En primer lugar quiero destacar que la agenda legislativa y de control político del próximo Congreso de la República se sujeta a un período complementario del Congreso disuelto el 30 de setiembre del presente año, que tendría dos periodos legislativos¹ a culminar en julio del 2021, estos dos periodos permitirían realizar modificaciones constitucionales y reformas que la población requiere, en ello radicaría la importancia del rol que cumplan nuestros próximos padres de la patria, pero ¿Existen agendas que se deberían priorizar?
Firmeza y celeridad en la lucha contra la corrupción
La labor del próximo parlamento no puede estar desligada de la coyuntura política actual, a mi entender, no debe dejar rasgos ni precedentes que delimiten con la impunidad si de lucha contra la corrupción se trata, es por eso que una de las principales tareas inmediatas del próximo parlamento debería concentrarse en la elección integral de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional², quienes días atrás en un controvertido fallo con votos a favor de cuatro de sus integrantes determinaron la liberación de prisión preventiva de Keiko Fujimori, implicada en procesos de lavado de activos. Este hecho por la forma en que se ha determinado y las denuncias que vienen realizando los fiscales que llevan el caso, ameritaría otra tarea para el próximo parlamento, la presentación de acusaciones constitucionales³, investigación y aprobación contra Ernesto Blume, Carlos Ramos, Luis Sardón y Augusto Ferrero, quienes en su condición de funcionarios de alto nivel y miembros del TC están sujetos a juicio y antejuicio político.
A ello se suma los casos de corrupción dentro del Sistema de Justicia, las denuncias constitucionales que involucran al prófugo destituido juez Cesar Hinostroza y los ex miembros del desaparecido CNM, los fiscales supremos Pedro Chávarry, Rodríguez Montesa y Tomas Gálvez por pertenecer a la organización criminal los Cuellos Blancos del Puerto del Callao4. Pedro Chávarry también tendría que ser acusado por el caso del deslacrado; denuncias que fueron archivadas producto del férreo blindaje fujiaprista sujeto a su mayoría, en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales y Comisión Permanente del parlamento disuelto. Estas denuncias constitucionales deberían ser aprobadas debido a que son producto de la investigación de fiscales que muestran indicios razonables para ser tratados en el próximo Congreso de la República.
El Caso Lavajato que involucra a exmandatarios en casos de corrupción con la empresa Odebrecht ha tenido en el parlamento disuelto uno de sus principales obstructores en su investigación debido a que el Informe Bartra5 excluyó del caso a Alan García, Keiko Fujimori y aliados políticos. En la actualidad, las investigaciones y las declaraciones que vienen del vecino país de Brasil nos demuestran lo contrario. No estaría de más que el próximo parlamento revise dicho informe.
Quedo pendiente la modificación de algunos artículos que permita la Reforma del Sistema de Justicia, que garantice la implementación y funcionamiento de la Junta Nacional de Justicia6, leyes que permitan mayor control en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Y en relación a la representación política que involucra a autoridades o congresistas, la aprobación de la declaratoria de intereses y modificación o desaparición de la inmunidad parlamentaria.
Agenda legislativa para el crecimiento económico
Los últimos años y en la actualidad el país es sujeto de una recesión debido a la caída del crecimiento económico, responsabilidad administrativa principalmente del Poder Ejecutivo, ¿Qué implicancias tendría en la labor del Congreso de la República? La situación de conflictividad7 que han generado los proyectos extractivos debido a la contaminación del medio ambiente, los recursos naturales y su impacto en la economía, pone en cuestionamiento el modelo económico que se aplica en el país, a su vez plantea la necesidad de poner en debate la sujeción normativa de los grupos económicos que a través de la CONFIEP y la Sociedad Nacional de Minería ejercen en nuestra economía y legislación. Frente a ello, mas allá de la aprobación anual de la Ley de Presupuesto Público, el futuro parlamento tendrá la obligación de aprobar una Nueva Ley de Minería y una Nueva Ley de Hidrocarburos que garantice nuestra soberanía energética y una Ley de Competitividad que no vulnere derechos de los trabajadores.
A ello se suma la oportunidad de revisar el marco normativo que genera beneficios tributarios y exoneraciones a la gran minería o empresas transnacionales.
Quedó pendiente la reforma del Ministerio de Agricultura y el debate de la Ley de Cooperativas debido a su fecha de vencimiento.
Otras leyes de interés nacional
Para finalizar, no esta de más mencionar que existe una agenda pendiente que involucra a otros sectores como el de salud que requieren garantizar leyes que permitan el control y acceso de medicamentos para todos los peruanos, Ley de Medicamentos Genéricos, la Ley que fortalezca la atención a personas afectadas por metales tóxicos. El control en la reducción de la anemia y la reducción de brechas en torno al personal e infraestructura en materia de salud, y finalmente, el avance normativo para combatir la violencia contra las mujeres, aun no es suficiente, pues aún requiere de normas que permitan combatirla•
1. Reglamento del Congreso de la Republica.
2. Art. 201 de la Constitución Política del Perú.
3. Art. 89 del Reglamento del Congreso de la República.
4. Investigación Ministerio Público.
5. Informe Final Comisión Investigadora Multipartidaria del Congreso de la Republica, encargada de investigar presuntos sobornos, coimas y dadivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrech, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutierrez, Quieroz Galvao y otras.
6. Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Ley N° 30916.
7. Conflicto sobre el Proyecto Tia Maria y Las Bambas.
