Redacción DHSF
Las asociaciones de mujeres afectadas por esterilizaciones forzadas de las provincias de Anta, Canchis, Chumbivilcas y del distrito de Sicuani participaron de la reunión del Subgrupo de Justicia y Derechos Humanos, el cual forma parte de la Mesa Técnica de Diálogo para el Desarrollo del Departamento de Cusco.
En este espacio expusieron sus demandas con respecto al recojo de testimonio de las víctimas del caso penal 059-2019. Según señalaron, tiene problemas de comunicación con las y los abogados de Defensa Pública, por lo que las representantes solicitaron a la Dirección General de Derechos Humanos coordinar previamente con ellas el cronograma de toma de declaraciones y así puedan disponer de tiempo en esta época de cosecha y agenciarse de un celular moderno para las diligencias virtuales, situación que se les complica por la brecha digital y los problemas de conectividad en la zona rural.
Además, manifestaron que parte de las integrantes de sus asociaciones no saben quién es su abogado y desconocen en qué carpeta fiscal o expediente penal se encuentran.
Otro punto de la reunión fue el estado actual del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Las víctimas expresaron la necesidad del cumplimiento de los objetivos del REVIESFO como atención integral de salud del Ministerio de Salud y atención psicológica y acompañamiento social del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
El director distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Cusco, Robert Chávez Hurtado, informó que hay 7,913 y 1,734 personas inscritas en el REVIESFO a nivel nacional y en la región Cusco, respectivamente. Asimismo, brindó datos del número de patrocinios de Defensa Pública, sobre el soporte emocional coordinado con el Centro de Emergencia Mujer (CEM) en algunas zonas y la programación de inscripciones en este segundo semestre del año.
Por su parte, el director general de Derechos Humanos, Edgardo Rodríguez Gómez, planteó la importancia de incorporar las demandas de las víctimas del caso esterilizaciones forzadas en dicho subgrupo. Se comprometió a elaborar una propuesta normativa que atienda a las víctimas con reparaciones integrales.
Nuestra institución acompañó en esta reunión a la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas (AMAEEFFCH) y a la Asociación de Mujeres Víctimas de Violencia Múltiple y Esterilizaciones Forzadas de Sicuani.
La abogada Yudith Conto de DHSF hizo mención de la demanda de amparo interpuesta contra el MINJUSDH por la sociedad civil para lograr la implementación de una política de reparaciones integrales para las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas durante el régimen de Alberto Fujimori Fujimori. En tanto, Yulissa Casana, equipo de DHSF, informó sobre las dificultades de coordinación que tiene la AMAEEFFCH con Defensa Pública, de acuerdo a lo mencionado por las mismas asociadas.
Antes de finalizar, la asesora de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas, María Esther Mogollón, y la coordinadora de la AMAEEFFCH, Inés Condori Anaya, recordaron que el presidente Pedro Castillo se comprometió en campaña electoral a atender las demandas de las víctimas, hecho que a la fecha no ha cumplido.
A continuación, los acuerdos alcanzados en el Subgrupo de Justicia y Derechos Humanos:
- Agilizar el proceso de elaboración y consulta de la propuesta normativa, para ello, la Dirección General de Derechos Humanos compartirá con la mesa un proyecto antes del plazo de un mes.
- Celebrar reuniones presenciales en Cusco para la concreción del proyecto, pudiendo completarse con reuniones virtuales que involucren a organizaciones nacionales.
- La Dirección Distrital de Defensa Pública solicitará los directorios actualizados de los Tambos y de los CEM.
- El pedido de que se solicite a través de la Mesa Técnica de Diálogo que las representantes de las organizaciones sean recibidas por el presidente Pedro Castillo, se incluirá en el informe de la matriz.
- Se coordinará con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la elaboración de la propuesta ante los pedidos de las organizaciones de víctimas.
