Redacción DHSF
Tras 9 años de lucha, el caso de criminalización de los defensores/defensoras ambientales del distrito de Llusco, provincia de Chumbivilcas, llega mañana a la etapa final con la lectura de sentencia en segunda instancia por parte de los jueces de la Sala Mixta Descentralizada de Canchis.
Esta historia empezó el 5 de febrero de 2012, cuando se produjo el incendio del campamento minero de la empresa Anabi SAC en medio de protestas que fueron utilizadas como excusa para criminalizar sin prueba alguna a 10 líderes/lideresas sociales.
Hasta la fecha no se ha podido demostrar si los dirigentes procesados cometieron una serie de delitos como secuestro, violación de domicilio, robo agravado, daño agravado a la propiedad privada, entorpecimiento de medios de transporte, disturbios, entre otros.
Este caso de criminalización de la protesta social fue resuelto en primera instancia por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente con Sede en Cuzco – Colegiado B, el pasado 6 de enero del presente año, con la absolución de todos los imputados. Además, las deficiencias de la investigación y la actuación de las pruebas de cargo de juicio fueron cuestionadas severamente por el colegiado.
Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de la empresa minera Anabi SAC apelaron la sentencia. Las audiencias de apelación se realizaron el 12, 19 y 25 de enero de 2021, concluyendo mañana con la lectura de la sentencia.
Cabe mencionar que, por los atropellos constantes de la empresa minera Anabi SAC y por el completo abandono del Estado a la protección de derechos y la falta de atención de las necesidades de los pobladores, entre noviembre de 2011 y febrero de 2012, en ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, los pobladores de Llusco iniciaron una protesta pacífica exigiendo al Estado un diálogo para hacer llegar sus quejas y necesidades.
