Por Wilson Chilo L.
La resolución del SENACE da luz verde al proyecto Antapaccay sin consulta previa y sin medidas concretas para proteger a Huini Coroccohuayco y Pacopata, cuyas tierras serían absorbidas por el proyecto en un 94,85% y un 99,97%, respectivamente.
¿Se imagina que un día le dijeran que debe abandonar su casa, la tierra de sus ancestros, y que más del 90% de su comunidad dejará de existir para siempre? Esto no es una historia de ficción: es la realidad que hoy enfrentan las comunidades campesinas de Huini Coroccohuayco y Pacopata, en la provincia de Espinar, región del Cusco.
Foto: Observatorio de conflictos mineros en el Perú.
El pasado 20 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) emitió la Resolución Directoral N.° 00079-2026-SENACE-PE/DEAR, mediante la cual aprobó la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de la unidad minera Antapaccay–Tintaya e integración Coroccohuayco, operada por la Compañía Minera Antapaccay S.A de la transnacional Suiza Glencore.
Si bien la resolución del SENACE aclara que esta aprobación ambiental no autoriza el inicio inmediato de las obras ni otorga derechos automáticos sobre los terrenos superficiales, es innegable que representa el paso decisivo —y hasta ahora el más concreto— para la expansión del proyecto minero.
Esta decisión se tomó a pesar de la evidente afectación de los derechos a la consulta y consentimiento realizado por años por parte de las comunidades originarias de Espinar, quienes informaron que se dio luz verde al proyecto sin haber dado respuesta suficiente sobre los impactos ambientales del primer MEIA, y sin respuesta alguna frente al desplazamiento que ahora se les impone.
Como parte de los documentos oficiales, el Informe N° 00320-2026-SENACE-PE/DEAR-UFM del SENACE contiene la evaluación técnica del Segundo MEIA. En él se evidencian las implicancias del proyecto de ampliación minera sobre el territorio de comunidades campesinas: una afectación directa a sus derechos, su arraigo y su cultura. En especial sobre la comunidad de Huini Coroccohuayco y Pacopara que sus territorios serán sacrificados y que en el MEIA le llaman de manera eufemista como comunidades que recibirán impactos “muy altos”.
Desplazamiento forzado: cuando el territorio desaparece
El informe técnico oficial del SENACE revela datos alarmantes sobre la escala del impacto del proyecto en dos comunidades. Ante la dimensión del desplazamiento o reasentamiento involuntario previsto, los Términos de Referencia del Segundo MEIA Antapaccay incluyeron, dentro del Plan de Gestión Social, el denominado «Programa de Reubicación, Reasentamiento y Restitución de Medios de Vida y Tierras por Adquirir» (REVITA).
Las cifras hablan por sí solas: mientras la Comunidad Campesina de Huano Huano experimentará una reducción de su territorio del 2,64% (139,97 ha), el proyecto plantea la adquisición del 94,85% del territorio de Huini Coroccohuayco (514,17 ha) y del 99,97% de Pacopata (1.161,02 ha). En la práctica, dos comunidades enteras dejarían de existir, es decir, serán sacrificados a nombre del desarrollo.
El informe técnico del SENACE también señala que la Institución Educativa N.° 56430 de la comunidad de Pacopata —donde estudian niños y niñas de nivel inicial y primario— deberá ser reubicada. En total, siete (7) infraestructuras de uso colectivo tendrán que trasladarse: cinco (5) ubicadas en la CC Pacopata y dos (2) en la CC Huini Coroccohuayco.
Las áreas de praderas naturales y terrenos de cultivo afectados se reducirían en un estimado de 23,42% y 41,44%, respectivamente. El propio SENACE advertía que «esta disminución puede afectar directamente al uso actual del suelo con fines de actividades económicas tradicionales, con implicancias sobre el vínculo cultural con el territorio y la sostenibilidad de las prácticas comunales».
La identidad cultural de las comunidades, en riesgo
El reasentamiento involuntario no solo implica un traslado físico: quiebra y rompe el vínculo del pueblo originario con su territorio, la espiritualidad, sus costumbres propias, las relaciones comunitarias, las prácticas ancestrales y quiebra los vínculos comunitarios. Al fragmentar las comunidades, se destruyen las redes de parentesco, las estructuras de gobierno originarios y las prácticas ancestrales de reciprocidad como el ayni y la minka.
La desaparición de casi la totalidad de dos comunidades por parte del proyecto minero reduciría a márgenes insignificantes el territorio que estas poblaciones altoandinas necesitan para subsistir.
Ante esta situación, el SENACE solicitó una opinión técnica al Ministerio de Cultura. La respuesta confirma lo que las propias comunidades llevan años afirmando: la tierra es fundamental para su identidad cultural, y la pérdida de territorio erosionaría sus prácticas culturales, rituales y tradiciones, debilitando la identidad colectiva.
«La alta autoidentificación indígena (99,1% en Huano Huano, 98,9% en Pacopata y 96,6% en Huini Coroccohuayco) refleja la importancia de la tierra en su identidad. De ahí que la adquisición de tierras puede comprometer modos de vida, arraigo, cohesión comunitaria y transmisión de conocimientos», indica SENACE
Sin embargo, pese a la gravedad de lo señalado, la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Cultura —en su Informe N.° 000075-2025-DCP-DGPI-VMI-RPC/MC, emitido como opinión técnica sobre la Segunda MEIA— no formuló recomendaciones específicas sobre las medidas del programa REVITA. Es decir: el organismo competente en materia de pueblos indígenas evaluó los riesgos sobre sus derechos colectivos y no dispuso medidas concretas de protección para garantizar los derechos colectivos.
Los datos oficiales de la propia Segunda MEIA revelan la magnitud de la transformación ambiental que sufrirá la zona. La reconfiguración del tajo minero implica mover y almacenar más de mil millones de toneladas de desmonte de estas comunidades originarias.
El despojo y sacrificio del territorio y los efectos inminentes sobre la vida y la pervivencia de las comunidades originarias, sin consulta previa y sin mayor información sobre los impactos, se ha aprobado un segundo MEIA pensando en los intereses empresariales y no pensando en los derechos de los pueblos originarios.
