Juicio Oral contra ex alcalde de Espinar Óscar Mollohuanca y dirigentes del FUDIE se inicia el 1 de agosto en la ciudad de Ica

El ex alcalde de la provincia de Espinar Oscar Mollohuanca y ex dirigentes sociales del Frente Único de Defensa de los intereses de Espinar (FUDIE) vienen afrontando un proceso penal por participar en la movilización social de mayo del 2012 en Espinar, los delitos por los que han sido denunciados son: atentado contra la seguridad común, entorpecimiento de los servicios públicos y disturbios; por ello el primer Juzgado Unipersonal de Ica, ha notificado formalmente el inicio de juicio en contra de Oscar Mollohuanca, Herbert Huamán y Sergio Huamaní, resolviéndose que la  audiencia se realice este 1 de agosto a las 2:15 de la tarde en la Sala de Audiencia de Ica.

La defensa de los agraviados, que viene siendo llevada por la abogada del área legal de Derechos Humanos, solicitó el retorno de la competencia al Juzgado Unipersonal de Espinar, petición que fue concedida en primera instancia, y que luego fuera apelada, habiéndose publicado el pronunciamiento del órgano de segunda instancia mediante resolución de fecha 04 de mayo del 2016. En esta Resolución, el órgano de segunda instancia declara infundado el pedido de retorno de competencia de Ica a Espinar, sosteniendo que la Resolución Administrativa N° 096-2012-CE-PJ del 31 de mayo del 2012 por la que se traslada la competencia de Espinar a Ica es constitucional y legal por lo que resulta aplicable a este caso.

Sin embargo, el hecho de que el proceso penal entablado contra el ex Alcalde de Espinar y 2 dirigentes del FUDIE se desarrolle en Ica, representa dificultades y altos costos en tiempo y dinero para los procesados, quienes tendrán que seguir trasladándose conjuntamente que sus abogados para las diligencias que serán programadas en el desarrollo del proceso.

El Ministerio Público de Ica ha solicitado para cada uno de los dirigentes, 8 años de pena privativa de libertad por el delito de atentado contra la seguridad común, 7 años por el delito de entorpecimiento de los servicios públicos y 7 años por delito de disturbios, así como  la reparación civil de 100 mil nuevos soles,  250 días multa a razón de 30% de sus haberes diarios danto un total de 1875 nuevos soles e inhabilitación por 5 años a todo cargo público.

Derechos Humanos Sin Fronteras.