El informe “CONFLICTOS MINEROS EN AMÉRICA LATINA: EXTRACCIÓN, SAQUEO Y AGRESIÓN – Estado de situación en 2015”, es presentado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina – OCMAL; el mismo que busca contribuir en la construcción del balance general sobre la situación de la minería en la región durante el año 2015, desde la mirada de las mismas organizaciones que son parte y sostienen esta red, para ser de utilidad para las comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones y personas que se ven enfrentadas en conflictos socio ambientales con la minería y acontecimientos políticos en países de América Latina, como es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Uruguay.
A pesar de que la inversión minera a nivel global ha experimentado un constante decrecimiento en los últimos cuatro años, afectado principalmente por la baja en el valor de los metales, América Latina sigue ocupando el primer lugar como destino para invertir en minería a gran escala. Si en 2014, la inversión en la región abarcaba el 27%, durante el 2015, alcanzó el 28%, seguida por Norteamérica (Canadá y EE.UU), con un 22%, Australia y el Sudeste Asiático con un 17%, África con un 14%, y el resto del mundo, con un 19%.
El fuerte impacto y las consecuencias que ha ido dejando la expansión de la frontera extractiva de la minería en la región, vulnera cada vez con más intensidad los derechos colectivos de las comunidades en donde se instalan, por lo que la defensa de los territorios es un componente central bajo este contexto de opresión.
Actualmente América Latina concentra una “cantidad desproporcionada” de conflictos por las actividades mineras, según señala Cepal.
El año 2016 se inauguró con el reforzamiento de medidas que favorecen al sector minero por parte del nuevo gobierno nacional, entre las últimas, la quita de retenciones a las exportaciones mineras21 (Decreto del Ejecutivo nacional N° 349/2016), hecho que ha suscitado el repudio de las organizaciones que luchan contra la megaminería y, así como de sectores de la oposición (partidos de izquierda, CTA, entre otros). En este marco, las asambleas socioambientales señalan que las medidas tomadas por el nuevo gobierno desconocen las luchas ciudadanas que desde hace años protagonizan las comunidades y ratifican la necesidad de prohibir la megaminería y continuar con la movilización.
En Perú
Hay un tipo de conflictos que claramente se pueden calificar como de resistencia y rechazo a los proyectos mineros. En ellos predominan posiciones irreductibles, de oposición a los emprendimientos mineros, que son percibidos localmente como una amenaza a los territorios y que generan una marcada polarización y donde los procesos de diálogo no prosperan. Además, se producen por lo general intervenciones tardías de las autoridades y las relaciones entre los actores se interrumpen por plazos indeterminados. ¿Algunos ejemplos? Tambogrande, Cerro Quilish, Río Blanco, Santa Ana, Conga y Tía María, entre otros.
Vea el informe completo:
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Derechos Humanos Sin Fronteras.
