Por Jaime Borda
Director DHSF
El 2018, sin duda alguna nos deja grandes revelaciones, cambios y hechos inesperados a nivel social y político en nuestro país, si bien el presidente Martín Vizcarra intenta emprender una lucha frontal contra la corrupción, por lo menos es el mensaje que escuchamos, esta no va cambiar sustancialmente en los diferentes sectores y estamentos del gobierno, el problema de la corrupcion es estructural, por tanto, requiere otras reformas sociales y políticas. Por ahora la ciudadanía percibe como positivo las acciones que vienen emprendiendo algunos sectores del Poder Judicial y el Ministerio Público contra expresidentes, exautoridades y excandidatos presidenciales. Esperamos que esto se mantenga así.
Sobre el aspecto económico, Vizcarra mantiene la continuidad del modelo económico en relación a la explotación de los recursos naturales en el país. El contexto de mejores precios de los minerales durante el 2017 originó condiciones favorables, especialmente, en las inversiones, exportaciones y tributación minera y que se prolongó hasta el primer semestre del 2018, sin embargo, ya se observa una desaceleración por la baja en el precio de los minerales. Está claro que el escenario económico no es el más auspicioso ya que el crecimiento de la economía peruana este año no pasará del 4 %.
En medio de este escenario este año se ha anunciado el relanzamiento de varios proyectos mineros: Quellaveco, Pampa de Pongo, la adquisición de Michiquillay, Tía María, y la ampliación de proyectos mineros como Cerro Verde, Antapaccay, entre otros, animados al parecer por el buen precio de los minerales en el mercado internacional, sobre todo del cobre. En el caso del corredor minero del sur andino proyectos mineros como Las Bambas, Antapaccay y Hudbay están haciendo ampliaciones y modificaciones de sus proyectos con la intención de acelerar su producción y sumar mayores ganancias.
Lo que está en cuestión en el corredor minero y lo que se viene
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo del mes de octubre los conflictos sociales han ido en aumento. En octubre del 2017 teniamos registrado 167 conflictos, y a octubre del 2018 tenemos 199 conflictos activos y latentes. La mayor cantidad de conflictos sociales estan ubicados en los departamentos de Áncash (30 casos), Puno (19 casos) y Cusco (16 casos). Se confirma la tendencia de que el 60 % de los conflictos son de competencia nacional y el 18 % de competencia regional. Y de los cuales el 60 % de estos son conflictos socio ambientales y el 65 %, en promedio, tiene que ver con temas de minería y de hidrocarburos. Apurimac, Cusco y Puno es donde mayor incidencia de conflictos se tiene, y de manera permanente, esto como es obvio no es casual, ya que en estos territorios existen grandes proyectos mineros, donde el gobierno central tiene débil presencia para intentar solucionar los problemas en favor de las poblaciones y/o comunidades afectadas.
En el caso concreto del denominado corredor minero en Apurímac y Cusco los proyectos de MMG Las Bambas, Constancia de Hudbay y Antapaccay de Glencore en Espinar, están pasando por modificaciones y/o ampliaciones, algunas de estas modificaciones solo se han realizado con Informes Técnicos Sustentarios (ITS), en la mayoría de estos casos la participación de la población es mínima, no existe información detallada sobre estos cambios e impactos a nivel ambiental, social, político y económico.
El proyecto Antapaccay, ampliación Tintaya e integración Coroccohuayco en Espinar es de especial atención, pues se encuentra en una tercera fase de ampliación, la actividad minera tiene más de 35 años en la zona, las afectaciones al agua, el medio ambiente y la salud de las personas son evidentes. El gobierno tiene conocimiento sobre estas afectaciones, pero no existe una respuesta efectiva. Todo ello, como es obvio exacerba los ánimos de los pobladores, para las comunidades del entorno minero mientras no se resuelva estos impactos no se puede hablar de una nueva ampliación minera.
Sobre el caso del proyecto Constancia de la Canadiense HudBay en Chumbivilcas, ya han realizado varias modificaciones al proyecto inicial, principalmente de ampliación, ahora se encuentran en la fase de exploración de un nuevo proyecto en el distrito de Livitaca, lamentablemente en este caso, el útimo 28 de noviembre se produjo un enfrentamiento entre dos comunidades (Uchucarcco y Q’ehuincha) dejando como saldo una persona muerta y más de 20 heridos. El tema en disputa son los terrenos y los beneficios económicos que buscan ambas comunidades de la actividad minera.
La respuesta del gobierno en estos casos a lo largo del año ha sido declarar en Estado de Emergencia permanente el corredor vial (500 KM) que va desde Cotabambas – Apurimac hasta Arequipa, restringiendo varios derechos. Así mismo, los casos de criminalización de la protesta se han mantenido, los lideres y exdirigentes del conflicto de mayo del 2012 de Espinar van a seguir afrontando su proceso judicial en Ica, ya que el caso volvió de nuevo a juicio oral, además, se inició el juicio oral del caso de Majes Siguas II de Espinar, del conflicto del 2010, aunque fueron absueltos en primera instancia, todavía tiene que ratificarse la sentencia en segunda instancia El último caso es el de los dirigentes denunciados por el conflicto de diciembre 2011- enero 2012 de Llusco- Anabi en Chumbivilcas, cuyo juicio se reiniciará en marzo del 2019. El patron en la mayoría de estos casos es el de estigmatizar por la vía judicial y pública a los líderes que defienden sus derechos y sus territorios.
Urge atender los casos mencionados desde el gobierno central, pero escuchando a las poblaciones afectadas, y no solo tomando la versión de la PNP y las empresas mineras, o emitiendo normas o decretos como los estados de emergencia, que lo único que hacen es agudizar el conflicto. El presidente Vizcarra tiene que pensar que la agenda post referendum no solo pasa por las reformas en el sistema judicial, si no atendiendo la agenda social, ambiental y económica, de lo contrario el 2019 estaremos asistiendo a un escenario de mayor conflictividad social.
Corredor minero que restringe derechos comunales
Durante el 2018 el corredor vial minero del sur fue declarado en Estado de Emergencia en ocho ocasiones, durante ese tiempo cientos de ciudadanos y ciudadanas estuvieron restringidos de sus derechos. Los Decretos Supremos (DS) emitidos durante el año precisaban que el “Estado de Emergencia en el Corredor Vial Apurímac – Cusco – Arequipa, estaba vigente en una extensión de 482.200 km de carretera, que abarca desde la Ruta Nacional PE-3S X, ubicada en el distrito de Progreso, provincia de Grau, departamento de Apurímac, hasta la Ruta Nacional PE-34 A, que culmina en el centro poblado menor Pillones, distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, incluyendo los quinientos (500) metros adyacentes a cada lado del Corredor Vial en mención”.
Según información publicada por Cooperaccion el corredor vial en Estado de Emergencia atraviesa 14 distritos pertenecientes a cinco provincias de los territorios departamentales de Apurímac, Cusco y Arequipa. En Apurímac recorre las provincias de Grau (distrito Progreso) y Cotabambas (distritos de Challhuahuacho y Haquira), en Cusco las provincias de Chumbivilcas (distritos de Quiñota, Llusco, Santo Tomas y Velille) y Espinar (distritos de Coporaque, Pallpata, Ocoruro y Condoroma), y en Arequipa la provincia de Caylloma (distritos de Callalli y San Antonio de Chuca). Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007), existen 215 centros poblados que albergan alrededor de 50 801 habitantes. De los 215 centros poblados en Estado de Emergencia, 10 son capitales distritales, de ellas siete se ubican en el departamento del Cusco (Condoroma, Ocoruro, Héctor Tejada, Coporaque, Vellile, Llusco y Quiñota) y tres en el departamento de Apurímac (Haquira, Challhuahuacho, Progreso). Por otro lado, dos son capitales de provincias del Cusco: Yauri-Espinar (Espinar) y Santo Tomás (Chumbivilcas).
Todo ello significa que más de 50000 personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, han tenido suspendidos sus derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio por varios meses en el 2018. Actualmente el Estado de emergencia se mantiene en el corredor vial minero en la zona de Colquemarca – Chumbivilcas en una extensión de 30 KM. Los estados de excepción son una última medida y en este caso su declaración no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política, por tanto, son inconstitucionales y contrarios al respeto de los DD.HH•
