ESTADO PERUANO DEBE INVESTIGAR Y REPARAR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DURANTE LA PROTESTA SOCIAL EN LA PROVINCIA DE ESPINAR EN CUSCO
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF) presentan el informe especial: VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE DEBEN INVESTIGARSE Y REPARARSE EN LA PROTESTA SOCIAL DE ESPINAR, CUSCO, PERÚ EN JULIO DEL 2020.
El informe recomienda acciones urgentes por parte del Estado entre ellas:
- Que en el contexto de pandemia por COVID -19, las restricciones a la protesta social deben implementarse bajo el principio de proporcionalidad. Las FF. AA no deberían intervenir en situaciones de protesta social.
- Es urgente que el Ministerio Publico inicie una investigación profunda con el objetivo de identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos documentadas en el informe. Conforme a la Directica 003-2018-MP-FN los afectados o afectadas deben ser repararos.
- El MINJUS debe adoptar medidas oportunas y eficaces como el Protocolo para la protección de defensores de derechos humanos y avanzar hacia la regulación del estándar de debida diligencia en el marco del Plan Nacional de Acción sobre empresas y derechos humanos.
- La empresa Antapacay – Glencore debe colaborar con la fiscalía, entregando las grabaciones de los hechos ocurridos en las inmediaciones de su campamento, reparar a las personas afectadas y abstenerse de brindar soporte logístico a la PNP y FF. AA
La empresa minera Antapaccay de la Suiza Glencore, obtuvo ingresos anuales por S/. 3 690 612 en el 2016, estos ingresos no se modificaron significativamente hasta el 2019. Durante el Estado de Emergencia decretado por la pandemia de COVID- 19, Glencore continúo operando con normalidad, pese a que se reportó oficialmente 48 trabajadores contagiados por Coronavirus. Mientras que el 95 % de la población de la provincia y la capital de distrito, no vive de forma directa e indirecta de la minería, paralizó sus actividades.
Sobre la pandemia, bono y conflicto, el informe enfatiza en la crisis social y económica causada por la pandemia en las familias de Espinar que llevó a los representantes a proponer y aprobar un bono solidario excepcional en el Comité de Gestión del Convenio Marco : “Sin embargo, la resistencia a desembolsar los fondos para el proyecto de bono de parte de la empresa minera Antapaccay generó que durante casi 60 días se viva una situación de tensión en Espinar, que no se llegó a resolver aun con los esfuerzos de las entidades del Estado”
Sobre la escalada de violencia en Espinar.
El 22 de julio fecha en que se reportó en el Poblado Tintaya Marquiri, graves vulneraciones a la vida e integridad de los manifestantes, el informe señala lo siguiente: “Los efectivos habrían disparado sus armas contra los manifestantes, pese a que no existe ninguna evidencia de que hayan tenido que enfrentar un riesgo grave e inminente para sus vidas, único supuesto que justificaría tal uso extremo de la fuerza. Aunque los voceros oficiales de la Policía niegan el uso de armas letales durante la protesta, un adulto y dos menores de edad fueron heridos de bala”
Vulneraciones a los derechos humanos por parte de la PNP
El informe reúne los siguientes hechos del 22 de julio:
- Un joven fue golpeado en Espinar por efectivos policiales, ocasionándoles graves daños físicos (espalda, cuello, hombro, rostro, manos)
- Seis personas fueron heridas por perdigones en el cuerpo.
- Tres de los heridos recibieron impactos por la espalda, lo que evidencia que los efectivos policiales violaron la prohibición de usar la fuerza contra personas que huyen.
- Dos ciudadanos fueron heridos por impacto de bomba lacrimógena.
“Estos hechos demuestran que la PNP continua con practicas prohibidas como la de disparar proyectiles contra el cuerpo de las personas pese a su elevado potencial lesivo”
Sobre los ataques a defensores de los derechos humanos.
El informe demuestra que las personas defensoras de derechos humanos que articulan reivindicaciones a favor de su comunidad, fueron criminalizadas durante el conflicto entre la población de Espinar y la empresa minera Xstrata Tintaya. El documento registra el ataque contra el periodista Vidal Merma, cuando ejercía su labor el 22 de julio en Espinar. Otro hecho preocupante es la intimidación contra la cirujana Gloria Cárdenas del hospital de Espinar, tras declarar en medios que tres manifestantes fueron heridos con armas letales por la PNP.
CONCLUSIONES
La PNP tiene responsabilidad frente a la violación de derechos humanos durante el conflicto, infringiendo violencia, tortura y tratos inhumanos o degradantes a los protestantes, así como la libertad de expresión. El Ministerio Publico actúa parcializado, mientras criminaliza a los defensores de derechos humanos, omite el uso arbitrario de la fuerza y hasta la fecha no ha iniciado de oficio las investigaciones por las violaciones de derechos humanos. La empresa Antapaccay /Glencore no ha cumplido con el deber de actuar con debida diligencia, de esta forma a contribuido a que se cometan en su ámbito de influencia vulneraciones a los derechos humanos.
El informe fue presentado al MINJUS, MININTER, ONU, Organismos internacionales y a la empresa Glencore, así como a diversos organismos del sistema interamericano de derechos humanos. El informe cuenta con testimonios de los afectados y un anexo de fotografías.
Enlace de descarga:
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