*Escribe Emilia Salazar – GREF Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas
Las esterilizaciones forzadas en el Perú constituyeron una grave violación a los derechos humanos de miles de mujeres. Fue un ataque generalizado sistemático del Estado contra más de 200 mil mujeres indígenas, andinas y amazónicas -en su mayoría analfabeta y en situación de pobreza; quienes fueron sometidas a operaciones quirúrgicas sin su consentimiento, violando su derecho al consentimiento previo, libre e informado. A pesar que han transcurrido más de 20 años de estos terribles sucesos las víctimas continúan padeciendo de múltiples afectaciones en sus vidas, secuelas en su salud y en la actualidad continúan luchando por justicia y reparación. En esa medida, el pasado 14 y 15 de marzo se realizó en Lima el II Encuentro Nacional de mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas.
El encuentro, que fue organizado por el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones forzadas – GREF, contó con la participación de más de 20 mujeres sobrevivientes de Iquitos, Pucallpa, Cajamarca, Piura, Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Huánuco y Lima que reafirmaron su lucha y compromiso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
Sus demandas se materializaron en un Manifiesto donde reafirmaron que fueron “miles las mujeres afectadas y víctimas de una política pública de gobierno de Fujimori perpetrándose un crimen de lesa humanidad mediante esterilización masiva y forzadas a sus cuerpos”.
Uno de sus principales pedidos giró en torno a la implementación de una política de reparaciones integrales cuyo proceso de construcción debe contar con la participación de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil y los ministerios competentes. En diciembre del 2016, el Estado peruano se comprometió en la reunión de seguimiento del Acuerdo de Solución Amistosa por el caso de Mamérita Mestanza a convocar a una mesa de trabajo para que se inicie la ejecución de una política de reparaciones integrales; sin embargo, a la fecha no hay avance alguno.
La reparación es un gesto y una acción que reconoce y reafirma la dignidad y el estatus de las personas, en este caso de las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. Todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación adecuada, efectiva y pronta. Este
derecho de las víctimas trae consigo el deber del Estado de reconocer y responder ante estas violaciones a los derechos humanos en los casos en los implique su responsabilidad.
Las exigencias de las mujeres del II Encuentro estuvieron dirigidas al actual gobierno y las autoridades de turno para establecer compromisos y lograr “atención médica especializada para su salud física y mental, así como difusión de cronograma de atención para las mujeres en cada una de sus comunidades”, “integración de víctimas a programas sociales del Ministerio de Inclusión”, “implementación de un programa productivo para la identificación de oportunidades para comercialización de productos elaborados por las mujeres registradas en el REVIESFO”, “contratación y capacitación del personal de los Centros de Emergencia Mujer para la atención psicológica y acompañamiento psicosocial de las víctimas tomando en cuenta sus circunstancias y condiciones particulares”, “cumplimiento de reparación integral en educación para Almanzor Salazar Mestanza, hijo de Mamérita Mestanza, y de la totalidad de hijas e hijos de víctimas”. Estos pedidos se encuentran dirigidos a las instituciones competentes: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Publaciones Vulnerables y el Ministerio de Educación.
Por otro lado, al Ministerio de Justicia –encargada del REVIESFO- exigieron: 1) Mesas de diálogo para iniciar la elaboración de la política integral de reparaciones para las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, 2) Activación y publicación de programación anual de campañas difusión a nivel nacional del REVIESFO y hacerlas llegar a cada una de las regiones a través de las autoridades locales, 3) Atención de las víctimas por parte de abogadas/os públicos independientemente si las mujeres cuentan con su historia clínica y 4) Mayor presupuesto público para el registro de mujeres víctimas deesterilizaciones forzada y la contratación de abogados/as de defensa pública que apoyen a mujeres a procesar su denuncia.
Las mujeres dejaron claro que no quieren dádivas ni asistencialismo, reclaman una política integral de reparaciones que comprenda múltiples programas para una atención especializada. Una política
integral que permita guiar el accionar a corto y mediano plazo del Estado y de la sociedad civil orientada a sanar las lesiones de las que fueron víctimas y prevenir que el pasado no se repetirá.
