Pronunciamiento
Nos ratificamos en defender los derechos de los y las defensores y defensoras de derechos humanos del sur andino.
¡No más criminalización!, ¡Ratificación de Escazú ya!, ¡Implementación del mecanismo intersectorial para la protección de defensores y defensoras!
Los días 25 y 26 de mayo del 2022 las y los defensores de la macro región surandina nos reunimos en Cusco para continuar nuestro proceso de autoformación, así como para fortalecer nuestra articulación y organizarnos camino al Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras en Lima el 15 y 16 de junio.
La situación de los defensores y las defensoras ambientales en el sur andino es preocupante, debido a que nos encontramos criminalizados, estigmatizados y hostigados permanentemente por las instituciones del Estado, principalmente por el sistema de Justicia. Así mismo, los defensores y defensoras ambientales sufrimos la contaminación de nuestros territorios, incluyendo recursos indispensables como el agua, el aire y el suelo por parte de las actividades extractivas mineras. Contaminación que afecta también nuestra salud por la presencia de metales tóxicos en nuestros cuerpos, resultado del impacto de los megaproyectos extractivos en nuestros territorios.
En la mayoría de casos los defensores y defensoras nos encontramos indefensos ante la desidia del Estado y su frecuente parcialización a favor de las empresas extractivas. Este sin embargo no atiende su rol garante de derechos y criminaliza a las personas que luchamos por el reconocimiento de nuestro derecho fundamental a la vida, a la salud, a la identidad, a la relación con nuestros territorios y a un ambiente saludable y adecuado para la vida.
En esa línea, el principal acuerdo del II Taller de defensores y defensoras de la macro región surandina es participar en el Encuentro Nacional de Defensores el 15 y 16 de junio en Lima.
Algunas de las propuestas centrales que llevaremos a este espacio de encuentro, reflexión y movilización y que además hacemos públicas:
- A nivel internacional, seguir movilizándonos y generando alianzas para la ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República que debe servir como marco normativo que permita proteger a las y los defensores en todo el territorio nacional, incluido el sur, y que asegura los mecanismos de acceso a la información y la justicia para temas ambientales.
- A nivel nacional, construir desde las y los defensores una ley nacional de protección de defensores y defensoras ambientales y continuar con la incidencia que permita tener una normatividad favorable que reduzca los riesgos de las y los defensores, acelerando la respuesta del Estado.
- Sobre el mecanismo intersectorial, luchar por su implementación adecuada a nivel nacional,y aplicar sus protocolos y lineamientos en los distintos sectores del Ejecutivo, con presupuestos y personal que garantice su ejecución. Es fundamental que los diversos ministerios asuman este mecanismo, y en especial el Ministerio del Interior. Por lo que denunciamos cómo viene actuando este sector en los conflictos en los distintos territorios, como ocurrió en las últimas semanas en el caso de la minera Las Bambas en Apurímac.
- Trabajar un registro de defensores y defensoras a nivel nacional, porque es necesario saber cuántos/as somos y dónde estamos ejerciendo la defensa del territorio, el ambiente y la vida a nivel nacional, reconociéndonos y protegiéndonos.
- Necesitamos visibilizar también la importancia y el doble riesgo al que se ven expuestas las compañeras defensoras en los territorios y la importancia de asegurar mecanismos de protección específicos para ellas, que aseguren su derecho a la defensa de la vida digna en sus territorios.
- También acordamos seguir haciendo incidencia ante la Corte Suprema de Justicia sobre la necesidad de un acuerdo plenario. A fin que se aborde la criminalización a los defensores/as, que señale pautas en el marco del derecho a la protesta social, defensa del territorio y el medio ambiente y se evite la criminalización de defensores y defensoras. Para que dicha instancia también defina una línea de interpretación jurisprudencial correcta en pro de los derechos humanos. Contraria a las interpretaciones erradas que por ejemplo equiparan el derecho a la protesta al delito de disturbios, extorsión, entorpecimiento de los servicios públicos o secuestro, que son utilizadas para criminalizar la legítima protesta.
Para finalizar, queremos ratificar que como defensores y defensoras de la macrosur somos parte de la Campaña Nacional Permanente de Defensores y Defensoras, proceso que debe servir para unificar y articular la lucha de las y los defensores a nivel nacional. Para visibilizar nuestras demandas, fortalecer la defensa de la vida en nuestros territorios, y generar redes. Por lo cual, estaremos participando en el gran Encuentro Nacional este 15 y 16 de junio en la ciudad de Lima.
Cusco, 26 de mayo del 2022.
