Redacción DHSF
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) interpuso una demanda de amparo contra los ministerios de Cultura, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El recurso fue presentado ante el Juzgado Constitucional de Turno de la Corte Superior de Lima, con el acompañamiento técnico jurídico de EarthRights International, por vulnerar y poner en riesgo los derechos a la vida, la integridad, la salud, la identidad étnica, la educación, a la igualdad, al derecho a la libre determinación y a la participación, como consecuencia de la falta de políticas y medidas adecuadas, oportunas y eficaces, con enfoque étnico cultural y de género en el marco de la pandemia del COVID-19.
La ONAMIAP tomó esta decisión debido a que a la fecha se han identificado oficialmente a más de 3,500 personas contagiadas y 255 muertes en 89 comunidades. De acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo, solo en la región Amazonas, cerca de 43, 000 indígenas awajún, quechua y wampís se encuentran en grave peligro por el coronavirus. Además, en los Andes es similar la vulnerabilidad de los pueblos y comunidades frente al COVID-19, la cual se agrava en esta época de bajas temperaturas por la presencia de heladas y friaje, según advierte esta organización.
Con esta demanda, la Onamiap también denuncia que en el país no existe la institucionalidad indígena dentro de la estructura del Estado. Esto, a pesar de que los pueblos indígenas representan el 25 % del total de la población peruana. Sin embargo, este grupo sigue siendo invisible en las estadísticas del Estado.
RESPUESTA DE LA ONAMIAP
La presidenta de la ONAMIAP, Melania Canales Poma, enfatizó que esta acción judicial presentada es una respuesta al Estado por no atender los pedidos de protección efectiva a favor de los pueblos indígenas ante la amenaza de propagación del coronavirus. “Esta demanda es por los reiterados pedidos que veníamos haciendo, pero el Estado no los ha tomado en cuenta; tampoco (tomó en cuenta) las recomendaciones que hizo la CNDDHH (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú)”, informó.
Al mismo tiempo, la lideresa subrayó que los subsidios económicos solicitados para las comunidades nativas y campesinas tampoco han sido atendidos, pese a tratarse de una pandemia. “Debe haber bonos para que (las comunidades) fortalezcan, por lo menos, sus actividades productivas, ya sea artesanía, agricultura, ganadería… Nos gustaría (que la acción de amparo) se resuelva ya, pero nosotros vamos a seguir hasta el final y si tenemos que ir a la Corte Interamericana (de Derechos Humanos), tendremos que ir”, sostuvo.
Canales también cuestionó al Estado por no incluir, de manera diferenciada, a las mujeres indígenas en las estadísticas. Por ejemplo, en los casos de violencia de género se desconoce el número de víctimas en las comunidades originarias. “Esta es una preocupación que tenemos y cuando hemos reclamado al Ministerio de Cultura, en mesa de partes señalan (que nuestros pedidos) van a los ministerios de Educación, Salud, Mujer. No hay una decisión (por parte del Estado)”, expresó.
Finalmente, la presidenta analizó las brechas de desigualdad que se han visibilizado en esta pandemia, y afecta en mayor proporción a las mujeres, quienes ahora tienen que asumir una sobrecarga familiar dentro del hogar. “Como mujeres, tenemos que asumir el cuidado de la familia, las mujeres tienen que dedicarse a cuidar a los enfermos, doble trabajo, doble responsabilidad. Cuando empezamos a hablar educación, las mujeres se convierten en apoyo de los niños, pero muchas veces vemos como mujeres, no estamos fortalecidas en capacidades”, concluyó Canales.
