15 de diciembre. Las y los afectados por metales tóxicos de las comunidades originarias de Espinar realizaron un plantón en los exteriores del Poder Judicial al enterarse que el Juez Elmer Ochoa Galloso dejaría el cargo para ir a trabajar a otra sede. Ochoa, hace casi tres años, aceptó la demanda constitucional de cumplimiento, donde se exige la aplicación de normas que permiten la atención integral ( salud, agua y situación ambiental) de manera inmediata a las personas afectadas por metales tóxicos. Este tipo de procesos requieren una sentencia rápida, sin embargo, los demandantes, siguen esperando desde mayo del 2015.
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‘Esta situación está difundida a nivel nacional e internacional, ya son tantos años que estamos en esta lucha, buscando justicia, las autoridades no se hacen nada por nuestra salud, no quieren hacerse responsables’, manifestó Melchora Surco, presidenta de la Asociación para la Defensa de Pacpacco Afectada por la Minería – Adepami
La manifestación atrajo la atención de los medios de comunicación locales, además se hicieron presentes algunos miembros de la PNP. Durante los enlaces periodísticos se pronunciaron dirigentes de organizaciones de afectados por metales tóxicos de Cerro de Pasco, Puno y Cajamarca. ‘Es lamentable que el Poder Judicial se parcialice con los grandes contaminadores, no es justo que no quieran atender a nuestros hermanos contaminados con metales tóxicos en su cuerpo, lamentablemente hay una desprotección total para las comunidades de Espinar’, declaró para Radio Solar, Felix Huasacca, representante del Frente de Defensa contra la contaminación del río Coata – Puno
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DATOS:
Un estudio realizado en 2010 por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud concluyó que casi todos los miembros de la comunidad a los que se realizaron análisis tenían plomo, cadmio, mercurio o arsénico en la sangre. Se sabe que la exposición prolongada a estos metales tóxicos provoca una diversidad de problemas de salud crónicos, entre ellos pérdida de memoria, infertilidad, pérdida de visión, diabetes, enfermedades hepáticas, fallo renal y cáncer.
Los estudios realizados por las autoridades peruanas concluyeron que varias comunidades enteras de Espinar han estado expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas, y que sus únicas fuentes de agua están contaminadas. Las mujeres que viven en estas comunidades de Espinar se quejaban de constantes jaquecas, dolores de estómago, diarrea, irritación de los ojos y problemas respiratorios y renales.
Son varios años, en que los afectados han visto vulnerado su derecho a la salud, por ello, están realizando muchas acciones para visibilizar su problemática y exigirle al gobierno que tome medidas rápidas y adecuadas. Para el 17 de enero, fecha en que la Jueza Provisional, revisará la demanda, realizarán un nuevo plantón en el frontis del PJ.
