arrastrando el conflicto’. Sentenció Frisancho.

 

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