NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Juez SMILLY BEDOYA del Juzgado Penal Unipersonal de Espinar, tras cuatro largas audiencias, el 10 de mayo del presente dará a conocer la sentencia de querella interpuesta por la compañía minera Antapaccay en contra del defensor ambiental y de derechos humanos Sergio Huamaní, por el presunto delito de difamación calumniosa agravada.
La empresa minera ha solicitado una pena privativa de la libertad efectiva de 3 años y 365 días multa, asimismo, la exorbitante suma de 230 mil soles como reparación civil, la cual es considerada por Huamaní como una estrategia que busca silenciarlo e intimidarlo.
Según Mar Pérez de la CNDH, la principal forma de agresión contra los defensores del medio ambiente en el Perú es la criminalización, y en los últimos años se ha registrado más de mil casos de criminalización y alrededor del 70% de estos corresponde a defensores del medio ambiente y líderes indígenas, que se manifiesta en denuncias, investigaciones fiscales y juicios.
Recordemos que el 28 de marzo del 2022, a través de la resolución de la Fiscalía de la Nación 439- 2022-MP-FIN fue publicado el protocolo “Actuación fiscal para la prevención e investigación de los delitos en agravio de personas defensoras de derechos humanos”, un punto importante mencionado en el protocolo es “el Principio de no criminalización de las
personas defensoras de derechos humanos”, al parecer la misma no fue valorada por las autoridades del sistema judicial.
El protocolo también señala que: “Los fiscales, en pleno ejercicio de su autonomía, realizarán un exhaustivo análisis ante denuncias en contra de personas defensoras de derechos humanos. Se deberá tomar especial atención si es que la denuncia en contra de las personas defensoras de derechos es realizada como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de protesta”.
Dentro de la lista de tipos de personas defensoras de derechos humanos, se menciona explícitamente en el documento a “personas defensoras del medio ambiente: personas, grupos y organizaciones que se esfuerzan, individual o colectivamente, y de manera pacífica en proteger y promover los derechos humanos relacionados con el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna”.
Creemos que si la Juez SMILLY BEDOYA emite una sentencia a favor de una compañía minera que factura millones al año como es Antapaccay, podría abrir una puerta peligrosa para intimidar y perseguir a defensores/as ambientales y de derechos humanos.
Redacción: Área de Comunicación de Derechos Humanos Sin Fronteras
